Fuera de radar


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Deuda a tres años: el legado del presidente obrero

Por Antulio Rosales

Lo que viene es una historia personal. Un recuento con datos y sensaciones que, como todo recuento, tendrá sus imprecisiones. Tampoco es un drama migratorio de penurias profundas, no me victimizo, pero sí vale la pena contarla para sacar algunas cuentas sobre las tremendas distorsiones entre discurso y práctica que se pueden vivir en la Venezuela bolivariana y que se materializan en las formas de manejo económico que ya cuesta saber a quiénes benefician.

Hace tres años renuncié a mi cargo en la Cancillería venezolana. Trabajé ahí 7 años. Todo ese tiempo fui investigador de la Academia Diplomática. Fui un trabajador administrativo profesional en el rango más bajo del escalafón, donde comienzan todos los recién graduados universitarios. En mi caso, el escalafón me identificaba como Técnico Superior, ni siquiera como Licenciado, como era mi circunstancia. Así permanecí todo el tiempo. Aunque las leyes tanto del servicio exterior como de la administración pública obligan evaluaciones y reclasificaciones periódicas, en mi caso, como en los de todos quienes trabajaban conmigo en ese ministerio, las primeras ocurrían sin las segundas. En todo ese tiempo tuve evaluaciones sobresalientes. Nunca pasé a otro rango del escalafón.

Mi caso no era el peor. Habían dos cohortes de la carrera diplomática que habían entrado durante la gestión de Alí Rodríguez Araque y justo antes, que incluso hicieron un concurso de oposición bajo nuevos parámetros “bolivarianos”, y que pese a ello por casi 10 años no fueron ratificados en sus cargos. Estaban en un limbo porque la gestión de Nicolás Maduro los consideraba demasiado cercanos a la vieja meritocracia. Aún así muchos de ellos ocupaban espacios de considerable importancia. Estaban atrapados en el sótano del escalafón y no podían moverse. Nueve años más tarde, cuando Elías Jaua los ratifica sin siquiera reclasificarlos, habían algunas voces carentes de todo sentido crítico o privadas de amor propio que ¡agradecieron el gesto del Canciller!

Comencé mi trabajo con un salario de alrededor de un millón doscientos mil bolívares de 2005, además de los beneficios correspondientes a aguinaldos, seguro médico y otros correspondientes por ley. En ese momento, mi sueldo duplicaba el salario mínimo. El salario mínimo aumentaba y con él, mi salario. Hasta que dejó de ocurrir. Cuando renuncié en 2012, mi salario en bruto era de poco más de 4 mil bolívares. El neto, después de deducciones, era de poco menos de 3 mil bolívares. Ya en ese momento, no alcanzaba para mucho. Siempre se deducía de mi sueldo el pago al Seguro Social, por ejemplo, que desde 2007 más o menos aparecía insolvente por el Ministerio. Es decir, yo pagaba, pero el dinero no llegaba al IVSS. La caja de ahorros de los trabajadores estaba descapitalizada. Se usaba para pagar deudas, de tarjetas de crédito y emergencias diversas frente al aumento del costo de la vida.

Tomé precauciones y renuncié a la caja antes de renunciar al cargo, me llevé los pocos “ahorros” que ahí quedaban. También retiré todo lo que estaba disponible en el fideicomiso de mis prestaciones sociales. Sabía que la inflación se los comería si los dejaba en el Banco de Venezuela. Ese dinero, calculado a tasa CADIVI o SITME de la época sumaba unos 2 mil dólares estadounidenses. Nunca los pude sacar. Se fueron en pagos diversos, nimiedades aquí y allá, se los llevó la inflación. Nunca fue aprobada mi solicitud de SITME ni la de CADIVI de estudiante.

El presidente trabajador

El presidente trabajador

Ya se había aprobado la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, de la que Nicolás Maduro fue un importante propulsor, así que mis prestaciones sociales debían ser re-calculadas al momento de salir bajo mi nuevo salario. Esta medida buscaba proteger a los trabajadores de los estragos inflacionarios a lo largo de la vida laboral. La deuda que tenía mi ahora ex-patrono conmigo la calculo en 76 mil bolívares. Para ese momento, era unos 12 mil dólares estadounidenses bajo la tasa SITME-CADIVI de la época. Habría servido para ayudar en el aterrizaje mío y de mi familia en un nuevo país. La tasa de cambio del mercado paralelo era, para el momento de mi partida poco más de 8 bolívares por dólar, es decir, con mis prestaciones sociales habría podido adquirir unos 9 mil dólares en el mercado ilegal. Con 76 mil bolívares en 2012 dentro de Venezuela quizás hubiera podido adquirir un viejo vehículo usado, o cinco televisores grandotes pantalla plana, para usar terminología DAKA del buen vivir. En síntesis, para algo servía ese dinero.

Desde 2012 hasta hoy la inflación acumulada es de 145%, sin contar el año 2015 porque es un dato que el Banco Central considera imprudente dar a conocer (pasados ya cuatro meses del año). El bolívar se ha devaluado varias veces tanto en el mercado paralelo como en las múltiples y complicadas paridades legales. Hoy, ningún ciudadano podría obtener dólares por la tasa de cambio oficial del país. Parece un chiste, pero no lo es. La tasa oficial por la que se rige la moneda en el mundo y en las cuentas nacionales no existe para nadie, excepto para algunos importadores fantasmas, unos desconocidos que importan bienes de “primera necesidad” y para el propio gobierno cuando hace compras en el exterior y paga a sus funcionarios fuera. Existe también para calcular el salario más alto de América Latina, claro está. De resto, la paridad cambiaria es unas 31 veces más costosa, si la calculamos a precio SIMADI. Bajo ese cálculo, mis prestaciones sociales son hoy 400 dólares. De 12 o 9 mil a 400 ha sido el paso de la alquimia del sistema de cambio más absurdo del mundo. Con 400 dólares no puedo pagar un mes de guardería. Siete años de trabajo más tarde, cuando el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores tenga a bien pagarme mis prestaciones no podré siquiera pagar un mes de guardería.

El gobierno venezolano se ha llenado la boca (y el mazo) condenando a quienes han aprovechado la distorsión del sistema cambiario para hacer plata a partir de la propia norma. En simultáneo ha condenado a muchos otros a la inconvertibilidad del fruto de su trabajo. Pero además, en el camino le quitó a algunos la posibilidad de ascenso, social y laboral. Y mientras no cancele su deuda, está confiscando el valor del trabajo, con intereses de mora retroactivos que se hacen más onerosos mientras la inflación y la depreciación de la moneda se acentúan. Todo ello es responsabilidad del Ejecutivo nacional: la deuda, la inflación y la devaluación. Es más, el propulsor de la Ley del Trabajo, el responsable del Ministerio en el que trabajé y el actual Jefe del Ejecutivo son la misma persona, la cuenta es muy sencilla: en esa deuda yace el legado del presidente obrero.

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