Fuera de radar


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Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

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Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

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Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.

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Lealtad revolucionaria y pureza étnica

Por Antulio Rosales

Antes de las elecciones del 6 de diciembre decía que el voto indígena era la última frontera de la opinión pública venezolana. Era un dato aledaño, una discusión soterrada que pasaba por luchas simbólicas y materiales poco reconocidas.

Después de las elecciones, con la victoria opositora, el gobierno de Maduro decidió “reconocer” temporalmente los resultados, pero nunca aceptó su derrota. Emprendió desde entonces una campaña para anular a la Asamblea Nacional e impedir que la mayoría calificada opositora pudiera ejercer sus funciones cabalmente. El método predilecto fue poner en duda la legalidad de la elección por la vía de un tribunal express escogido por la saliente Asamblea, convirtiendo incluso a diputados perdedores en magistrados.

La Revolución Bolivariana logró en algún momento enarbolar un discurso de reconocimiento a los marginados, los pobres e ignorados históricamente por el poder. De allí que apropiara epítetos denigrantes de vieja data y los hiciera propios, para identificarse con los alpargatúos, los marginales, los pata en el suelo. Ya hace décadas Acción Democrática había hecho lo mismo, asumiéndose como el partido del pueblo, que hablaba por un ser genérico y popular, un “Juan Bimba” y, por ende, en nombre de todos. Con el tiempo, tanto a AD como a la nueva élite revolucionaria se le fue borrando la configuración popular de sus cuadros. De esa forma, hoy tenemos a un ex-ministro que no hace colas “por seguridad”. La inefable ministra de asuntos penitenciarios se llena la boca hablando en nombre de los pobres, pero ningún miembro del gabinete se pasea por la posibilidad de preguntarse dónde conseguir medicinas necesarias para sí mismos o sus seres queridos. Ellos no tienen como salario un estipendio para comprar alimentos, como el resto de los asalariados.

Ese tránsito entre el reconocimiento discursivo y la completa desconexión llevó a la Revolución a prescindir de la representación de todo un estado y un tercio de la población indígena del país, con tal de anular la mayoría calificada de la MUD. Ese exabrupto tampoco genera indignación nacional; ya fue trasgredida nuestra última frontera. Aquellos que hablan por los marginados de siempre, pueden dejar literalmente sin voz a los pueblos originarios de los que tanto dicen defender, propiciando uno de los más graves retrocesos al proceso constituyente de 1999. Es más, la élite gobernante sustenta su ofensiva sobre la base de argumentos racistas y contrarios al más básico principio democrático.

El mensaje es el siguiente: la población de Amazonas, y el circuito indígena sur del país es susceptible a la compra de votos, son electores manipulables, sujetos al intercambio de su voluntad por dinero. Ello invalida su ejercicio electoral; son ciudadanos infantilizados. Un gobierno que trata a su electorado como clientela y amenaza sin reparos con no construir más viviendas porque el pueblo no le votó, puede invalidar una elección por un alegato de compra de votos recabado con pruebas ilegales. El presidente se siente con la autoridad de tildar a un grupo de diputados electos como indígenas falsos, unos disfrazados. Se erige como un catalizador de la pureza étnica que pretende representar y sentencia que sólo “sus indios” son auténticos. Esa élite política es la que se preocupa por el racismo en Estados Unidos y Europa.

Está claro que el discurso de representación del pueblo pobre y marginado tenía sentido siempre y cuando se correspondía con lealtad. Ese pueblo raso es genérico, acrítico y chavista, de lo contrario no existe. La élite gobernante representa al pata en el suelo cuando éste le premia y cuando no lo hace, deja de ser digno de representación. Ello no se puede desvincular del hecho de que, en la actual crisis económica, el gobierno nacional tenga como único plan viable para aumentar sus ingresos el proyecto de extracción de recursos naturales más audaz desde la apertura petrolera. El “motor minero” se monta sobre territorios donde las poblaciones originarias tendrían intereses materiales y derechos consagrados en la Constitución. Ese motor arranca sin consulta alguna con la sociedad general, ni con las poblaciones que allí viven y sufrirán las consecuencias de la extracción. Esas poblaciones no tienen voz y su representación formal ha sido anulada.

Solo los leales serán auténticos

Solo los leales serán auténticos


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La empatía perdida: otra víctima de la polarización venezolana

Por Antulio Rosales

La empatía es un elemento fundamental para nuestra sobrevivencia. Es además un requisito para la vida pública y es quizás una base para los denominados Derechos Humanos. Reconocer que todos somos diferentes, pero iguales en nuestra condición humana es básico para convivir.

Desde hace tiempo en Venezuela hemos vivido una preocupante erosión de ese elemento. Tenemos un montón de paréntesis, notas al pie y excepciones que nos permiten justificar la violencia hacia quienes no piensan, lucen o viven como nosotros. Después de las protestas de 2014, hice seguimiento a algunas movilizaciones contra encarcelamientos fuera de la ley. Todos los casos me generaban una profunda empatía, pensaba que podía ser yo o un ser querido quien estuviera retenido sin debido proceso. Un caso, publicitado en redes sociales, trataba de una vendedora ambulante, una madre soltera y pobre que fue presa en una escaramuza en el Parque del Este. En su defensa, su madre llegó a decir que su familia había votado por el presidente Chávez, así como diciendo: “no hemos hecho nada malo”. En las mismas redes leí comentarios descarnados que decían ¡bien merecido! Pa’ que siga votando por chavistas. Hasta ahí había llegado la solidaridad de esos internautas. Hasta ahí había llegado la humanidad de esa señora.

En estos días de violencia pre-electoral hay tiroteos e incluso muertos que no merecen un pronunciamiento serio de las autoridades. Todos quienes han pasado años exigiéndole al otro “desmarcarse de la violencia”, bendicen con su silencio o con rápidas tesis resolutivas la acción criminal que busca atizar, precisamente, más violencia.

Hemos normalizado comportamientos detestables en cualquier circunstancia. La persecución que se desplegó durante los eventos de 2002 contra los dirigentes del chavismo, hoy la ejecutan ellos mismos con todo el poder que les abriga el control que tienen sobre las instituciones. En aquella época, algunas publicaciones radicales opositoras hacían uso de la libertad de expresión para llamar al pueblo a reconocer dirigentes, convidándoles a una suerte de linchamiento popular. Ahora existen publicaciones asombrosamente similares. Asimismo, hay programas de televisión transmitidos por los medios públicos, utilizando informantes de dudosa procedencia—los denominados patriotas cooperantes—y financiados con plata de todos dedicados al escarnio público. En última instancia, se mantiene la idea de que es válido desconocer la dignidad humana cuando se trata de ciertos personajes. Pero ello no solo ocurre con las figuras conocidas que algo de poder detentan, también en redes y espacios sociales hay quienes se sienten con el derecho de identificar individuos, pormenorizar su paradero y cuadro familiar para descalificar sus posiciones políticas. Ahí pierden su condición de progresistas y actúan como rancios autócratas.

La dirigencia política venezolana en todas sus vertientes tiene muchos retos por delante. Los principales reposan en lo económico, sin duda. Pero en el manejo de lo público les obliga a recuperar un sentido de empatía y respeto elemental que todos merecemos. Es la misma empatía y el respeto con el que deberán ser tratados ellos mismos, terminen siendo gobierno u oposición.

Empatía

Mira pa’ cá. Tomada de CaracasCaos


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La agenda LGBTI: un memo que no termina de llegar

Por Antulio Rosales

Cuando se instale la próxima Asamblea Nacional, Venezuela tendrá el récord tristemente célebre de haber contado con 10 años de un parlamento completamente dominado por una facción “revolucionaria” y no haber dado ni un paso para avanzar los derechos de la población que se identifica como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI).

Al contrario, en no pocas de sus plenarias, la homofobia fue usada como arma política para menospreciar al adversario. Un diputado, actual candidato a la reelección y comisionado presidencial para la reforma policial, dijo en un programa televisión que cualquier persona podía ser policía, menos un homosexual declarado. Tampoco un varón que use zarcillos o tenga tatuajes. Eso se lo dejó—con menosprecio evidente—a las universidades. Freddy Bernal en efecto hizo pública su adhesión a la doble moral que domina en la sociedad: ser gay está bien, pero escondido. Nadie reprendió al diputado, claro está.

Para estas elecciones, el partido de gobierno impidió que pre-candidatas transexuales y activistas homosexuales pudieran optar por un curul en diciembre. Se les negó el derecho a ser elegidas. El machismo revolucionario y el conservadurismo de iglesias evangélicas que tienen importante influencia en el PSUV tuvieron más peso que cualquier otra consideración, incluyendo el arrastre popular de las precandidaturas.

ACTIVISTAS PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN VENEZUELA

Manifestación en favor del Matrimonio Igualitario

Después de diversas manifestaciones y pronunciamientos públicos, los movimientos que buscan la legalización del matrimonio igualitario han sido recibidos por la Asamblea sin mayores éxitos. Hace unos años, el entonces presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, dijo con claridad que no encontrarían apoyo en la bancada revolucionaria y que les faltaba muchas batallas por luchar antes de ser escuchadas sus demandas Descaradamente, el presidente del Parlamento le dijo a un grupo de electores que seguirán en condición de ciudadanos de segunda y su partido político no hará nada al respecto. Por supuesto, les pidió sumarse a la lucha contra el capitalismo, única importante.

Hace unos meses Nicolás Maduro en un momento de concesiones discursivas de las que nos tiene acostumbrado su movimiento político, pidió “abrir la discusión” sobre el matrimonio igualitario y sobre el aborto. El memo no le llegó al presidente de la Asamblea Nacional.

En la actualidad, son pocas las candidaturas que han asumido el tema de manera abierta. En el circuito 2 de Miranda, tanto Delsa Solórzano como Erika Ortega parecen defender la idea. En todo caso, al instalarse la próxima legislatura, tendrá una deuda que saldar. Otros parlamentos en América Latina han demostrado con madurez que pueden satisfacer una demanda de derechos humanos elemental y que no hace falta pasar por más siglos de marginación para “crear conciencia” en sus sociedades pacatas. El último ejemplo fue la corte suprema colombiana que declaró admisible la adopción por parejas del mismo sexo.

Todos esos parlamentos y tribunales, han practicado el principio básico de separación Estado-iglesias y han avanzado en leyes que facilitan reconocer la humanidad común de su ciudadanía. Se trata de reconocer familias que existen hoy, padres y madres que no cuentan con todos los derechos necesarios para cuidar a las hijas e hijos que ya tienen. Hay quienes en el lecho de muerte tienen negada la posibilidad a estar acompañados por quienes han vivido a su lado por décadas y más aún, se les podría negar el derecho a tomar decisiones fundamentales que a parejas heterosexuales no se le cuestionaría. Es una deuda elemental y saldarla no es otra cosa que una responsabilidad para quienes resulten elegidos.


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Extractivismo y voto indígena: la última frontera

Por Antulio Rosales

El voto indígena en Venezuela representa la última frontera electoral del país. Es un asunto que no se discute, que poco se conoce y, francamente, que poco le interesa a la opinión pública mainstream y a ambos bandos políticos.

Sabemos que la elección del 6 de diciembre no será una elección nacional. Sabemos que será una elección donde 113 diputados se escogerán por circuitos donde quien gana “se lo lleva todo”, es decir, la curul. Y habrán 24 elecciones por lista que se escogerán de manera pseudo-proporcional. El sistema privilegia a las mayorías, porque el voto popular no necesariamente se corresponderá con la proporción de representantes que llegarán al Palacio Federal Legislativo. Más aún, la elección proporcional beneficiará a los dos grupos más votados porque solo tres entidades tienen verdaderas “listas” (con más de dos puestos en disputa), lo que asegura que en todos las otras 21 entidades los dos partidos más votados obtendrán una silla en el parlamento (a menos que el más votado duplique al siguiente, como ocurrió en Delta Amacuro en 2010). Esto elimina las terceras vías, como pasó en 2010 con el intento del PPT, que a pesar de obtener más de 20% de los votos en Lara, no pudo llevarse un curul proporcional.

En esta elección también se escogerán tres representantes por circuitos con población indígena. Esta es una innovación de la Constitución de 1999 que a sazón de reparar siglos de marginación y violencia, le otorgaba representación directa a los pueblos originarios para que elevaran sus intereses en la máxima institución de representación popular. Era un caso de esos en los que se casaba la idea de democracia participativa y la justicia social, con mecanismos de la tradicional democracia representativa.

El chavismo en su discurso redencionista se asume como el único capaz de representar los intereses de los pueblos indígenas. Con un par de anécdotas y repitiendo ana karina rote con virilidad anti-imperialista, Chávez se asumió también voz de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal política de justicia reparadora consagrada en la Constitución era las demarcaciones de sus territorios para asegurar un mínimo de respeto, coexistencia, y tal vez auto gestión, pero quedó en el papel. Un ministerio fue creado para administrar la repartición de misiones y asegurar la debida obediencia y cooptación.

A diferencia de los procesos paralelos de Ecuador y Bolivia, en Venezuela nunca hubo un intento de proclama plurinacional y multiétnica de la Revolución. Ésta siempre fue nacional, en singular, siempre fue bolivariana, hasta que se convirtió en socialista. Pero las naciones indígenas emprendieron luchas, en rigor asimétricas y con escasísimos recursos, por la demarcación y otras causas. Pero claro, esos territorios están atravesados por intereses de tenedores de tierra y prospectos mineros, lo que produce la evidente conjunción de poderes del exractivismo global, sea izquierdista o no. Decía Esteban Emilio Monsonyi “si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales, ya las demarcaciones estarían hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia, aun en medio de los problemas subsistentes”. El poder coercitivo del Estado en sociedad con intereses particulares han actuado como saben hacerlo frente a las demandas indígenas. En esa aplanadora cayó el cacique Sabino Romero, por mencionar el rostro menos invisible.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Y en este tema, el chavismo siempre se ha visto incómodo. Algunas menciones de justicia dispersas acá y allá recuerdan que también es una causa propia, pero el silencio y la impunidad institucional se imponen como muestra concreta del carácter neo-colonial de la Revolución. Recuerdo en marzo de 2013, se congregaron algunas docenas de personas frente a la fiscalía luego del asesinato de Sabino a exigir justicia. Algunos camaradas advertían que había que cuidar juntarse con aquellos que querían utilizar la causa en contra del gobierno. Se encontraban defensores de derechos humanos y activistas de la Revolución bajo el lente criminalizante del Ministerio Público. Una alianza era impensable. Los revolucionarios prestaban su solidaridad pero nunca podían poner en duda su lealtad.

Todavía hoy algunos analistas descuentan que los curules indígenas irán al chavismo. Ya en 2010 el circuito occidente fue a la oposición. La criminalización de las actividades económicas en la frontera pone en mayor nivel de vulnerabilidad y violencia la región occidental donde diversas etnias han sido empujadas al contrabando como forma de subsistencia. Cuesta pensar que esa silla volverá al chavismo. Ahora en la zona sur se desatan protestas cotidianas por los estragos de la minería ilegal que ocurren con la venia, la inoperancia o la complicidad estatal. Los estragos de esta “actividad” solo en Canaima son tan profundos que se estima pasarán 10 mil años para poder recuperar las condiciones previas. Si aquello no es una emergencia, digamos excepcional, no sé qué más puede serlo. Pese a la patente marginación y pobreza, el circuito oriente es quizás el más leal a la maquinaria electoral del PSUV.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Sea quien fuera mayoría en la Asamblea Nacional en 2016, tendrá que enfrentar las demandas de justicia de los pueblos indígenas, consagradas además en la Constitución, que mal que bien todos dicen defender. Demandas que pasan por la demarcación de sus territorios y, por ende, por enfrentar otros poderes, muchas veces armados, para asegurarlo. Por supuesto, no será fácil porque hacer eso implica mucho más que pelear con mafias de la Guardia Nacional o mineros armados ilegales. Implica trastocar el propio sentido común de la identidad venezolana: la idea de que para existir necesitamos explotar y comercializar a escala global cuanto mineral se halle por (mala)fortuna geológica en el subsuelo nacional. Es la última frontera simbólica de la disputa venezolana.


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El estado de nuestra excepción

Por Antulio Rosales

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.

Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera andina con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”

Según el decreto presidencial firmado hace unos días y leído en televisión nacional por el gobernador del estado Aragua (para quienes no conocen la geografía venezolana, Aragua no solo no es contiguo a la frontera sino que se encuentra a más de 700 kilómetros de la zona ‘excepcional’), se restringen los derechos de inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, libre tránsito, reunión y manifestación así como otras restricciones referidas las transacciones financieras. Varias de esas garantías han estado en entredicho desde que el gobierno nacional inició sus operativos de élite armados para pacificar territorios al margen de la ley. Vecinos, familiares y organizaciones civiles han denunciado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Durante estos operativos, ya se había arrojado un asombroso saldo de paramilitares y ‘colombianos’ indocumentados. El decreto vendría a normalizar estas prácticas en la frontera, zona tradicionalmente hostil al gobierno. Todo ello, anuncia el Jefe de Estado, será “hasta que la paz retorne a la frontera”.

En pocos días el gobierno ha elevado el tono del discurso, acentuando el ellos y nosotros con los vecinos. Criminaliza al inmigrante que hasta hace poco era bienvenido, ahora es tildado de paramilitar y contrabandista, principal responsable de la escasez y los estragos de la denominada guerra económica. De hecho, el gobierno responsabiliza a paramilitares—y colombianos—por el ataque armado a oficiales de la Fuerza Armada que animó el cierre de frontera así como el consecuente decreto. De ese ataque, aún no hay culpables conocidos, pero la tesis gubernamental se mantiene.

Rápidamente el estado de excepción se convirtió en la nueva gran batalla del gobierno revolucionario para convencer a la población de la necesidad de unidad detrás del diezmado líder. Con esta excepción, el gobierno pretende mostrar determinación y fuerza para tratar de enderezar el entuerto de la escasez. Fuerza y muros antes que cambiar el ritmo o imponer medidas que limiten los incentivos para el contrabando. Cualquier cosa antes de rectificar las políticas que nos trajeron a este punto. Primero se movilizan 2.500 efectivos a la frontera antes de que sepamos siquiera cual es el nivel de escasez o inflación que vive el país.

La excepción actual tiene como objetivo mantener nuestra ya alargada excepcionalidad. Busca recuperar fuerzas y animar el nacionalismo ante las próximas elecciones. Y si el objetivo no se logra, pues la excepción se podrá expandir, con tal de pacificar y liberar a todo el pueblo. Está latente la posibilidad de suspender las elecciones, porque claro, frente a una amenaza existencial ¿cómo se podrán celebrar elecciones?

En estos años, una de las razones más tangibles que nos puso en estado de excepción continuo es el vertiginoso ritmo electoral en el que nos encontrábamos. Cada año más o menos nos enfrentamos con discursos totalizantes en una batalla donde ganar o perder resulta un absoluto. Cada elección era un punto de no retorno. En los años electorales, la angustia se apodera del ambiente, al punto de que comenzamos a necesitarlas. Los años electorales se convirtieron en una nueva normalidad. Allí radica el estado actual de nuestra excepcionalidad, para preservarla es posible que el gobierno nacional decida echar por tierra la confrontación electoral y nos acerque a otras batallas.