Fuera de radar


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El lente de Allende y la marea hiperinflacionaria

Por Antulio Rosales

Carmen cayó rendida, exhausta y humillada junto al lente de Salvador Allende a las 3 de la mañana después de 11 horas de cola. Logró comprar detergente, pollo, carne, toallas sanitarias, papel higiénico, champú, aceite y pasta. La bolsa le costó 3.600 bolívares. Fue el 27 de noviembre de 2015, a pocos días de las elecciones del 6 de diciembre. Ese día llamaron a los funcionarios del Ministerio a comprar en un Mercal organizado exclusivamente para ellos. Era momento de aprovechar para llenar las alacenas con el empobrecido sueldo, y ocasión para chantajear al funcionariato para que votara por el PSUV días más tarde.

La cola fue extenuante. Ella era la número 645. Desde afuera golpeaban los portones, los vecinos y otros grupos organizados. Hubo coñazos y hasta tiros. El funcionariato fue protegido en su humillación-privilegio, pero hubo forcejeos con uniformados que agarraron lo suyo sin hacer la cola. Cayeron sus cuerpos cansados y dolidos a las 3 de la mañana junto al lente de Salvador Allende en sillas improvisadas. En algún momento Carmen despertó porque una vieja amiga de la universidad y compañera de trabajo la vio y se sorprendió de encontrarla ahí. Ninguna de los dos creía completamente dónde estaban.

El lente de Allende

El lente de Allende

A Nicolás Maduro le fascina la figura de Salvador Allende. Durante su tiempo en la Cancillería, el sobrino de Cilia Flores, Erick Malpica, se avocó a una costosa remodelación del edificio del Ministerio, como lo había hecho tiempo antes en la Asamblea Nacional. Era el administrador del Ministerio, también lo había sido del parlamento y lo sería luego de la Vicepresidencia. Lo esperaría la Tesorería Nacional y la vice-presidencia de finanzas de PDVSA cuando el tío llegó a la cúspide del poder. Taladraron el mármol negro del lobby de la Cancillería, el piso Simón Bolívar, y lo reemplazaron con otro material. Instalaron una escultura de gran tamaño, un lente roto, el de Salvador Allende, simbolizando sus restos el 11 de septiembre de 1973.

El 6 de diciembre un aluvión de votos aterrizó en Plaza Caracas contra Maduro y su partido. El presidente aceptó la derrota sin reconocer la realidad. Según Maduro, ganaron los malos, la guerra económica, el fascismo. En su afán de heroísmo se sintió víctima de un golpe, como Allende. No ha podido aún reconocer su parte en el problema, no se enteró de que en las colas, la gente que se abalanza por un pollo, los que revenden y los que no, son víctimas de sus políticas.

Ahora además declara una guerra contra la gente. Desmantela formalmente el Banco Central de Venezuela y oficializa las funciones que ha venido asumiendo en los últimos años. Ministerio de impresión monetaria, financiador del déficit y leña del fuego inflacionario. Invita al gabinete económico a quienes argumentan que monetización del déficit no incide en el alza de los precios. Impulsa el modelo de controles, pero además, decreta la legitimidad de la opacidad. En términos concretos, el gobierno declara la especulación como regla de vida, si no ¿cómo podríamos planificarnos sin conocer siquiera los más elementales indicadores que nos rigen? Solo queda espacio para la elucubración.

El gobierno quema sus últimos cartuchos, defiende su modelo y se lanza al vacío. Mientras, un septuagenario con poder recién adquirido invierte tiempo útil en personalmente deshacerse de imágenes que rindan cultos paganos.

La pedantería adeca se detiene en alimentar excusas para la diatriba fácil, sin advertir la seriedad de las faenas por venir. Al tiempo, el liderazgo chavista se empeña en taladrar con voluntarismo obcecado cuanto piso de mármol encuentre para hundirse más. La marea hiperinflacionaria no respeta portones, ni guardias a medio entrenar, se lleva todo por delante, se salva quien agarre algo primero, y continúa su feroz camino al día siguiente.

 

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Deuda a tres años: el legado del presidente obrero

Por Antulio Rosales

Lo que viene es una historia personal. Un recuento con datos y sensaciones que, como todo recuento, tendrá sus imprecisiones. Tampoco es un drama migratorio de penurias profundas, no me victimizo, pero sí vale la pena contarla para sacar algunas cuentas sobre las tremendas distorsiones entre discurso y práctica que se pueden vivir en la Venezuela bolivariana y que se materializan en las formas de manejo económico que ya cuesta saber a quiénes benefician.

Hace tres años renuncié a mi cargo en la Cancillería venezolana. Trabajé ahí 7 años. Todo ese tiempo fui investigador de la Academia Diplomática. Fui un trabajador administrativo profesional en el rango más bajo del escalafón, donde comienzan todos los recién graduados universitarios. En mi caso, el escalafón me identificaba como Técnico Superior, ni siquiera como Licenciado, como era mi circunstancia. Así permanecí todo el tiempo. Aunque las leyes tanto del servicio exterior como de la administración pública obligan evaluaciones y reclasificaciones periódicas, en mi caso, como en los de todos quienes trabajaban conmigo en ese ministerio, las primeras ocurrían sin las segundas. En todo ese tiempo tuve evaluaciones sobresalientes. Nunca pasé a otro rango del escalafón.

Mi caso no era el peor. Habían dos cohortes de la carrera diplomática que habían entrado durante la gestión de Alí Rodríguez Araque y justo antes, que incluso hicieron un concurso de oposición bajo nuevos parámetros “bolivarianos”, y que pese a ello por casi 10 años no fueron ratificados en sus cargos. Estaban en un limbo porque la gestión de Nicolás Maduro los consideraba demasiado cercanos a la vieja meritocracia. Aún así muchos de ellos ocupaban espacios de considerable importancia. Estaban atrapados en el sótano del escalafón y no podían moverse. Nueve años más tarde, cuando Elías Jaua los ratifica sin siquiera reclasificarlos, habían algunas voces carentes de todo sentido crítico o privadas de amor propio que ¡agradecieron el gesto del Canciller!

Comencé mi trabajo con un salario de alrededor de un millón doscientos mil bolívares de 2005, además de los beneficios correspondientes a aguinaldos, seguro médico y otros correspondientes por ley. En ese momento, mi sueldo duplicaba el salario mínimo. El salario mínimo aumentaba y con él, mi salario. Hasta que dejó de ocurrir. Cuando renuncié en 2012, mi salario en bruto era de poco más de 4 mil bolívares. El neto, después de deducciones, era de poco menos de 3 mil bolívares. Ya en ese momento, no alcanzaba para mucho. Siempre se deducía de mi sueldo el pago al Seguro Social, por ejemplo, que desde 2007 más o menos aparecía insolvente por el Ministerio. Es decir, yo pagaba, pero el dinero no llegaba al IVSS. La caja de ahorros de los trabajadores estaba descapitalizada. Se usaba para pagar deudas, de tarjetas de crédito y emergencias diversas frente al aumento del costo de la vida.

Tomé precauciones y renuncié a la caja antes de renunciar al cargo, me llevé los pocos “ahorros” que ahí quedaban. También retiré todo lo que estaba disponible en el fideicomiso de mis prestaciones sociales. Sabía que la inflación se los comería si los dejaba en el Banco de Venezuela. Ese dinero, calculado a tasa CADIVI o SITME de la época sumaba unos 2 mil dólares estadounidenses. Nunca los pude sacar. Se fueron en pagos diversos, nimiedades aquí y allá, se los llevó la inflación. Nunca fue aprobada mi solicitud de SITME ni la de CADIVI de estudiante.

El presidente trabajador

El presidente trabajador

Ya se había aprobado la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, de la que Nicolás Maduro fue un importante propulsor, así que mis prestaciones sociales debían ser re-calculadas al momento de salir bajo mi nuevo salario. Esta medida buscaba proteger a los trabajadores de los estragos inflacionarios a lo largo de la vida laboral. La deuda que tenía mi ahora ex-patrono conmigo la calculo en 76 mil bolívares. Para ese momento, era unos 12 mil dólares estadounidenses bajo la tasa SITME-CADIVI de la época. Habría servido para ayudar en el aterrizaje mío y de mi familia en un nuevo país. La tasa de cambio del mercado paralelo era, para el momento de mi partida poco más de 8 bolívares por dólar, es decir, con mis prestaciones sociales habría podido adquirir unos 9 mil dólares en el mercado ilegal. Con 76 mil bolívares en 2012 dentro de Venezuela quizás hubiera podido adquirir un viejo vehículo usado, o cinco televisores grandotes pantalla plana, para usar terminología DAKA del buen vivir. En síntesis, para algo servía ese dinero.

Desde 2012 hasta hoy la inflación acumulada es de 145%, sin contar el año 2015 porque es un dato que el Banco Central considera imprudente dar a conocer (pasados ya cuatro meses del año). El bolívar se ha devaluado varias veces tanto en el mercado paralelo como en las múltiples y complicadas paridades legales. Hoy, ningún ciudadano podría obtener dólares por la tasa de cambio oficial del país. Parece un chiste, pero no lo es. La tasa oficial por la que se rige la moneda en el mundo y en las cuentas nacionales no existe para nadie, excepto para algunos importadores fantasmas, unos desconocidos que importan bienes de “primera necesidad” y para el propio gobierno cuando hace compras en el exterior y paga a sus funcionarios fuera. Existe también para calcular el salario más alto de América Latina, claro está. De resto, la paridad cambiaria es unas 31 veces más costosa, si la calculamos a precio SIMADI. Bajo ese cálculo, mis prestaciones sociales son hoy 400 dólares. De 12 o 9 mil a 400 ha sido el paso de la alquimia del sistema de cambio más absurdo del mundo. Con 400 dólares no puedo pagar un mes de guardería. Siete años de trabajo más tarde, cuando el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores tenga a bien pagarme mis prestaciones no podré siquiera pagar un mes de guardería.

El gobierno venezolano se ha llenado la boca (y el mazo) condenando a quienes han aprovechado la distorsión del sistema cambiario para hacer plata a partir de la propia norma. En simultáneo ha condenado a muchos otros a la inconvertibilidad del fruto de su trabajo. Pero además, en el camino le quitó a algunos la posibilidad de ascenso, social y laboral. Y mientras no cancele su deuda, está confiscando el valor del trabajo, con intereses de mora retroactivos que se hacen más onerosos mientras la inflación y la depreciación de la moneda se acentúan. Todo ello es responsabilidad del Ejecutivo nacional: la deuda, la inflación y la devaluación. Es más, el propulsor de la Ley del Trabajo, el responsable del Ministerio en el que trabajé y el actual Jefe del Ejecutivo son la misma persona, la cuenta es muy sencilla: en esa deuda yace el legado del presidente obrero.