Fuera de radar


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Golpista y cobarde

Por Antulio Rosales

En pocas horas ya se ha dicho bastante. Se les cayó la careta. Amaneció en dictadura. Se cerró la última ventana democrática que quedaba.

Con la displicencia que sienten los déspotas por la soberanía popular, el gobierno anuló el Referendo Revocatorio por la vía de tribunales inferiores. Los gobernadores acólitos, esos cuyo mandato fue extendido de manera espuria hace apenas unos días, fueron los encargados de liderar la jugada. En simultáneo, militarizan la autopista Caracas-La Guaira y prohíben la salida del país de unos cuantos líderes de la oposición.

El Presidente devenido dictador se fue antes de todo eso. Salió con la excusa de ir en tour relámpago (¡de cuatro días!) a seguir buscando el anhelado aumento de los precios del petróleo. Como si hubiera sido exitoso en esa empresa los últimos meses. Escogió irse ayer y cuando su avión estuviera cruzando el Atlántico, actuaron los poderes públicos coordinados y bajo órdenes centrales. Actúan con la indolencia que alguna vez tuvieron otros tiranos nacionales. Pero este tiene una característica especial: es un cobarde. Dejó preparado el terreno para truncar la participación popular y no asumió su parte. Lo asomó preguntando en asamblea coreografiada si los presentes estarían dispuestos a volver a perder una elección. La negativa efectiva se la dejó a otros, que actuaron escondidos en tuits y notas de prensa. La doctora Lucena no mostró su cara. Los gobernadores llevaron su demanda fraudulenta a 140 caracteres y Maduro campante se fue a Medio Oriente a buscar nuevos acuerdos dejando la estela militar entre Plaza Sucre y Maiquetía.

Este aventurero golpista decidió no asumir su responsabilidad, vaya forma de traicionar el legado.

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Derechos y reconocimiento: más allá del drama y el rechazo a los venezolanos en el exterior

Por Antulio Rosales

Varios meses atrás el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmitió una suerte de reportaje documental acerca de la reciente emigración venezolana. El reportaje puso de manifiesto un sinnúmero de prejuicios y el evidente desconocimiento que tiene el principal factor de poder mediático en Venezuela sobre la situación de los emigrados. Resultó ser una prueba del importante reto que implica para la sociedad venezolana reconocer a su propia diáspora y, más aún, para el Estado asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

La idea central del reportaje es reducir el fenómeno de la emigración a un “tipo de venezolanos” que, en esencia, no podría llamárseles como tal. De acuerdo con una psicóloga consultada, los que migran son—casi todos—“blanquitos”, rubios, de ojos claros descendientes de inmigrantes europeos. La caracterización de este grupo poblacional la hace sin presentar dato alguno más que su propia imaginación—gracias al vocablo “diría yo”—y asumiendo un evidente prejuicio étnico-racial cuyo correlato es la romantización de lo “auténtico” que por supuesto no tendría tez blanca y es esencialmente popular, bueno y, claro está, leal. En el punto cumbre del “análisis”, asume que estos emigrados nunca tuvieron arraigo alguno en la patria y por eso se van. Eso sí, como buenos apátridas, nunca se adaptan en sus destinos, sufren la crisis del capitalismo, extrañando la belleza única de la tierra de Bolívar.

El objetivo último es desconocerlos y asumirlos como foráneos aunque tengan cédula y pasaporte venezolano. Es la excusa para ignorarlos, pero además y más importante, para negarles sus derechos. El supuesto análisis es una fachada para validar los presupuestos que tiene el poder y que entra en sintonía con las narrativas polarizadas a las que nos tiene acostumbrado el país. La migración es otro de esos temas que se ve atrapado en esas narrativas totalizantes. Es un hoyo negro en la información oficial y también resulta un espacio de fijación fácil para eslóganes vacíos.

La oleada migratoria no existe para el gobierno. No hay datos oficiales que den cuenta de esta realidad, no hay esfuerzos reales por acercar esta población a las sedes de representación oficial del Estado. Algunos revolucionarios sí reconocen el éxodo pero tienden a banalizarlo y consideran a los emigrantes unos raspacupos crónicos que viven de la teta gubernamental y jamás han pasado trabajo como el pueblo mismo.

Al otro lado de la acera, este es uno de los puntos sentimentales más hondos. Se habla del drama migrante y el de los “padres huérfanos”. Los más románticos ven en los emigrados únicamente a meritócratas formados en grandes universidades: un caudal de talento desperdiciado. Éstos deberán volver cuando la “democracia retorne” y ocuparán los espacios que dejaron o de los cuales fueron expulsados.

Maiquetía

Borroso en Maiquetía

La realidad es más compleja. Cada vez más, quienes emigran vienen de orígenes muy diversos. También tienen nuevos destinos, no solo España, Estados Unidos y Panamá, sino también Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, México y muchos destinos más allá de América Latina. Ya no es extraño encontrarse con otros venezolanos atendiendo una cafetería en Toronto, gente vendiendo arepas en las calles de Santo Domingo y trabajadores informales en Quito. Y por supuesto, están muy lejos de ser esos “blanquitos pasteleros” que describía la psicóloga en aquel reportaje.

 

El Estado deberá alguna vez plantearse una agenda seria que logre tender puentes, pero sobre todo, reconocer derechos a ciudadanos que no están en el país. Para comenzar, hay que sacar cuentas, por muy dolorosas o incómodas que estas sean. En la actualidad, por ejemplo, los niños nacidos en Venezuela que cumplen 9 años fuera del país no tienen forma de renovar su pasaporte porque no tienen cédula. La expectativa es que los menores viajen con un documento de emergencia a Venezuela y hagan el trámite desde allá. El derecho a la identidad está siendo violentado de la forma más descarada a quienes son más vulnerables.

Los derechos económicos de quienes dejaron aportes en el seguro social deberán ser honrados. Además, los venezolanos están sub-registrados en las listas de los consulados y en el Consejo Nacional Electoral. Los pocos registrados solo pueden votar en elecciones nacionales, lo cual limita su participación política. No hay que explicar por qué nada de esto es casual. Si estos no son ciudadanos dignos de reconocimiento, mucho menos lo serán de influir en quien gobierna. En otros países, los expatriados tienen el derecho al sufragio como habitantes de su último domicilio en el país y, por ende, pueden escoger representantes al parlamento. Algunos, como Colombia y Ecuador, pueden incluso escoger representantes propios en el parlamento en circunscripciones extra-territoriales.

El principal reto que enfrenta Venezuela con sus ciudadanos dispersos por el mundo es el del reconocimiento. Para reconocerles, tendrá que saber quienes y cuántos son y asumirlos como ciudadanos, no como parásitos o traidores, sin importar qué los llevó a migrar, el color de su piel y si algo de amor sienten por la patria.


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Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Por Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

Noalarcominero

Protesta contra el AMO frente al Ministerio de Finanzas


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China: el imperio que deja las zanahorias por el garrote

Por Antulio Rosales

La espada de Bolívar

La espada de Bolívar

La República Popular China se convirtió en un gran aliado financiero de Venezuela a partir de 2005 cuando comenzó a proveer préstamos líquidos al país a cambio de petróleo. Con los múltiples mecanismos de financiamiento, China le ha facilitado a Venezuela unos 65 mil millones de dólares. Esta se convirtió en la mayor deuda de país latinoamericano alguno con China. Según el gobierno venezolano los préstamos vienen sin ataduras ni condiciones que limitan la soberanía nacional. Incluso, Nicolás Maduro ha dicho que no debería considerarse “deuda” sino “financiamiento”.

Sin embargo, apoyo del gran hermano chino ha ido cambiando con el tiempo. China lleva dos años que no afloja la cartera de préstamos como espera Venezuela. La sequía de nuevos préstamos ha influido en la crudeza de la crisis que enfrenta el país. En meses recientes, China ha firmado acuerdos de inversión para intentar mantener la producción de petróleo que, en última instancia, garantiza el repago de la deuda original. Venezuela, en contrapartida, ha ido cediendo espacios de control territorial y operacional en las empresas conjuntas de extracción de petróleo y ha otorgado concesiones a dedo en zonas especiales de producción y nuevos centros de explotación minera.

El gobierno chino aunque se ha negado a otorgar nuevos préstamos, cedió facilidades de pago a Venezuela en los compromisos existentes, reestructurando la deuda y ofreciendo nuevos períodos de gracia que solo le dan un mínimo de oxígeno hasta 2017. Básicamente, Venezuela se ha salvado de un default con China en vista de la caída del precio del petróleo, que obligaría enviar más crudo.

No obstante, la pregunta de si el gobierno chino debe o no salvar a su socio del eminente colapso económico ya ocupó la primera página en un diario oficial en China. Hay evidencias de que China no considera al gobierno de Maduro un aliado imprescindible y enfrenta la disyuntiva de cómo asegurar el repago de su deuda y evitar un efecto dominó de defaults en el sur global marcado por la caída de los precios de los commodities.

El anuncio de la Asamblea Nacional de que anularía los compromisos de inversión en el Arco Minero del Orinoco por no haber cumplido con los requisitos constitucionales de consulta previa desató alarmas que, entre otras cosas, provocaron una invitación al jefe de la bancada de la MUD a sostener conversaciones con una organización vinculada al Partido Comunista chino. Luego, informaciones extraoficiales reseñadas en el Financial Times indican que el gobierno chino estaría condicionando cualquier ayuda futura a que el gobierno venezolano lo someta a aprobación de la Asamblea, como obliga la constitución. Aunque posteriormente una portavoz del gobierno negara tales conversaciones, resulta evidente que el gobierno chino considera viable un acercamiento con la oposición. Hasta ahora la oposición venezolana ha sido ambigua frente a Beijing pero, en todo caso, si llegara al gobierno deberá tener relaciones cercanas con el que se ha convertido en el principal inversionista y prestamista del país.

Un posible condicionamiento de nuevos préstamos a cambio de su aprobación en la Asamblea es un hecho trascendente. Esa condición estaría amarrando a la oposición venezolana a mantener relaciones en un posible cambio de gobierno, pero además forzaría al gobierno de Maduro a reconocer al parlamento, algo que ninguna otra potencia extranjera tendría la capacidad de asegurar.

China, como cualquier otro prestamista, está preocupada por un elemento central: que su deuda sea cancelada. Y en las circunstancias actuales, Venezuela necesita financiamiento externo para cumplir con sus compromisos internacionales e incluso para abastecer de productos básicos a la población. En ese contexto, Venezuela por primera vez en una década, ha enviado cifras macroeconómicas oficiales al Fondo Monetario Internacional, pensando en solicitar una ampliación de sus derechos especiales de giro (DEG) u otro mecanismo de financiamiento. Ya Venezuela ha venido canjeando los DEG en meses recientes, en parte por la imposibilidad de pactar nuevos préstamos con China y otras potencias emergentes reticentes a prestar más fondos al gobierno de Maduro.

El gobierno venezolano contó por más de una década con el apoyo fiable de China, que le permitió retrasar reformas elementales de su “modelo” económico y mantener insustentables políticas de gasto público, asfixiantes controles y una sobrevaluación suicida. En ese tiempo, el gobierno comparaba a China con el Fondo Monetario alardeaba de su su solidaridad y no injerencia. Pero ese apoyo se ha ido desvaneciendo y quizás termine siendo China uno de los factores externos que empujen al gobierno de Maduro a reconocer a la oposición en la Asamblea e incluso a asumir las reformas económicas que ha evadido con tanta obstinación.


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Una piedra en el estómago

Por Antulio Rosales

Los pasos lentos de esa señora no me dejan dormir. En un lugar donde una cola se puede convertir en un ataja-perros, con armas incluidas y golpes mortales, ella y otras más se cuestionan si vale la pena buscar comida o medicinas a cambio de la tranquilidad.

En estos días de violenta escasez retumban los informes de saqueos y caos urbano en focos dispersos por todo el país. En simultáneo, el país optimista, politizado o no, reporta redes de solidaridad que irrumpen con una racionalidad difícil de reconocer. Puede que sea ingenua o simplemente sensible, pero lo cierto es que esa racionalidad está ahí. Hay destellos de familiares que buscan medicamentos que otros necesitan. Están los que llevan a las abuelas a hacer compras necesarias.

Unos empujados por la desesperación se ven obligados a rescatar tradiciones para resolver la cotidianidad. Algunos pedantes con voz de vanguardia celebran el hecho. En el fondo siempre quisieron que esto llegara hasta ahí. Arepas de maíz pilado, cosméticos hechos en casa, o la agricultura desde el balcón se convierten en estandartes de lucha y en romance de la tradición-revolución-pobreza.

Bachacos

Bachacos, tomado de islandiacarvan

El paso de la abuela seguirá lento. Los huesos frágiles no se harán más fuertes con los tomates organo-balcónicos. El medicamento de la enfermedad crónica debe llegar. Los niños con epilepsia no pueden esperar. La voluntad transformadora no puede con todo, ni está tan solo enfrentando una batalla de ideales con seres minúsculos, reducidos a insectos contrabandistas. Esos “bachacos” no son la causa sino un síntoma del problema. Para buscar culpables, basta con recordar al ministro que no hacía colas por razones de seguridad, al diputado que hoy es capaz de costearse demandas por difamación en Nueva York, a la pareja que le paga bufete de abogados caros a los sobrinos en problemas, al país socio que revende el petróleo que compró barato a precio de mercado. Así surgió el bachaqueo contemporáneo.

Fajarse a hacer arepas de maíz pilado indica mucho más que un recurso de imaginación. La señora pobre que alimenta a una docena de personas con ese montón de trabajo, no tiene tiempo que perder. No puede hacerlo todo, ni obtener todo lo que necesita. La voluntad es insuficiente y se termina traduciendo en el mensaje que escuchamos ya con más frecuencia: “no como desde ayer”. Hasta ahí llega el romance.

La pelea por acceso a la comida revela que la crisis es dramática y que el poder ha decidido invalidar el ejercicio ciudadano y con ello busca allanar el camino a la violencia. Esa es la única vía de escape y el gobierno confía en que ese es el camino que le favorece, en el que se mantendrá en pie, a duras penas. No es casual que extienda, ignore y obstaculice el proceso democrático en simultáneo con la puesta en marcha de mecanismos perversos para racionar lo poco que hay.

La hipocresía de quienes dicen estar con la paz resulta pasmosa. Es la paz de los hambrientos. La paz de la manipulación más básica. Toma tu bolsa de comida a cambio de retirar tu firma. ¿Militas en la revolución? Algo te llegará a tu puerta. Una bolsa de comida de vez en cuando no garantizará la paz, ni ganará adeptos para la revolución, solo quizás administrará la crisis y dosificará la violencia que es cotidiana. La descentralizará del abasto al vecino, del supermercado al vecindario. La violencia no es solo la piedra contra la vidriera, la violencia es diaria y está en el estómago de la gente.


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La Asamblea y el Arco Minero del Orinoco

Por Antulio Rosales

El 14 de junio, la Asamblea Nacional rechazó el decreto ejecutivo aprobado por el gobierno nacional que permite la creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco. Aunque es una decisión trascendental, ha sido poco reseñada, quizás porque los reportes del caos focalizado que se vive diariamente o los sorpresivos encuentros de alto nivel se roban la atención.

El acuerdo de la AN “niega autorización” al ejecutivo nacional para constituir el AMO, por considerarlo violatorio de la Constitución y por amenazar las cuencas hídricas más importantes del país, así como la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona. El acuerdo rechaza el decreto con el “objetivo expreso de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, la paragua, las zonas protectoras, la cuenca del río Caroní, los Tepuyes (formaciones biogeográficas únicas en el mundo), el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Aéreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica”.

Ana Elisa Osorio en la AN

Ana Elisa Osorio en la AN

La plenaria contó con la participación de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del ambiente del gobierno de Chávez y propulsora, junto con otros líderes ambientalistas, movimientos indígenas y diversos grupos sociales de pronunciamientos y movilizaciones en contra del AMO. Estos pronunciamientos cuentan con numerosos apoyos dentro y fuera de Venezuela de movimientos sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la discusión venezolana sobre el extractivismo. Si bien los partidos asociados a la Mesa de la Unidad Democrática en general concuerdan con la tradicional agenda extractiva nacional—quizás bajo principios distintos a las que lleva a cabo el actual gobierno—los términos de este acuerdo coinciden con las demandas sociales de grupos ambientalistas y defensores de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. El texto hace referencia también a compromisos asumidos por la República en convenios internacionales en materia ambiental. Tal vez lo más importante del acuerdo es que la Asamblea está dando señales concretas de apertura a voces plurales que hacen vida en el país, incluso más allá de su tradicional zona de confort social y política. En sí mismo es un gesto trascendental después de años de diálogos de sordos en Venezuela.

Los representantes del PSUV denunciaron en el debate que se trataba de un mecanismo para detener cualquier avance del gobierno para enfrentar la crisis. Posiblemente esas sean las motivaciones de algunos impulsores de este acuerdo. Sin embargo, más allá de las motivaciones coyunturales, el acuerdo pone de manifiesto las contradicciones del gobierno nacional que dice defender la causa de los desvalidos mientras apuesta por la gran minería en alianza con inversionistas transnacionales para financiar los últimos respiros del socialismo rentista bolivariano.

El jefe de la bancada revolucionaria dijo además que rechazar el AMO implica favorecer la minería ilegal y el control irregular del territorio. Ese argumento responde a los conocidos chantajes del gobierno y busca criminalizar la protesta ciudadana. De acuerdo a esta lógica, la única forma de controlar la minería ilegal es creando un territorio de masiva extracción a cielo abierto bajo el control del Estado y en alianza con inversionistas extranjeros. Pero además, se haría prohibiendo cualquier protesta “particular” que contravenga el “interés general” de que el propio Estado delimita. Después de abandonar sus responsabilidades y competencias de control territorial dejándole la cuenca del Orinoco a grupos irregulares y armados—con complicidad de las propias fuerzas represivas del Estado—el gobierno culpa a quienes rechazan la mega minería de ser aliados funcionales de la mafia. Aunque pareciera, no es un chiste.


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El tiempo: arma bolivariana en la guerra de cuarta generación

Por Antulio Rosales

El gobierno decidió cerrar todas las vías de diálogo, negociación o simple viabilidad política a cualquier alternativa de su proyecto. Antes de enfrentar a la oposición que hace vida en el parlamento, decidió maniatarlo; utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para someterlo y subyugarlo al Ejecutivo. La Asamblea se ha convertido en un espacio nulo, cuya única prerrogativa es gritar, esgrimir argumentos, emitir declaraciones de voluntad y, posiblemente, aumentar algún bono extra-salarial. Eso es todo. La estrategia funciona, por ahora, ya que deja extenuada a una población cada vez más preocupada por qué será lo que comerá mañana o dónde encontrará la medicina para sobrevivir. Las diatribas Asamblea-gobierno se hacen cada vez más lejanas para quienes deben pensar en resolver el día a día.

Quedó el Referendo Revocatorio como única válvula de escape para la crisis. Y esa fue en parte la elección del propio gobierno, poniéndole obstáculos a cualquier otra salida y permitiendo que, a duras penas, avance el proceso revocatorio. Lo permite porque le lleva el reloj al proceso. Lo controla por vía remota y así deja un hilo de esperanza para una heterogénea y cada vez más amplia población que le opone, al tiempo que se asegura de que esa posibilidad enfrente cuanto obstáculo se le ocurra ponerle en el camino. El revocatorio se ha convertido en la salida de la MUD, pero también en los descontentos del chavismo que no hallan espacio en la atrincherada cúpula de gobierno y convirtieron el referendo en su propio desafío. Ahí también cifran su esperanza quienes quieren re-organizar al chavismo como una fuerza popular y alternativa al gobierno de Maduro.

La estrategia del referendo es riesgosa, por lo complicado del proceso y por todos los mecanismos de control y castigo que ejerce el gobierno sin ningún reparo ni contrapeso. Ya Maduro ha dicho que no hará nada en contra de los firmantes, pero igualmente, ha pedido—amenazante y en referencia a Luis Tascón—que “dejen a ese muchacho descansar en paz”, y de manera poco sutil designó a Jorge Rodríguez para que verifique las firmas. Rodríguez se apresuró a decir que si bien el voto es secreto, la “expresión de voluntad” no lo es. Ciertamente alcalde, la expresión de voluntad no es secreta, pero también ha de ser libre y ciudadana. La Constitución de la República consagra derechos para la filiación política a la ciudadanía, obliga la no discriminación y estipula que todos los cargos de elección popular son en efecto revocables.

Pese a todas las estrategias de escarnio y amenazas de discriminación, el arma más potente con la que cuenta el gobierno es el tiempo. Los servicios, derechos o empleos que ofrece el Estado como si fueran exclusivas dádivas del Alto Mando Político de la Revolución se han devaluado al mismo ritmo que la moneda. Esa ya no es una amenaza tan potente como pudo haber sido hace 12 años. Perder un estipendio o un salario estancado por la inflación no parece ser un dolor de cabeza. Pero el tiempo es más poderoso.

El tiempo puede hacer explotar la bomba de urgencia que implica el desabastecimiento y que se atiza cada día que no aumenta el precio del barril. El tiempo le permite al gobierno seguir argumentando hasta el colapso que es víctima de una gran conspiración de cuarta generación dirigida desde Washington y apoyada por sus acólitos nacionales. Pareciera que su esperanza radica en ese colapso a cuenta gotas, ese que está llegando de a poco y que le inyecta potencia a su psicosis conspiratoria, por eso se niega a negociar salidas, se niega a tomar medidas, se rehúsa a un diálogo que aplaque la crisis. Así que vendrán impugnaciones a las firmas, reválidas, confirmaciones, anulaciones y retrasos en cada punto del proceso para activar el referendo. Maduro se aferra al control del reloj para estirar la arruga más allá de 2017 y asegurarse ganar, incluso perdiendo. Eso permitirá a Maduro designar a su reemplazo, nombrando a un(a) vicepresidente(a) a la medida que dirija una transición madurista y mantener su gobierno enchufado a las máquinas que hasta ahora le dan vida.

Persistencia de la memoria

Persistencia de la memoria, Salvador Dalí