Fuera de radar


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Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Por Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

Noalarcominero

Protesta contra el AMO frente al Ministerio de Finanzas


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China: el imperio que deja las zanahorias por el garrote

Por Antulio Rosales

La espada de Bolívar

La espada de Bolívar

La República Popular China se convirtió en un gran aliado financiero de Venezuela a partir de 2005 cuando comenzó a proveer préstamos líquidos al país a cambio de petróleo. Con los múltiples mecanismos de financiamiento, China le ha facilitado a Venezuela unos 65 mil millones de dólares. Esta se convirtió en la mayor deuda de país latinoamericano alguno con China. Según el gobierno venezolano los préstamos vienen sin ataduras ni condiciones que limitan la soberanía nacional. Incluso, Nicolás Maduro ha dicho que no debería considerarse “deuda” sino “financiamiento”.

Sin embargo, apoyo del gran hermano chino ha ido cambiando con el tiempo. China lleva dos años que no afloja la cartera de préstamos como espera Venezuela. La sequía de nuevos préstamos ha influido en la crudeza de la crisis que enfrenta el país. En meses recientes, China ha firmado acuerdos de inversión para intentar mantener la producción de petróleo que, en última instancia, garantiza el repago de la deuda original. Venezuela, en contrapartida, ha ido cediendo espacios de control territorial y operacional en las empresas conjuntas de extracción de petróleo y ha otorgado concesiones a dedo en zonas especiales de producción y nuevos centros de explotación minera.

El gobierno chino aunque se ha negado a otorgar nuevos préstamos, cedió facilidades de pago a Venezuela en los compromisos existentes, reestructurando la deuda y ofreciendo nuevos períodos de gracia que solo le dan un mínimo de oxígeno hasta 2017. Básicamente, Venezuela se ha salvado de un default con China en vista de la caída del precio del petróleo, que obligaría enviar más crudo.

No obstante, la pregunta de si el gobierno chino debe o no salvar a su socio del eminente colapso económico ya ocupó la primera página en un diario oficial en China. Hay evidencias de que China no considera al gobierno de Maduro un aliado imprescindible y enfrenta la disyuntiva de cómo asegurar el repago de su deuda y evitar un efecto dominó de defaults en el sur global marcado por la caída de los precios de los commodities.

El anuncio de la Asamblea Nacional de que anularía los compromisos de inversión en el Arco Minero del Orinoco por no haber cumplido con los requisitos constitucionales de consulta previa desató alarmas que, entre otras cosas, provocaron una invitación al jefe de la bancada de la MUD a sostener conversaciones con una organización vinculada al Partido Comunista chino. Luego, informaciones extraoficiales reseñadas en el Financial Times indican que el gobierno chino estaría condicionando cualquier ayuda futura a que el gobierno venezolano lo someta a aprobación de la Asamblea, como obliga la constitución. Aunque posteriormente una portavoz del gobierno negara tales conversaciones, resulta evidente que el gobierno chino considera viable un acercamiento con la oposición. Hasta ahora la oposición venezolana ha sido ambigua frente a Beijing pero, en todo caso, si llegara al gobierno deberá tener relaciones cercanas con el que se ha convertido en el principal inversionista y prestamista del país.

Un posible condicionamiento de nuevos préstamos a cambio de su aprobación en la Asamblea es un hecho trascendente. Esa condición estaría amarrando a la oposición venezolana a mantener relaciones en un posible cambio de gobierno, pero además forzaría al gobierno de Maduro a reconocer al parlamento, algo que ninguna otra potencia extranjera tendría la capacidad de asegurar.

China, como cualquier otro prestamista, está preocupada por un elemento central: que su deuda sea cancelada. Y en las circunstancias actuales, Venezuela necesita financiamiento externo para cumplir con sus compromisos internacionales e incluso para abastecer de productos básicos a la población. En ese contexto, Venezuela por primera vez en una década, ha enviado cifras macroeconómicas oficiales al Fondo Monetario Internacional, pensando en solicitar una ampliación de sus derechos especiales de giro (DEG) u otro mecanismo de financiamiento. Ya Venezuela ha venido canjeando los DEG en meses recientes, en parte por la imposibilidad de pactar nuevos préstamos con China y otras potencias emergentes reticentes a prestar más fondos al gobierno de Maduro.

El gobierno venezolano contó por más de una década con el apoyo fiable de China, que le permitió retrasar reformas elementales de su “modelo” económico y mantener insustentables políticas de gasto público, asfixiantes controles y una sobrevaluación suicida. En ese tiempo, el gobierno comparaba a China con el Fondo Monetario alardeaba de su su solidaridad y no injerencia. Pero ese apoyo se ha ido desvaneciendo y quizás termine siendo China uno de los factores externos que empujen al gobierno de Maduro a reconocer a la oposición en la Asamblea e incluso a asumir las reformas económicas que ha evadido con tanta obstinación.


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La Asamblea y el Arco Minero del Orinoco

Por Antulio Rosales

El 14 de junio, la Asamblea Nacional rechazó el decreto ejecutivo aprobado por el gobierno nacional que permite la creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco. Aunque es una decisión trascendental, ha sido poco reseñada, quizás porque los reportes del caos focalizado que se vive diariamente o los sorpresivos encuentros de alto nivel se roban la atención.

El acuerdo de la AN “niega autorización” al ejecutivo nacional para constituir el AMO, por considerarlo violatorio de la Constitución y por amenazar las cuencas hídricas más importantes del país, así como la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona. El acuerdo rechaza el decreto con el “objetivo expreso de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, la paragua, las zonas protectoras, la cuenca del río Caroní, los Tepuyes (formaciones biogeográficas únicas en el mundo), el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Aéreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica”.

Ana Elisa Osorio en la AN

Ana Elisa Osorio en la AN

La plenaria contó con la participación de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del ambiente del gobierno de Chávez y propulsora, junto con otros líderes ambientalistas, movimientos indígenas y diversos grupos sociales de pronunciamientos y movilizaciones en contra del AMO. Estos pronunciamientos cuentan con numerosos apoyos dentro y fuera de Venezuela de movimientos sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la discusión venezolana sobre el extractivismo. Si bien los partidos asociados a la Mesa de la Unidad Democrática en general concuerdan con la tradicional agenda extractiva nacional—quizás bajo principios distintos a las que lleva a cabo el actual gobierno—los términos de este acuerdo coinciden con las demandas sociales de grupos ambientalistas y defensores de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. El texto hace referencia también a compromisos asumidos por la República en convenios internacionales en materia ambiental. Tal vez lo más importante del acuerdo es que la Asamblea está dando señales concretas de apertura a voces plurales que hacen vida en el país, incluso más allá de su tradicional zona de confort social y política. En sí mismo es un gesto trascendental después de años de diálogos de sordos en Venezuela.

Los representantes del PSUV denunciaron en el debate que se trataba de un mecanismo para detener cualquier avance del gobierno para enfrentar la crisis. Posiblemente esas sean las motivaciones de algunos impulsores de este acuerdo. Sin embargo, más allá de las motivaciones coyunturales, el acuerdo pone de manifiesto las contradicciones del gobierno nacional que dice defender la causa de los desvalidos mientras apuesta por la gran minería en alianza con inversionistas transnacionales para financiar los últimos respiros del socialismo rentista bolivariano.

El jefe de la bancada revolucionaria dijo además que rechazar el AMO implica favorecer la minería ilegal y el control irregular del territorio. Ese argumento responde a los conocidos chantajes del gobierno y busca criminalizar la protesta ciudadana. De acuerdo a esta lógica, la única forma de controlar la minería ilegal es creando un territorio de masiva extracción a cielo abierto bajo el control del Estado y en alianza con inversionistas extranjeros. Pero además, se haría prohibiendo cualquier protesta “particular” que contravenga el “interés general” de que el propio Estado delimita. Después de abandonar sus responsabilidades y competencias de control territorial dejándole la cuenca del Orinoco a grupos irregulares y armados—con complicidad de las propias fuerzas represivas del Estado—el gobierno culpa a quienes rechazan la mega minería de ser aliados funcionales de la mafia. Aunque pareciera, no es un chiste.