Extractivismo y voto indígena: la última frontera

Por Antulio Rosales

El voto indígena en Venezuela representa la última frontera electoral del país. Es un asunto que no se discute, que poco se conoce y, francamente, que poco le interesa a la opinión pública mainstream y a ambos bandos políticos.

Sabemos que la elección del 6 de diciembre no será una elección nacional. Sabemos que será una elección donde 113 diputados se escogerán por circuitos donde quien gana “se lo lleva todo”, es decir, la curul. Y habrán 24 elecciones por lista que se escogerán de manera pseudo-proporcional. El sistema privilegia a las mayorías, porque el voto popular no necesariamente se corresponderá con la proporción de representantes que llegarán al Palacio Federal Legislativo. Más aún, la elección proporcional beneficiará a los dos grupos más votados porque solo tres entidades tienen verdaderas “listas” (con más de dos puestos en disputa), lo que asegura que en todos las otras 21 entidades los dos partidos más votados obtendrán una silla en el parlamento (a menos que el más votado duplique al siguiente, como ocurrió en Delta Amacuro en 2010). Esto elimina las terceras vías, como pasó en 2010 con el intento del PPT, que a pesar de obtener más de 20% de los votos en Lara, no pudo llevarse un curul proporcional.

En esta elección también se escogerán tres representantes por circuitos con población indígena. Esta es una innovación de la Constitución de 1999 que a sazón de reparar siglos de marginación y violencia, le otorgaba representación directa a los pueblos originarios para que elevaran sus intereses en la máxima institución de representación popular. Era un caso de esos en los que se casaba la idea de democracia participativa y la justicia social, con mecanismos de la tradicional democracia representativa.

El chavismo en su discurso redencionista se asume como el único capaz de representar los intereses de los pueblos indígenas. Con un par de anécdotas y repitiendo ana karina rote con virilidad anti-imperialista, Chávez se asumió también voz de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal política de justicia reparadora consagrada en la Constitución era las demarcaciones de sus territorios para asegurar un mínimo de respeto, coexistencia, y tal vez auto gestión, pero quedó en el papel. Un ministerio fue creado para administrar la repartición de misiones y asegurar la debida obediencia y cooptación.

A diferencia de los procesos paralelos de Ecuador y Bolivia, en Venezuela nunca hubo un intento de proclama plurinacional y multiétnica de la Revolución. Ésta siempre fue nacional, en singular, siempre fue bolivariana, hasta que se convirtió en socialista. Pero las naciones indígenas emprendieron luchas, en rigor asimétricas y con escasísimos recursos, por la demarcación y otras causas. Pero claro, esos territorios están atravesados por intereses de tenedores de tierra y prospectos mineros, lo que produce la evidente conjunción de poderes del exractivismo global, sea izquierdista o no. Decía Esteban Emilio Monsonyi “si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales, ya las demarcaciones estarían hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia, aun en medio de los problemas subsistentes”. El poder coercitivo del Estado en sociedad con intereses particulares han actuado como saben hacerlo frente a las demandas indígenas. En esa aplanadora cayó el cacique Sabino Romero, por mencionar el rostro menos invisible.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Y en este tema, el chavismo siempre se ha visto incómodo. Algunas menciones de justicia dispersas acá y allá recuerdan que también es una causa propia, pero el silencio y la impunidad institucional se imponen como muestra concreta del carácter neo-colonial de la Revolución. Recuerdo en marzo de 2013, se congregaron algunas docenas de personas frente a la fiscalía luego del asesinato de Sabino a exigir justicia. Algunos camaradas advertían que había que cuidar juntarse con aquellos que querían utilizar la causa en contra del gobierno. Se encontraban defensores de derechos humanos y activistas de la Revolución bajo el lente criminalizante del Ministerio Público. Una alianza era impensable. Los revolucionarios prestaban su solidaridad pero nunca podían poner en duda su lealtad.

Todavía hoy algunos analistas descuentan que los curules indígenas irán al chavismo. Ya en 2010 el circuito occidente fue a la oposición. La criminalización de las actividades económicas en la frontera pone en mayor nivel de vulnerabilidad y violencia la región occidental donde diversas etnias han sido empujadas al contrabando como forma de subsistencia. Cuesta pensar que esa silla volverá al chavismo. Ahora en la zona sur se desatan protestas cotidianas por los estragos de la minería ilegal que ocurren con la venia, la inoperancia o la complicidad estatal. Los estragos de esta “actividad” solo en Canaima son tan profundos que se estima pasarán 10 mil años para poder recuperar las condiciones previas. Si aquello no es una emergencia, digamos excepcional, no sé qué más puede serlo. Pese a la patente marginación y pobreza, el circuito oriente es quizás el más leal a la maquinaria electoral del PSUV.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Sea quien fuera mayoría en la Asamblea Nacional en 2016, tendrá que enfrentar las demandas de justicia de los pueblos indígenas, consagradas además en la Constitución, que mal que bien todos dicen defender. Demandas que pasan por la demarcación de sus territorios y, por ende, por enfrentar otros poderes, muchas veces armados, para asegurarlo. Por supuesto, no será fácil porque hacer eso implica mucho más que pelear con mafias de la Guardia Nacional o mineros armados ilegales. Implica trastocar el propio sentido común de la identidad venezolana: la idea de que para existir necesitamos explotar y comercializar a escala global cuanto mineral se halle por (mala)fortuna geológica en el subsuelo nacional. Es la última frontera simbólica de la disputa venezolana.

La xenofobia a la orden del día

Por Ybelice Briceño L.

Cuando estudiaba en el liceo era frecuente leer en las calles de Caracas pintas como estas: “Mata a un colombiano y vive un día Pepsi” o “Gracias Armero por mater tanta mierda junta” (en macabra alusión a la trágica erupción del volcán de Armero). El sentimiento anticolombiano estaba a la orden del día; era frecuente en los chistes, el bulling y otras formas de violencia simbólica así como formas de violencia física e institucional (como las redadas policiales para detener “indocumentados”, por ejemplo). Con la llegada de socialismo del siglo XXI en la última década, pensé que el sentimiento xenófobo anticolombiano era algo relativamente superado o al menos difícil de profesar y defender abiertamente en el espacio público. Ahora, no salgo de mi asombro cuando veo que es promovido y alentado por miembros del propio gobierno, que es reproducido por militantes de izquierda y practicado por compañerxs con formación política o que hacen trabajo comunitario.

¿En qué momento el pueblo colombiano dejó de parecernos un pueblo hermano (objeto de políticas represivas excluyentes en su país) para ser un pueblo de maleantes y paramilitares, un enemigo externo que vive entre nosotros, al que hay que vigilar y denunciar? ¿Cuándo lxs inmigrantes colombianxs residentes en el país dejaron de ser merecedorxs de una vida digna con sus derechos cubiertos (como el derecho a tener identificación y así poder votar en las elecciones por nuestro proyecto) para a ser un contingente de “paracos” y “bachaqueros” que en el mejor de los casos debe ser deportado? ¿Cuántos chivos expiatorios se necesitan para intentar tapar los fracasos u omisiones de nuestras políticas públicas? ¿Cuál es el límite ético de la instrumentación política de nuestros problemas con fines electorales?

Seguramente alguien saldrá en defensa del discurso xenófobo poniendo ejemplos de un caso (o muchos casos) de personas de nacionalidad colombiana que practican el “bachaqueo” (como tantxs otrxs venezolanxs, de cualquier bando político) o que incurre en alguna práctica “delictiva” o no legal. Semejante “argumento” no requiere demasiado análisis. Basta con evidenciar su semejanza con el núcleo argumentativo del discurso racista, xenófobo y colonial enarbolado por los gobiernos y la derecha europea en contra de los inmigrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Cualquier defensor del discurso europeo anti-inmigrantes también dirá que los africanos, los moros y los sudacas en su mayoría “son ladrones”, les “quitan el trabajo”, se “llevan su riqueza”, etc. Sin embargo, es difícil imaginar que este discurso sea defendido (al menos de manera abierta) por miembros de grupos de izquierda o de ideologías anti-sistema en otras partes del mundo.

¿En qué momento la xenofobia pasó a ser parte del imaginario bolivariano? ¿Cómo es que podemos hacer compatible el discurso de la democracia protagónica, de la justicia social y de la integración de los pueblos con la más abierta xenofobia y el chauvinismo más ramplón?¿Cuántos pasos hay de este discurso violento, a las amenazas, la agresión o el linchamiento de un vendedor ambulante, de una vecina o de un compañero de escuela? Parece que la crisis que atraviesa el país está alimentando los sentimientos más bajos y peligrosos. Y que la “madurez política” de la que nos jactamos durante todos estos años se fue al traste de un día para otro.

 

 

La amenaza