Fuera de radar


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La agenda LGBTI: un memo que no termina de llegar

Por Antulio Rosales

Cuando se instale la próxima Asamblea Nacional, Venezuela tendrá el récord tristemente célebre de haber contado con 10 años de un parlamento completamente dominado por una facción “revolucionaria” y no haber dado ni un paso para avanzar los derechos de la población que se identifica como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI).

Al contrario, en no pocas de sus plenarias, la homofobia fue usada como arma política para menospreciar al adversario. Un diputado, actual candidato a la reelección y comisionado presidencial para la reforma policial, dijo en un programa televisión que cualquier persona podía ser policía, menos un homosexual declarado. Tampoco un varón que use zarcillos o tenga tatuajes. Eso se lo dejó—con menosprecio evidente—a las universidades. Freddy Bernal en efecto hizo pública su adhesión a la doble moral que domina en la sociedad: ser gay está bien, pero escondido. Nadie reprendió al diputado, claro está.

Para estas elecciones, el partido de gobierno impidió que pre-candidatas transexuales y activistas homosexuales pudieran optar por un curul en diciembre. Se les negó el derecho a ser elegidas. El machismo revolucionario y el conservadurismo de iglesias evangélicas que tienen importante influencia en el PSUV tuvieron más peso que cualquier otra consideración, incluyendo el arrastre popular de las precandidaturas.

ACTIVISTAS PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN VENEZUELA

Manifestación en favor del Matrimonio Igualitario

Después de diversas manifestaciones y pronunciamientos públicos, los movimientos que buscan la legalización del matrimonio igualitario han sido recibidos por la Asamblea sin mayores éxitos. Hace unos años, el entonces presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, dijo con claridad que no encontrarían apoyo en la bancada revolucionaria y que les faltaba muchas batallas por luchar antes de ser escuchadas sus demandas Descaradamente, el presidente del Parlamento le dijo a un grupo de electores que seguirán en condición de ciudadanos de segunda y su partido político no hará nada al respecto. Por supuesto, les pidió sumarse a la lucha contra el capitalismo, única importante.

Hace unos meses Nicolás Maduro en un momento de concesiones discursivas de las que nos tiene acostumbrado su movimiento político, pidió “abrir la discusión” sobre el matrimonio igualitario y sobre el aborto. El memo no le llegó al presidente de la Asamblea Nacional.

En la actualidad, son pocas las candidaturas que han asumido el tema de manera abierta. En el circuito 2 de Miranda, tanto Delsa Solórzano como Erika Ortega parecen defender la idea. En todo caso, al instalarse la próxima legislatura, tendrá una deuda que saldar. Otros parlamentos en América Latina han demostrado con madurez que pueden satisfacer una demanda de derechos humanos elemental y que no hace falta pasar por más siglos de marginación para “crear conciencia” en sus sociedades pacatas. El último ejemplo fue la corte suprema colombiana que declaró admisible la adopción por parejas del mismo sexo.

Todos esos parlamentos y tribunales, han practicado el principio básico de separación Estado-iglesias y han avanzado en leyes que facilitan reconocer la humanidad común de su ciudadanía. Se trata de reconocer familias que existen hoy, padres y madres que no cuentan con todos los derechos necesarios para cuidar a las hijas e hijos que ya tienen. Hay quienes en el lecho de muerte tienen negada la posibilidad a estar acompañados por quienes han vivido a su lado por décadas y más aún, se les podría negar el derecho a tomar decisiones fundamentales que a parejas heterosexuales no se le cuestionaría. Es una deuda elemental y saldarla no es otra cosa que una responsabilidad para quienes resulten elegidos.

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Los crímenes de odio: ‘selfie’ de la impunidad

Por Antulio Rosales

¿Qué nos tiene que importar del autor intelectual de uno de los crímenes más horrendos cometidos en Venezuela en los últimos años? De acuerdo con la prensa oficial venezolana, los organismos del Estado y sus replicadores en redes sociales, lo único que importa sobre este individuo es la colección de selfies y otros retratos que tenga con diversas personalidades del jetset político opositor.

Tenemos que conocer de parte del Presidente de la República una confesión fría, calculada, bien hablada, escrupulosamente cortés realizada por los órganos de investigación criminal en la que lo más resaltante es a quienes conocía, quienes le dieron plata alguna vez y, léase bien, dónde y cómo lo entrenaron. Es una confesión nítida, lineal, que no sufre de alteraciones temporales, ni de pausas para recapitular detalles. Es una confesión en la que no se contradice. Lo que es más, el criminal no parece estar nervioso, no parece estar enfrentando una sentencia larga y dolorosa en una cárcel venezolana en la que seguramente se le irá su juventud y mucho de su vida. El criminal parece estar dando amplios detalles de sus relaciones con la política venezolana como si se tratara de un trance, de un mecanismo de cooperación, para recibir alguna medida compensatoria.

Quedó atrás el crimen. El asesinato de Hergueta es una nota marginal en el chisme principal. Pero lo que es peor, quedan atrás una serie de crímenes que no importan. Ya no es noticia el video aficionado en el que se capturan imágenes de un ajusticiamiento que hacen funcionarios de la Policía de Aragua a un presunto delincuente, un don nadie que es lanzado como desperdicio en el asfalto junto con otros dos sin nombre que corrieron la misma suerte. Esos policías no se hicieron selfies con diputado o gobernador alguno. El anuncio de Tarek El Aissami fue suficiente, el Estado no se moviliza para evitar que estos crímenes se repitan. Debemos confiar que además su plan estrella contra la delincuencia no caerá en excesos de este tipo. El Estado no siente que debe redoblar esfuerzos y tomar espacios de la televisión nacional para denunciar lo crudamente político de estos crímenes. Siguen siendo hechos aislados en una gran estructura de respeto a los derechos humanos y uso progresivo de la fuerza.

Vanessa de Almeida (derecha)

Vanessa de Almeida (derecha)

Más atrás todavía quedaron las recientes muertes de Vanessa de Almeida, Marimar Durán y Gaby Ayala, víctimas de odio por su identidad de género. Esas muertes no tienen ranking alguno en la discusión nacional, son anónimas. Esas muertes escasamente llegaron a recibir un click en la opinión pública, no merecieron ni un pronunciamiento, ni siquiera una hipócrita promesa de justicia. Esas muertes no generan una mínima ventaja proselitista en un momento de escasez de afectos electorales, no importa qué conexiones tengan sus asesinos, quienes les hayan entrenado o cuáles sean sus vínculos políticos, reales o no. La política no llega a esos cuerpos, la política no se preocupa por esas muertes, esas muertes no son políticas. No forman parte del hecho público que nos compromete y nos horroriza.

Mientras la atención se desvía a la posible relación entre Primero Justicia y el Descuartizador del Siglo XXI, la impunidad es el mejor alimento para nuevas muertes que pasarán inadvertidas y sumarán montañas de cuerpos inertes sin valor alguno.