Fuera de radar


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Derechos y reconocimiento: más allá del drama y el rechazo a los venezolanos en el exterior

Por Antulio Rosales

Varios meses atrás el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmitió una suerte de reportaje documental acerca de la reciente emigración venezolana. El reportaje puso de manifiesto un sinnúmero de prejuicios y el evidente desconocimiento que tiene el principal factor de poder mediático en Venezuela sobre la situación de los emigrados. Resultó ser una prueba del importante reto que implica para la sociedad venezolana reconocer a su propia diáspora y, más aún, para el Estado asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

La idea central del reportaje es reducir el fenómeno de la emigración a un “tipo de venezolanos” que, en esencia, no podría llamárseles como tal. De acuerdo con una psicóloga consultada, los que migran son—casi todos—“blanquitos”, rubios, de ojos claros descendientes de inmigrantes europeos. La caracterización de este grupo poblacional la hace sin presentar dato alguno más que su propia imaginación—gracias al vocablo “diría yo”—y asumiendo un evidente prejuicio étnico-racial cuyo correlato es la romantización de lo “auténtico” que por supuesto no tendría tez blanca y es esencialmente popular, bueno y, claro está, leal. En el punto cumbre del “análisis”, asume que estos emigrados nunca tuvieron arraigo alguno en la patria y por eso se van. Eso sí, como buenos apátridas, nunca se adaptan en sus destinos, sufren la crisis del capitalismo, extrañando la belleza única de la tierra de Bolívar.

El objetivo último es desconocerlos y asumirlos como foráneos aunque tengan cédula y pasaporte venezolano. Es la excusa para ignorarlos, pero además y más importante, para negarles sus derechos. El supuesto análisis es una fachada para validar los presupuestos que tiene el poder y que entra en sintonía con las narrativas polarizadas a las que nos tiene acostumbrado el país. La migración es otro de esos temas que se ve atrapado en esas narrativas totalizantes. Es un hoyo negro en la información oficial y también resulta un espacio de fijación fácil para eslóganes vacíos.

La oleada migratoria no existe para el gobierno. No hay datos oficiales que den cuenta de esta realidad, no hay esfuerzos reales por acercar esta población a las sedes de representación oficial del Estado. Algunos revolucionarios sí reconocen el éxodo pero tienden a banalizarlo y consideran a los emigrantes unos raspacupos crónicos que viven de la teta gubernamental y jamás han pasado trabajo como el pueblo mismo.

Al otro lado de la acera, este es uno de los puntos sentimentales más hondos. Se habla del drama migrante y el de los “padres huérfanos”. Los más románticos ven en los emigrados únicamente a meritócratas formados en grandes universidades: un caudal de talento desperdiciado. Éstos deberán volver cuando la “democracia retorne” y ocuparán los espacios que dejaron o de los cuales fueron expulsados.

Maiquetía

Borroso en Maiquetía

La realidad es más compleja. Cada vez más, quienes emigran vienen de orígenes muy diversos. También tienen nuevos destinos, no solo España, Estados Unidos y Panamá, sino también Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, México y muchos destinos más allá de América Latina. Ya no es extraño encontrarse con otros venezolanos atendiendo una cafetería en Toronto, gente vendiendo arepas en las calles de Santo Domingo y trabajadores informales en Quito. Y por supuesto, están muy lejos de ser esos “blanquitos pasteleros” que describía la psicóloga en aquel reportaje.

 

El Estado deberá alguna vez plantearse una agenda seria que logre tender puentes, pero sobre todo, reconocer derechos a ciudadanos que no están en el país. Para comenzar, hay que sacar cuentas, por muy dolorosas o incómodas que estas sean. En la actualidad, por ejemplo, los niños nacidos en Venezuela que cumplen 9 años fuera del país no tienen forma de renovar su pasaporte porque no tienen cédula. La expectativa es que los menores viajen con un documento de emergencia a Venezuela y hagan el trámite desde allá. El derecho a la identidad está siendo violentado de la forma más descarada a quienes son más vulnerables.

Los derechos económicos de quienes dejaron aportes en el seguro social deberán ser honrados. Además, los venezolanos están sub-registrados en las listas de los consulados y en el Consejo Nacional Electoral. Los pocos registrados solo pueden votar en elecciones nacionales, lo cual limita su participación política. No hay que explicar por qué nada de esto es casual. Si estos no son ciudadanos dignos de reconocimiento, mucho menos lo serán de influir en quien gobierna. En otros países, los expatriados tienen el derecho al sufragio como habitantes de su último domicilio en el país y, por ende, pueden escoger representantes al parlamento. Algunos, como Colombia y Ecuador, pueden incluso escoger representantes propios en el parlamento en circunscripciones extra-territoriales.

El principal reto que enfrenta Venezuela con sus ciudadanos dispersos por el mundo es el del reconocimiento. Para reconocerles, tendrá que saber quienes y cuántos son y asumirlos como ciudadanos, no como parásitos o traidores, sin importar qué los llevó a migrar, el color de su piel y si algo de amor sienten por la patria.

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La xenofobia a la orden del día

Por Ybelice Briceño L.

Cuando estudiaba en el liceo era frecuente leer en las calles de Caracas pintas como estas: “Mata a un colombiano y vive un día Pepsi” o “Gracias Armero por mater tanta mierda junta” (en macabra alusión a la trágica erupción del volcán de Armero). El sentimiento anticolombiano estaba a la orden del día; era frecuente en los chistes, el bulling y otras formas de violencia simbólica así como formas de violencia física e institucional (como las redadas policiales para detener “indocumentados”, por ejemplo). Con la llegada de socialismo del siglo XXI en la última década, pensé que el sentimiento xenófobo anticolombiano era algo relativamente superado o al menos difícil de profesar y defender abiertamente en el espacio público. Ahora, no salgo de mi asombro cuando veo que es promovido y alentado por miembros del propio gobierno, que es reproducido por militantes de izquierda y practicado por compañerxs con formación política o que hacen trabajo comunitario.

¿En qué momento el pueblo colombiano dejó de parecernos un pueblo hermano (objeto de políticas represivas excluyentes en su país) para ser un pueblo de maleantes y paramilitares, un enemigo externo que vive entre nosotros, al que hay que vigilar y denunciar? ¿Cuándo lxs inmigrantes colombianxs residentes en el país dejaron de ser merecedorxs de una vida digna con sus derechos cubiertos (como el derecho a tener identificación y así poder votar en las elecciones por nuestro proyecto) para a ser un contingente de “paracos” y “bachaqueros” que en el mejor de los casos debe ser deportado? ¿Cuántos chivos expiatorios se necesitan para intentar tapar los fracasos u omisiones de nuestras políticas públicas? ¿Cuál es el límite ético de la instrumentación política de nuestros problemas con fines electorales?

Seguramente alguien saldrá en defensa del discurso xenófobo poniendo ejemplos de un caso (o muchos casos) de personas de nacionalidad colombiana que practican el “bachaqueo” (como tantxs otrxs venezolanxs, de cualquier bando político) o que incurre en alguna práctica “delictiva” o no legal. Semejante “argumento” no requiere demasiado análisis. Basta con evidenciar su semejanza con el núcleo argumentativo del discurso racista, xenófobo y colonial enarbolado por los gobiernos y la derecha europea en contra de los inmigrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Cualquier defensor del discurso europeo anti-inmigrantes también dirá que los africanos, los moros y los sudacas en su mayoría “son ladrones”, les “quitan el trabajo”, se “llevan su riqueza”, etc. Sin embargo, es difícil imaginar que este discurso sea defendido (al menos de manera abierta) por miembros de grupos de izquierda o de ideologías anti-sistema en otras partes del mundo.

¿En qué momento la xenofobia pasó a ser parte del imaginario bolivariano? ¿Cómo es que podemos hacer compatible el discurso de la democracia protagónica, de la justicia social y de la integración de los pueblos con la más abierta xenofobia y el chauvinismo más ramplón?¿Cuántos pasos hay de este discurso violento, a las amenazas, la agresión o el linchamiento de un vendedor ambulante, de una vecina o de un compañero de escuela? Parece que la crisis que atraviesa el país está alimentando los sentimientos más bajos y peligrosos. Y que la “madurez política” de la que nos jactamos durante todos estos años se fue al traste de un día para otro.

 

 

La amenaza

La amenaza


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Deuda a tres años: el legado del presidente obrero

Por Antulio Rosales

Lo que viene es una historia personal. Un recuento con datos y sensaciones que, como todo recuento, tendrá sus imprecisiones. Tampoco es un drama migratorio de penurias profundas, no me victimizo, pero sí vale la pena contarla para sacar algunas cuentas sobre las tremendas distorsiones entre discurso y práctica que se pueden vivir en la Venezuela bolivariana y que se materializan en las formas de manejo económico que ya cuesta saber a quiénes benefician.

Hace tres años renuncié a mi cargo en la Cancillería venezolana. Trabajé ahí 7 años. Todo ese tiempo fui investigador de la Academia Diplomática. Fui un trabajador administrativo profesional en el rango más bajo del escalafón, donde comienzan todos los recién graduados universitarios. En mi caso, el escalafón me identificaba como Técnico Superior, ni siquiera como Licenciado, como era mi circunstancia. Así permanecí todo el tiempo. Aunque las leyes tanto del servicio exterior como de la administración pública obligan evaluaciones y reclasificaciones periódicas, en mi caso, como en los de todos quienes trabajaban conmigo en ese ministerio, las primeras ocurrían sin las segundas. En todo ese tiempo tuve evaluaciones sobresalientes. Nunca pasé a otro rango del escalafón.

Mi caso no era el peor. Habían dos cohortes de la carrera diplomática que habían entrado durante la gestión de Alí Rodríguez Araque y justo antes, que incluso hicieron un concurso de oposición bajo nuevos parámetros “bolivarianos”, y que pese a ello por casi 10 años no fueron ratificados en sus cargos. Estaban en un limbo porque la gestión de Nicolás Maduro los consideraba demasiado cercanos a la vieja meritocracia. Aún así muchos de ellos ocupaban espacios de considerable importancia. Estaban atrapados en el sótano del escalafón y no podían moverse. Nueve años más tarde, cuando Elías Jaua los ratifica sin siquiera reclasificarlos, habían algunas voces carentes de todo sentido crítico o privadas de amor propio que ¡agradecieron el gesto del Canciller!

Comencé mi trabajo con un salario de alrededor de un millón doscientos mil bolívares de 2005, además de los beneficios correspondientes a aguinaldos, seguro médico y otros correspondientes por ley. En ese momento, mi sueldo duplicaba el salario mínimo. El salario mínimo aumentaba y con él, mi salario. Hasta que dejó de ocurrir. Cuando renuncié en 2012, mi salario en bruto era de poco más de 4 mil bolívares. El neto, después de deducciones, era de poco menos de 3 mil bolívares. Ya en ese momento, no alcanzaba para mucho. Siempre se deducía de mi sueldo el pago al Seguro Social, por ejemplo, que desde 2007 más o menos aparecía insolvente por el Ministerio. Es decir, yo pagaba, pero el dinero no llegaba al IVSS. La caja de ahorros de los trabajadores estaba descapitalizada. Se usaba para pagar deudas, de tarjetas de crédito y emergencias diversas frente al aumento del costo de la vida.

Tomé precauciones y renuncié a la caja antes de renunciar al cargo, me llevé los pocos “ahorros” que ahí quedaban. También retiré todo lo que estaba disponible en el fideicomiso de mis prestaciones sociales. Sabía que la inflación se los comería si los dejaba en el Banco de Venezuela. Ese dinero, calculado a tasa CADIVI o SITME de la época sumaba unos 2 mil dólares estadounidenses. Nunca los pude sacar. Se fueron en pagos diversos, nimiedades aquí y allá, se los llevó la inflación. Nunca fue aprobada mi solicitud de SITME ni la de CADIVI de estudiante.

El presidente trabajador

El presidente trabajador

Ya se había aprobado la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, de la que Nicolás Maduro fue un importante propulsor, así que mis prestaciones sociales debían ser re-calculadas al momento de salir bajo mi nuevo salario. Esta medida buscaba proteger a los trabajadores de los estragos inflacionarios a lo largo de la vida laboral. La deuda que tenía mi ahora ex-patrono conmigo la calculo en 76 mil bolívares. Para ese momento, era unos 12 mil dólares estadounidenses bajo la tasa SITME-CADIVI de la época. Habría servido para ayudar en el aterrizaje mío y de mi familia en un nuevo país. La tasa de cambio del mercado paralelo era, para el momento de mi partida poco más de 8 bolívares por dólar, es decir, con mis prestaciones sociales habría podido adquirir unos 9 mil dólares en el mercado ilegal. Con 76 mil bolívares en 2012 dentro de Venezuela quizás hubiera podido adquirir un viejo vehículo usado, o cinco televisores grandotes pantalla plana, para usar terminología DAKA del buen vivir. En síntesis, para algo servía ese dinero.

Desde 2012 hasta hoy la inflación acumulada es de 145%, sin contar el año 2015 porque es un dato que el Banco Central considera imprudente dar a conocer (pasados ya cuatro meses del año). El bolívar se ha devaluado varias veces tanto en el mercado paralelo como en las múltiples y complicadas paridades legales. Hoy, ningún ciudadano podría obtener dólares por la tasa de cambio oficial del país. Parece un chiste, pero no lo es. La tasa oficial por la que se rige la moneda en el mundo y en las cuentas nacionales no existe para nadie, excepto para algunos importadores fantasmas, unos desconocidos que importan bienes de “primera necesidad” y para el propio gobierno cuando hace compras en el exterior y paga a sus funcionarios fuera. Existe también para calcular el salario más alto de América Latina, claro está. De resto, la paridad cambiaria es unas 31 veces más costosa, si la calculamos a precio SIMADI. Bajo ese cálculo, mis prestaciones sociales son hoy 400 dólares. De 12 o 9 mil a 400 ha sido el paso de la alquimia del sistema de cambio más absurdo del mundo. Con 400 dólares no puedo pagar un mes de guardería. Siete años de trabajo más tarde, cuando el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores tenga a bien pagarme mis prestaciones no podré siquiera pagar un mes de guardería.

El gobierno venezolano se ha llenado la boca (y el mazo) condenando a quienes han aprovechado la distorsión del sistema cambiario para hacer plata a partir de la propia norma. En simultáneo ha condenado a muchos otros a la inconvertibilidad del fruto de su trabajo. Pero además, en el camino le quitó a algunos la posibilidad de ascenso, social y laboral. Y mientras no cancele su deuda, está confiscando el valor del trabajo, con intereses de mora retroactivos que se hacen más onerosos mientras la inflación y la depreciación de la moneda se acentúan. Todo ello es responsabilidad del Ejecutivo nacional: la deuda, la inflación y la devaluación. Es más, el propulsor de la Ley del Trabajo, el responsable del Ministerio en el que trabajé y el actual Jefe del Ejecutivo son la misma persona, la cuenta es muy sencilla: en esa deuda yace el legado del presidente obrero.


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Lo que no sabe Cadivi (poesía ninja)

Ninja

Por Ybelice Briceño Linares

Lo que no sabe Cadivi es que sabemos caminar entre las piedras que nos pone.

Que atravesamos minas antipersonas y nada.

Que nos caemos y nos levantamos.

Que somos verdaderas ninjas tropicales.

Que somos migrantes, mutantes, cambiantes.

Que nos alimentamos de tantísimas cosas,

de Beatrices Preciados, de bibliotecas públicas, de niñas cantando la canción de primavera.

Que somos Terminator II.

Que nos destruyen y nos reconstituimos.

Que nos desahucian y nos recargamos.

Que el amor y la dignidad no se matan con providencias y carpetas.

Que somos absolutamente poderosas e invencibles.

Que nada en este mundo puede doblegaremos.