La empatía perdida: otra víctima de la polarización venezolana

Por Antulio Rosales

La empatía es un elemento fundamental para nuestra sobrevivencia. Es además un requisito para la vida pública y es quizás una base para los denominados Derechos Humanos. Reconocer que todos somos diferentes, pero iguales en nuestra condición humana es básico para convivir.

Desde hace tiempo en Venezuela hemos vivido una preocupante erosión de ese elemento. Tenemos un montón de paréntesis, notas al pie y excepciones que nos permiten justificar la violencia hacia quienes no piensan, lucen o viven como nosotros. Después de las protestas de 2014, hice seguimiento a algunas movilizaciones contra encarcelamientos fuera de la ley. Todos los casos me generaban una profunda empatía, pensaba que podía ser yo o un ser querido quien estuviera retenido sin debido proceso. Un caso, publicitado en redes sociales, trataba de una vendedora ambulante, una madre soltera y pobre que fue presa en una escaramuza en el Parque del Este. En su defensa, su madre llegó a decir que su familia había votado por el presidente Chávez, así como diciendo: “no hemos hecho nada malo”. En las mismas redes leí comentarios descarnados que decían ¡bien merecido! Pa’ que siga votando por chavistas. Hasta ahí había llegado la solidaridad de esos internautas. Hasta ahí había llegado la humanidad de esa señora.

En estos días de violencia pre-electoral hay tiroteos e incluso muertos que no merecen un pronunciamiento serio de las autoridades. Todos quienes han pasado años exigiéndole al otro “desmarcarse de la violencia”, bendicen con su silencio o con rápidas tesis resolutivas la acción criminal que busca atizar, precisamente, más violencia.

Hemos normalizado comportamientos detestables en cualquier circunstancia. La persecución que se desplegó durante los eventos de 2002 contra los dirigentes del chavismo, hoy la ejecutan ellos mismos con todo el poder que les abriga el control que tienen sobre las instituciones. En aquella época, algunas publicaciones radicales opositoras hacían uso de la libertad de expresión para llamar al pueblo a reconocer dirigentes, convidándoles a una suerte de linchamiento popular. Ahora existen publicaciones asombrosamente similares. Asimismo, hay programas de televisión transmitidos por los medios públicos, utilizando informantes de dudosa procedencia—los denominados patriotas cooperantes—y financiados con plata de todos dedicados al escarnio público. En última instancia, se mantiene la idea de que es válido desconocer la dignidad humana cuando se trata de ciertos personajes. Pero ello no solo ocurre con las figuras conocidas que algo de poder detentan, también en redes y espacios sociales hay quienes se sienten con el derecho de identificar individuos, pormenorizar su paradero y cuadro familiar para descalificar sus posiciones políticas. Ahí pierden su condición de progresistas y actúan como rancios autócratas.

La dirigencia política venezolana en todas sus vertientes tiene muchos retos por delante. Los principales reposan en lo económico, sin duda. Pero en el manejo de lo público les obliga a recuperar un sentido de empatía y respeto elemental que todos merecemos. Es la misma empatía y el respeto con el que deberán ser tratados ellos mismos, terminen siendo gobierno u oposición.

Mira pa’ cá. Tomada de CaracasCaos

La agenda LGBTI: un memo que no termina de llegar

Por Antulio Rosales

Cuando se instale la próxima Asamblea Nacional, Venezuela tendrá el récord tristemente célebre de haber contado con 10 años de un parlamento completamente dominado por una facción “revolucionaria” y no haber dado ni un paso para avanzar los derechos de la población que se identifica como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI).

Al contrario, en no pocas de sus plenarias, la homofobia fue usada como arma política para menospreciar al adversario. Un diputado, actual candidato a la reelección y comisionado presidencial para la reforma policial, dijo en un programa televisión que cualquier persona podía ser policía, menos un homosexual declarado. Tampoco un varón que use zarcillos o tenga tatuajes. Eso se lo dejó—con menosprecio evidente—a las universidades. Freddy Bernal en efecto hizo pública su adhesión a la doble moral que domina en la sociedad: ser gay está bien, pero escondido. Nadie reprendió al diputado, claro está.

Para estas elecciones, el partido de gobierno impidió que pre-candidatas transexuales y activistas homosexuales pudieran optar por un curul en diciembre. Se les negó el derecho a ser elegidas. El machismo revolucionario y el conservadurismo de iglesias evangélicas que tienen importante influencia en el PSUV tuvieron más peso que cualquier otra consideración, incluyendo el arrastre popular de las precandidaturas.

Manifestación en favor del Matrimonio Igualitario

Después de diversas manifestaciones y pronunciamientos públicos, los movimientos que buscan la legalización del matrimonio igualitario han sido recibidos por la Asamblea sin mayores éxitos. Hace unos años, el entonces presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, dijo con claridad que no encontrarían apoyo en la bancada revolucionaria y que les faltaba muchas batallas por luchar antes de ser escuchadas sus demandas Descaradamente, el presidente del Parlamento le dijo a un grupo de electores que seguirán en condición de ciudadanos de segunda y su partido político no hará nada al respecto. Por supuesto, les pidió sumarse a la lucha contra el capitalismo, única importante.

Hace unos meses Nicolás Maduro en un momento de concesiones discursivas de las que nos tiene acostumbrado su movimiento político, pidió “abrir la discusión” sobre el matrimonio igualitario y sobre el aborto. El memo no le llegó al presidente de la Asamblea Nacional.

En la actualidad, son pocas las candidaturas que han asumido el tema de manera abierta. En el circuito 2 de Miranda, tanto Delsa Solórzano como Erika Ortega parecen defender la idea. En todo caso, al instalarse la próxima legislatura, tendrá una deuda que saldar. Otros parlamentos en América Latina han demostrado con madurez que pueden satisfacer una demanda de derechos humanos elemental y que no hace falta pasar por más siglos de marginación para “crear conciencia” en sus sociedades pacatas. El último ejemplo fue la corte suprema colombiana que declaró admisible la adopción por parejas del mismo sexo.

Todos esos parlamentos y tribunales, han practicado el principio básico de separación Estado-iglesias y han avanzado en leyes que facilitan reconocer la humanidad común de su ciudadanía. Se trata de reconocer familias que existen hoy, padres y madres que no cuentan con todos los derechos necesarios para cuidar a las hijas e hijos que ya tienen. Hay quienes en el lecho de muerte tienen negada la posibilidad a estar acompañados por quienes han vivido a su lado por décadas y más aún, se les podría negar el derecho a tomar decisiones fundamentales que a parejas heterosexuales no se le cuestionaría. Es una deuda elemental y saldarla no es otra cosa que una responsabilidad para quienes resulten elegidos.

Extractivismo y voto indígena: la última frontera

Por Antulio Rosales

El voto indígena en Venezuela representa la última frontera electoral del país. Es un asunto que no se discute, que poco se conoce y, francamente, que poco le interesa a la opinión pública mainstream y a ambos bandos políticos.

Sabemos que la elección del 6 de diciembre no será una elección nacional. Sabemos que será una elección donde 113 diputados se escogerán por circuitos donde quien gana “se lo lleva todo”, es decir, la curul. Y habrán 24 elecciones por lista que se escogerán de manera pseudo-proporcional. El sistema privilegia a las mayorías, porque el voto popular no necesariamente se corresponderá con la proporción de representantes que llegarán al Palacio Federal Legislativo. Más aún, la elección proporcional beneficiará a los dos grupos más votados porque solo tres entidades tienen verdaderas “listas” (con más de dos puestos en disputa), lo que asegura que en todos las otras 21 entidades los dos partidos más votados obtendrán una silla en el parlamento (a menos que el más votado duplique al siguiente, como ocurrió en Delta Amacuro en 2010). Esto elimina las terceras vías, como pasó en 2010 con el intento del PPT, que a pesar de obtener más de 20% de los votos en Lara, no pudo llevarse un curul proporcional.

En esta elección también se escogerán tres representantes por circuitos con población indígena. Esta es una innovación de la Constitución de 1999 que a sazón de reparar siglos de marginación y violencia, le otorgaba representación directa a los pueblos originarios para que elevaran sus intereses en la máxima institución de representación popular. Era un caso de esos en los que se casaba la idea de democracia participativa y la justicia social, con mecanismos de la tradicional democracia representativa.

El chavismo en su discurso redencionista se asume como el único capaz de representar los intereses de los pueblos indígenas. Con un par de anécdotas y repitiendo ana karina rote con virilidad anti-imperialista, Chávez se asumió también voz de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal política de justicia reparadora consagrada en la Constitución era las demarcaciones de sus territorios para asegurar un mínimo de respeto, coexistencia, y tal vez auto gestión, pero quedó en el papel. Un ministerio fue creado para administrar la repartición de misiones y asegurar la debida obediencia y cooptación.

A diferencia de los procesos paralelos de Ecuador y Bolivia, en Venezuela nunca hubo un intento de proclama plurinacional y multiétnica de la Revolución. Ésta siempre fue nacional, en singular, siempre fue bolivariana, hasta que se convirtió en socialista. Pero las naciones indígenas emprendieron luchas, en rigor asimétricas y con escasísimos recursos, por la demarcación y otras causas. Pero claro, esos territorios están atravesados por intereses de tenedores de tierra y prospectos mineros, lo que produce la evidente conjunción de poderes del exractivismo global, sea izquierdista o no. Decía Esteban Emilio Monsonyi “si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales, ya las demarcaciones estarían hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia, aun en medio de los problemas subsistentes”. El poder coercitivo del Estado en sociedad con intereses particulares han actuado como saben hacerlo frente a las demandas indígenas. En esa aplanadora cayó el cacique Sabino Romero, por mencionar el rostro menos invisible.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Y en este tema, el chavismo siempre se ha visto incómodo. Algunas menciones de justicia dispersas acá y allá recuerdan que también es una causa propia, pero el silencio y la impunidad institucional se imponen como muestra concreta del carácter neo-colonial de la Revolución. Recuerdo en marzo de 2013, se congregaron algunas docenas de personas frente a la fiscalía luego del asesinato de Sabino a exigir justicia. Algunos camaradas advertían que había que cuidar juntarse con aquellos que querían utilizar la causa en contra del gobierno. Se encontraban defensores de derechos humanos y activistas de la Revolución bajo el lente criminalizante del Ministerio Público. Una alianza era impensable. Los revolucionarios prestaban su solidaridad pero nunca podían poner en duda su lealtad.

Todavía hoy algunos analistas descuentan que los curules indígenas irán al chavismo. Ya en 2010 el circuito occidente fue a la oposición. La criminalización de las actividades económicas en la frontera pone en mayor nivel de vulnerabilidad y violencia la región occidental donde diversas etnias han sido empujadas al contrabando como forma de subsistencia. Cuesta pensar que esa silla volverá al chavismo. Ahora en la zona sur se desatan protestas cotidianas por los estragos de la minería ilegal que ocurren con la venia, la inoperancia o la complicidad estatal. Los estragos de esta “actividad” solo en Canaima son tan profundos que se estima pasarán 10 mil años para poder recuperar las condiciones previas. Si aquello no es una emergencia, digamos excepcional, no sé qué más puede serlo. Pese a la patente marginación y pobreza, el circuito oriente es quizás el más leal a la maquinaria electoral del PSUV.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Sea quien fuera mayoría en la Asamblea Nacional en 2016, tendrá que enfrentar las demandas de justicia de los pueblos indígenas, consagradas además en la Constitución, que mal que bien todos dicen defender. Demandas que pasan por la demarcación de sus territorios y, por ende, por enfrentar otros poderes, muchas veces armados, para asegurarlo. Por supuesto, no será fácil porque hacer eso implica mucho más que pelear con mafias de la Guardia Nacional o mineros armados ilegales. Implica trastocar el propio sentido común de la identidad venezolana: la idea de que para existir necesitamos explotar y comercializar a escala global cuanto mineral se halle por (mala)fortuna geológica en el subsuelo nacional. Es la última frontera simbólica de la disputa venezolana.