Por Antulio Rosales
¿Cuáles son las condiciones que acepta el gobierno venezolano para recibir préstamos de China? ¿Quiénes las negocian? Cuando los oficiales del gobierno están pensando en la grave situación de la economía nacional y conversan con sus allegados más poderosos también pensarán en escenarios. Esas conversaciones no quedan grabadas. Y si están grabadas, el presidente de la Asamblea Nacional no tiene la deferencia de compartirlas con sus televidentes.
En el último año, he tenido entrevistas con múltiples figuras que trabajan temas de economía y petróleo en Venezuela. Gente de distintos ámbitos del espectro político. Algunos consideran que acudir al FMI sería lo más razonable para cualquier Estado en una situación como la que tiene Venezuela, serían préstamos con condiciones para estabilizar, liberalizar y poder pagar de vuelta. Otros piensan que no hace falta, que solo con un ajuste del tipo de cambio, con sincerar el sistema de precios, especialmente del combustible y otros bienes y servicios básicos, sería suficiente. Y claro, hay algunos que piensan que China siempre puede dar más y el modelo bolivariano de controles aguanta todavía, aunque esté obligado a hacer algunos ajustes.
Ninguno, a mi modo de ver, es traidor a la patria. No sé ni siquiera cómo se podría evaluar eso. Lo que sí creo es que aquellos que se encuentran en el poder tienen la obligación, no solo moral sino también legal, de ser transparentes. A ellos les corresponde hacer públicos los acuerdos que suscriben con otros países, los términos bajo los cuales endeudan al país e incluso los términos bajo los cuales perdonan deudas por cobrar. Ellos están obligados a dar cifras, incluso cuando se sientan que libran una guerra. La idea absurda del diputado José Ávila de que el gobierno está exento de cumplir con la Ley porque los actores económicos generan distorsiones especulativas es imperdonable. No sé si será un traidor ese diputado, lo que sé es que es un irresponsable y no está capacitado para formar parte de la comisión de Finanzas de la AN. Los datos de inflación y escasez los debemos conocer todos, y sí, las cuentas las deben sacar los técnicos del BCV, esos “saboteadores” que se rehúsan a convertir los métodos de cálculo en ágapes revolucionarios durante los mercados populares y las colas sabrosas de Jaqueline Farías. La inflación no puede pasar a ser otro indicador del voluntarismo gubernamental con la excusa de que está bajo ataque.
¿No tendrá otra cosa que hacer?
Si Hausmann y Mendoza están jugando posición adelantada y negociando con el FMI un hipotético acuerdo que no podrán celebrar mientras no estén en el gobierno, eso es asunto de ellos. Les corresponderá rendir cuentas si se vuelven poder. Pero en este momento, es el PSUV y Nicolás Maduro quienes deben rendir cuentas sobre los últimos préstamos chinos. Que le explique al país cuál es la tasa de interés, a qué precio del barril se calculan los pagos, cuándo se espera que termine esa línea de crédito y cuándo comenzará la siguiente. Cuáles son las condiciones soterradas. Los 50 mil millones que estarían negociando Hausmann y compañía con el Fondo ya los ha prestado China y poco sabemos sobre eso. Le corresponde a Maduro desmentir al diputado Ávila y le corresponde a Merentes publicar las cifras. Le corresponde a Elías Jaua explicar por qué necesitan construir una nueva victoria electoral para tomar las medidas que saben que son imperativas. Le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional decir por qué no las toman hoy, cuando ya tienen una mayoría aplastante en vez de sentarse en sus millones y en su estudio de TV a hacer cotilleo de élite.
Fuera de radar 