Fuera de radar


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Cinco minutos de dignidad

Todos los bravucones anti-imperialistas sueñan con sus cinco minutos de dignidad. Esos en los mario-moreno-Cantinflasque puedan gritar que los derechos de una pobre nación libre y soberana se están vulnerando por “el dueño del circo”. En esos minutos dignos, también cuentan con la solidaridad de algunos Estados satélite que reciben por vía whatsapp las consignas a vociferar. En esos minutos de dignidad se denuncia al oprobioso senador republicano que amenaza a los “pequeños”, mientras el bravucón les saca la factura de los favores otorgados.

Descuento en la factura. Envíos históricos. Deudas perdonadas. Corruptelas alcahueteadas.

En esos minutos de dignidad, no importa que “ustedes tengan los votos”. Así como no importa que la Constitución le exija que con votos se resuelvan los desencuentros internos. Cuando hay dignidad, al bravucón de turno le basta con el Artículo 1. Todos los demás se pueden pisar e ignorar.

Cuando el bravucón tiene dignidad no puede aceptar intervención en asuntos internos. La dignidad, eso sí, le da derecho a responder sacándole los trapitos sucios a todos los demás, en orden ascendente. Para estos dignos, la soberanía no es otra cosa que soberbia. Suscriben acuerdos que luego llaman injerencia. Suscriben acuerdos que solo sirvan para defenderse y defender a sus amigos. Y serán traidores aquellos que demanden su cumplimiento. En televisión nacional dirán: ¡gravísimo crimen! En Tribunales ocultos dirán limítese la inmunidad de los representantes de la soberanía popular. Este es un asunto de Estado, un problema interno, que resolveremos nosotros, con nuestra dignidad.

Honores recibirá quien tuvo la oportunidad de defender la dignidad de la élite que gobierna y que inunda con su soberbia la soberanía de todos los demás. Indignos serán aquellos que exigen cumplimiento de la Constitución, de la auto-determinación, esa del Artículo 1 y que, señores dignos, se ejerce por medio del voto.

Antulio Rosales

 

 

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‘Rojo y Azul’ mi vacuna contra la desesperanza

Masaya está mirando

Anoche EL me pidió que le leyera ‘Rojo y Azul’ de Mireya Tabúas antes de dormir. Era una noche larga, después de un fin de semana de desvelos y corazones rotos. Claro que en principio ella no sabía de qué iba el despecho, ni tampoco lo sabía VM que es más grande y atenta al mundo de la política. Las hemos guarecido de tanta noticia incompresible y comportamiento indeseable. Después de todo ¿cómo se explica el absurdo? Trato de guarecer a mis niñas — parte de esa diáspora venezolana que crece y el Estado venezolano desprecia — como familiares y allegados que permanecen en el país protegen a sus críos de la desvergüenza en que se ha convertido la élite política venezolana.

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EL fue muy apropiada en su elección de lectura, porque como siempre, l@s niñ@s saben más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ‘Rojo y Azul’ es un…

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Golpista y cobarde

Por Antulio Rosales

En pocas horas ya se ha dicho bastante. Se les cayó la careta. Amaneció en dictadura. Se cerró la última ventana democrática que quedaba.

Con la displicencia que sienten los déspotas por la soberanía popular, el gobierno anuló el Referendo Revocatorio por la vía de tribunales inferiores. Los gobernadores acólitos, esos cuyo mandato fue extendido de manera espuria hace apenas unos días, fueron los encargados de liderar la jugada. En simultáneo, militarizan la autopista Caracas-La Guaira y prohíben la salida del país de unos cuantos líderes de la oposición.

El Presidente devenido dictador se fue antes de todo eso. Salió con la excusa de ir en tour relámpago (¡de cuatro días!) a seguir buscando el anhelado aumento de los precios del petróleo. Como si hubiera sido exitoso en esa empresa los últimos meses. Escogió irse ayer y cuando su avión estuviera cruzando el Atlántico, actuaron los poderes públicos coordinados y bajo órdenes centrales. Actúan con la indolencia que alguna vez tuvieron otros tiranos nacionales. Pero este tiene una característica especial: es un cobarde. Dejó preparado el terreno para truncar la participación popular y no asumió su parte. Lo asomó preguntando en asamblea coreografiada si los presentes estarían dispuestos a volver a perder una elección. La negativa efectiva se la dejó a otros, que actuaron escondidos en tuits y notas de prensa. La doctora Lucena no mostró su cara. Los gobernadores llevaron su demanda fraudulenta a 140 caracteres y Maduro campante se fue a Medio Oriente a buscar nuevos acuerdos dejando la estela militar entre Plaza Sucre y Maiquetía.

Este aventurero golpista decidió no asumir su responsabilidad, vaya forma de traicionar el legado.

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Derechos y reconocimiento: más allá del drama y el rechazo a los venezolanos en el exterior

Por Antulio Rosales

Varios meses atrás el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmitió una suerte de reportaje documental acerca de la reciente emigración venezolana. El reportaje puso de manifiesto un sinnúmero de prejuicios y el evidente desconocimiento que tiene el principal factor de poder mediático en Venezuela sobre la situación de los emigrados. Resultó ser una prueba del importante reto que implica para la sociedad venezolana reconocer a su propia diáspora y, más aún, para el Estado asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

La idea central del reportaje es reducir el fenómeno de la emigración a un “tipo de venezolanos” que, en esencia, no podría llamárseles como tal. De acuerdo con una psicóloga consultada, los que migran son—casi todos—“blanquitos”, rubios, de ojos claros descendientes de inmigrantes europeos. La caracterización de este grupo poblacional la hace sin presentar dato alguno más que su propia imaginación—gracias al vocablo “diría yo”—y asumiendo un evidente prejuicio étnico-racial cuyo correlato es la romantización de lo “auténtico” que por supuesto no tendría tez blanca y es esencialmente popular, bueno y, claro está, leal. En el punto cumbre del “análisis”, asume que estos emigrados nunca tuvieron arraigo alguno en la patria y por eso se van. Eso sí, como buenos apátridas, nunca se adaptan en sus destinos, sufren la crisis del capitalismo, extrañando la belleza única de la tierra de Bolívar.

El objetivo último es desconocerlos y asumirlos como foráneos aunque tengan cédula y pasaporte venezolano. Es la excusa para ignorarlos, pero además y más importante, para negarles sus derechos. El supuesto análisis es una fachada para validar los presupuestos que tiene el poder y que entra en sintonía con las narrativas polarizadas a las que nos tiene acostumbrado el país. La migración es otro de esos temas que se ve atrapado en esas narrativas totalizantes. Es un hoyo negro en la información oficial y también resulta un espacio de fijación fácil para eslóganes vacíos.

La oleada migratoria no existe para el gobierno. No hay datos oficiales que den cuenta de esta realidad, no hay esfuerzos reales por acercar esta población a las sedes de representación oficial del Estado. Algunos revolucionarios sí reconocen el éxodo pero tienden a banalizarlo y consideran a los emigrantes unos raspacupos crónicos que viven de la teta gubernamental y jamás han pasado trabajo como el pueblo mismo.

Al otro lado de la acera, este es uno de los puntos sentimentales más hondos. Se habla del drama migrante y el de los “padres huérfanos”. Los más románticos ven en los emigrados únicamente a meritócratas formados en grandes universidades: un caudal de talento desperdiciado. Éstos deberán volver cuando la “democracia retorne” y ocuparán los espacios que dejaron o de los cuales fueron expulsados.

Maiquetía

Borroso en Maiquetía

La realidad es más compleja. Cada vez más, quienes emigran vienen de orígenes muy diversos. También tienen nuevos destinos, no solo España, Estados Unidos y Panamá, sino también Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, México y muchos destinos más allá de América Latina. Ya no es extraño encontrarse con otros venezolanos atendiendo una cafetería en Toronto, gente vendiendo arepas en las calles de Santo Domingo y trabajadores informales en Quito. Y por supuesto, están muy lejos de ser esos “blanquitos pasteleros” que describía la psicóloga en aquel reportaje.

 

El Estado deberá alguna vez plantearse una agenda seria que logre tender puentes, pero sobre todo, reconocer derechos a ciudadanos que no están en el país. Para comenzar, hay que sacar cuentas, por muy dolorosas o incómodas que estas sean. En la actualidad, por ejemplo, los niños nacidos en Venezuela que cumplen 9 años fuera del país no tienen forma de renovar su pasaporte porque no tienen cédula. La expectativa es que los menores viajen con un documento de emergencia a Venezuela y hagan el trámite desde allá. El derecho a la identidad está siendo violentado de la forma más descarada a quienes son más vulnerables.

Los derechos económicos de quienes dejaron aportes en el seguro social deberán ser honrados. Además, los venezolanos están sub-registrados en las listas de los consulados y en el Consejo Nacional Electoral. Los pocos registrados solo pueden votar en elecciones nacionales, lo cual limita su participación política. No hay que explicar por qué nada de esto es casual. Si estos no son ciudadanos dignos de reconocimiento, mucho menos lo serán de influir en quien gobierna. En otros países, los expatriados tienen el derecho al sufragio como habitantes de su último domicilio en el país y, por ende, pueden escoger representantes al parlamento. Algunos, como Colombia y Ecuador, pueden incluso escoger representantes propios en el parlamento en circunscripciones extra-territoriales.

El principal reto que enfrenta Venezuela con sus ciudadanos dispersos por el mundo es el del reconocimiento. Para reconocerles, tendrá que saber quienes y cuántos son y asumirlos como ciudadanos, no como parásitos o traidores, sin importar qué los llevó a migrar, el color de su piel y si algo de amor sienten por la patria.


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La Asamblea y el Arco Minero del Orinoco

Por Antulio Rosales

El 14 de junio, la Asamblea Nacional rechazó el decreto ejecutivo aprobado por el gobierno nacional que permite la creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco. Aunque es una decisión trascendental, ha sido poco reseñada, quizás porque los reportes del caos focalizado que se vive diariamente o los sorpresivos encuentros de alto nivel se roban la atención.

El acuerdo de la AN “niega autorización” al ejecutivo nacional para constituir el AMO, por considerarlo violatorio de la Constitución y por amenazar las cuencas hídricas más importantes del país, así como la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona. El acuerdo rechaza el decreto con el “objetivo expreso de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, la paragua, las zonas protectoras, la cuenca del río Caroní, los Tepuyes (formaciones biogeográficas únicas en el mundo), el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Aéreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica”.

Ana Elisa Osorio en la AN

Ana Elisa Osorio en la AN

La plenaria contó con la participación de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del ambiente del gobierno de Chávez y propulsora, junto con otros líderes ambientalistas, movimientos indígenas y diversos grupos sociales de pronunciamientos y movilizaciones en contra del AMO. Estos pronunciamientos cuentan con numerosos apoyos dentro y fuera de Venezuela de movimientos sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la discusión venezolana sobre el extractivismo. Si bien los partidos asociados a la Mesa de la Unidad Democrática en general concuerdan con la tradicional agenda extractiva nacional—quizás bajo principios distintos a las que lleva a cabo el actual gobierno—los términos de este acuerdo coinciden con las demandas sociales de grupos ambientalistas y defensores de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. El texto hace referencia también a compromisos asumidos por la República en convenios internacionales en materia ambiental. Tal vez lo más importante del acuerdo es que la Asamblea está dando señales concretas de apertura a voces plurales que hacen vida en el país, incluso más allá de su tradicional zona de confort social y política. En sí mismo es un gesto trascendental después de años de diálogos de sordos en Venezuela.

Los representantes del PSUV denunciaron en el debate que se trataba de un mecanismo para detener cualquier avance del gobierno para enfrentar la crisis. Posiblemente esas sean las motivaciones de algunos impulsores de este acuerdo. Sin embargo, más allá de las motivaciones coyunturales, el acuerdo pone de manifiesto las contradicciones del gobierno nacional que dice defender la causa de los desvalidos mientras apuesta por la gran minería en alianza con inversionistas transnacionales para financiar los últimos respiros del socialismo rentista bolivariano.

El jefe de la bancada revolucionaria dijo además que rechazar el AMO implica favorecer la minería ilegal y el control irregular del territorio. Ese argumento responde a los conocidos chantajes del gobierno y busca criminalizar la protesta ciudadana. De acuerdo a esta lógica, la única forma de controlar la minería ilegal es creando un territorio de masiva extracción a cielo abierto bajo el control del Estado y en alianza con inversionistas extranjeros. Pero además, se haría prohibiendo cualquier protesta “particular” que contravenga el “interés general” de que el propio Estado delimita. Después de abandonar sus responsabilidades y competencias de control territorial dejándole la cuenca del Orinoco a grupos irregulares y armados—con complicidad de las propias fuerzas represivas del Estado—el gobierno culpa a quienes rechazan la mega minería de ser aliados funcionales de la mafia. Aunque pareciera, no es un chiste.


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Lealtad revolucionaria y pureza étnica

Por Antulio Rosales

Antes de las elecciones del 6 de diciembre decía que el voto indígena era la última frontera de la opinión pública venezolana. Era un dato aledaño, una discusión soterrada que pasaba por luchas simbólicas y materiales poco reconocidas.

Después de las elecciones, con la victoria opositora, el gobierno de Maduro decidió “reconocer” temporalmente los resultados, pero nunca aceptó su derrota. Emprendió desde entonces una campaña para anular a la Asamblea Nacional e impedir que la mayoría calificada opositora pudiera ejercer sus funciones cabalmente. El método predilecto fue poner en duda la legalidad de la elección por la vía de un tribunal express escogido por la saliente Asamblea, convirtiendo incluso a diputados perdedores en magistrados.

La Revolución Bolivariana logró en algún momento enarbolar un discurso de reconocimiento a los marginados, los pobres e ignorados históricamente por el poder. De allí que apropiara epítetos denigrantes de vieja data y los hiciera propios, para identificarse con los alpargatúos, los marginales, los pata en el suelo. Ya hace décadas Acción Democrática había hecho lo mismo, asumiéndose como el partido del pueblo, que hablaba por un ser genérico y popular, un “Juan Bimba” y, por ende, en nombre de todos. Con el tiempo, tanto a AD como a la nueva élite revolucionaria se le fue borrando la configuración popular de sus cuadros. De esa forma, hoy tenemos a un ex-ministro que no hace colas “por seguridad”. La inefable ministra de asuntos penitenciarios se llena la boca hablando en nombre de los pobres, pero ningún miembro del gabinete se pasea por la posibilidad de preguntarse dónde conseguir medicinas necesarias para sí mismos o sus seres queridos. Ellos no tienen como salario un estipendio para comprar alimentos, como el resto de los asalariados.

Ese tránsito entre el reconocimiento discursivo y la completa desconexión llevó a la Revolución a prescindir de la representación de todo un estado y un tercio de la población indígena del país, con tal de anular la mayoría calificada de la MUD. Ese exabrupto tampoco genera indignación nacional; ya fue trasgredida nuestra última frontera. Aquellos que hablan por los marginados de siempre, pueden dejar literalmente sin voz a los pueblos originarios de los que tanto dicen defender, propiciando uno de los más graves retrocesos al proceso constituyente de 1999. Es más, la élite gobernante sustenta su ofensiva sobre la base de argumentos racistas y contrarios al más básico principio democrático.

El mensaje es el siguiente: la población de Amazonas, y el circuito indígena sur del país es susceptible a la compra de votos, son electores manipulables, sujetos al intercambio de su voluntad por dinero. Ello invalida su ejercicio electoral; son ciudadanos infantilizados. Un gobierno que trata a su electorado como clientela y amenaza sin reparos con no construir más viviendas porque el pueblo no le votó, puede invalidar una elección por un alegato de compra de votos recabado con pruebas ilegales. El presidente se siente con la autoridad de tildar a un grupo de diputados electos como indígenas falsos, unos disfrazados. Se erige como un catalizador de la pureza étnica que pretende representar y sentencia que sólo “sus indios” son auténticos. Esa élite política es la que se preocupa por el racismo en Estados Unidos y Europa.

Está claro que el discurso de representación del pueblo pobre y marginado tenía sentido siempre y cuando se correspondía con lealtad. Ese pueblo raso es genérico, acrítico y chavista, de lo contrario no existe. La élite gobernante representa al pata en el suelo cuando éste le premia y cuando no lo hace, deja de ser digno de representación. Ello no se puede desvincular del hecho de que, en la actual crisis económica, el gobierno nacional tenga como único plan viable para aumentar sus ingresos el proyecto de extracción de recursos naturales más audaz desde la apertura petrolera. El “motor minero” se monta sobre territorios donde las poblaciones originarias tendrían intereses materiales y derechos consagrados en la Constitución. Ese motor arranca sin consulta alguna con la sociedad general, ni con las poblaciones que allí viven y sufrirán las consecuencias de la extracción. Esas poblaciones no tienen voz y su representación formal ha sido anulada.

Solo los leales serán auténticos

Solo los leales serán auténticos


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Financiar la bancarrota: minería, extracción y dependencia

Por Antulio Rosales

El gobierno bolivariano tomó nota del agotamiento del rentismo. Se propone ahora transitar a un modelo que llama “socialismo productivo”. A la inflación galopante y altísima escasez se suma el hecho de que las reservas internacionales se agotan y se aproxima el vencimiento de diversos compromisos de deuda que complican los prospectos de importar bienes necesarios. En ese contexto, el gobierno ha dicho que se rehúsa a acudir a cualquier organismo financiero internacional que, claro está, impondría medidas de ajuste a cambio de préstamos que faciliten al país un mínimo de respiro. No acudir al FMI es un punto de honor.

En cambio, el gobierno buscó otra ruta. Los más recientes pagos de deuda extranjera se lograron gracias que el BCV vendió varias toneladas de oro monetario. Las reservas cayeron a un histórico nivel de poco más de 13 mil millones de dólares. Para ilustrar la miseria de las bóvedas de Carmelitas, basta decir que en 2015, año en el que las importaciones bajaron drásticamente, Venezuela gastó por ese concepto unos 50 mil millones de dólares. Hoy el país no cuenta ni con el equivalente a tres meses de importaciones.

Frente a esta situación, el gobierno incentiva por un lado la agricultura urbana para que el pueblo se autoabastezca de cebollín y otras hortalizas, pero por otro, lleva a cabo una campaña de masiva expansión de la frontera extractiva. Esa fue la fórmula que encontró para subsistir en el año más crítico de su historia reciente sin recurrir al FMI: empeñar las joyas de la familia y rasgar las minas de Guayana hasta sacar la última tonelada de oro que le permita pagar las deudas.

La minería a cielo abierto, que hasta ahora parecía una actividad relegada al territorio de lo ingobernado y, por ende, dejado a grupos irregulares en connivencia de la Guardia Nacional, comienza a ser motor nacional de “desarrollo”. El modelo que escogió el gobierno fue invitar a inversionistas que hace poco tiempo había expulsado por razones de interés nacional. Esos mismos inversionistas habían denunciado al Estado ante el imperial tribunal del CIADI. Paradójicamente, el fallo del CIADI se pagará con los dividendos que produzcan las nuevas inversiones. Además, los socios le prestarán al Estado los recursos que éste necesita para poder cumplir con el requisito legal de ser accionista mayoritario.

El gobierno justifica su negativa a recurrir a los organismos internacionales por razones de soberanía y dice que jamás retornará al modelo neoliberal. Sin embargo, envía una comitiva ministerial a China, su principal prestamista en la actualidad, para “explicar” las medidas económicas que ha tomado y convencer a sus socios de seguir fortaleciendo la relación. Así, el gabinete invitó a los empresarios chinos a expandir su cartera de inversiones del crudo al arco minero del Orinoco, ofreciéndoles posibles reservorios naturales de coltán, diamantes y oro.

En ese modelo no hay visión productiva alguna, representa en realidad la profundización de la dependencia en la suerte del subsuelo. Es la vieja extracción como mecanismo de generación de ingresos que nada tienen que ver con la capacidad productiva del país. El plan del gobierno tiene costos ambientales y sociales difíciles de calcular y asume una posición de vulnerabilidad frente a una potencia internacional emergente que le deja muy poco espacio de maniobra. El Estado psuvista admite que hay territorios dignos de explotación y colonización, de la mano de aliados internacionales, para seguir financiando un modelo que reconoce está en bancarrota.

El dorado venezolano

En buscando El Dorado