Fuera de radar


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Petróleo y constituyente: la última piñata

Por Antulio Rosales

Escarrá

Póngame la piñata por aquí

Mientras vemos silentes e impotentes a Venezuela deshacerse en un espiral de violencia,  algunos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente corporativa que promueve el gobierno de Nicolás Maduro han venido haciendo anuncios inquietantes acerca del devenir del petróleo en la post-República.

Vale la pena recapitular el contexto en el que la Constituyente emerge. En términos globales: bajos precios del petróleo. Ello debido a la sobre saturación del mercado, apuntalado especialmente por el petróleo de esquisto estadounidense; y una demanda en descenso, por la caída relativa del crecimiento económico en China y otras potencias emergentes. En Venezuela, se presenta la peor crisis económica de la historia, con graves implicaciones para la industria petrolera: disminución acentuada de la producción, sobre todo de los campos que dependen de PDVSA y, por ende, mayor dependencia en los crudos extraídos con socios extranjeros. Crudos más pesados y, además, menos rentables.

Para tratar de paliar la situación, el gobierno ha buscado incentivar nuevas inversiones, como es común en épocas de precios bajos. Ha ofrecido activos de CITGO como garantía para refinanciar sus bonos de la deuda. Se comprometió en una política de ambiciosa expansión minera, con fuerte resistencia social y poco entusiasmo entre inversionistas. Y, finalmente, trató de avalar modificaciones a la estructura de las Empresas Mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco sin contar con la aprobación del Parlamento. Es decir, buscaba vender activos a precios de gallina flaca a empresas extranjeras – seguramente de países aliados – a espaldas de la soberanía popular.

De ahí viene el conflicto que hoy tenemos, de las famosas sentencias 155 y 156 en las cuales el TSJ disolvía la Asamblea Nacional, pero además permitía al gobierno saltar los procedimientos de contrapesos contemplados en la Ley de Hidrocarburos.

En ese contexto, el candidato a constituyentista Hernán Escarrá anunció que la ANC debía estatizar completamente la industria petrolera. Se aventuró incluso a sugerir la redacción de un nuevo artículo 303 que taxativamente estatizara la industria. Desde que la izquierda venezolana lograra la aprobación de la Ley de Reversión de los hidrocarburos en el Congreso a comienzos de los años 70 del siglo pasado, un estatismo tan pronunciado no era pregonado a ese nivel. Ni Hugo Chávez propuso algo así. Incluso su campaña de plena soberanía petrolera– hecha en un momento de precios elevadísimos y un contexto de apoyo interno y respaldo externo muy distintos a los que cuenta Maduro hoy – se cuidó de mantener la inversión extranjera en el país.

Es que el anuncio contradice lo que el gobierno ha venido buscando con sentencias como la 155 y 156. Es posible que Escarrá solo busca alebrestar un momentáneo sentimiento nacionalista para luego negociar con las preocupadas empresas que habrán iniciado sus consultas con las estructuras de poder. Como dice Francisco Monaldi, es en todo caso un suicidio para el propio Estado. Implicaría acabar con la poca producción que mantiene a flote el ingreso de divisas que tiene el país. Esas escasas divisas que permiten importar lo poco que se consume y lo que se paga en deuda. Si algo está claro es que el Estado venezolano en solitario no podría mantener el nivel de producción que hoy tienen empresas mixtas.

Pese a lo irracional, es un anuncio que puede emocionar a aventureros armados y apoyados que quisieran extraer unos centavos más de un botín que se ha visto mermado. Escarrá está quizás anunciando el último capítulo de esta piñata-República.


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Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

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Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

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Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.


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Golpista y cobarde

Por Antulio Rosales

En pocas horas ya se ha dicho bastante. Se les cayó la careta. Amaneció en dictadura. Se cerró la última ventana democrática que quedaba.

Con la displicencia que sienten los déspotas por la soberanía popular, el gobierno anuló el Referendo Revocatorio por la vía de tribunales inferiores. Los gobernadores acólitos, esos cuyo mandato fue extendido de manera espuria hace apenas unos días, fueron los encargados de liderar la jugada. En simultáneo, militarizan la autopista Caracas-La Guaira y prohíben la salida del país de unos cuantos líderes de la oposición.

El Presidente devenido dictador se fue antes de todo eso. Salió con la excusa de ir en tour relámpago (¡de cuatro días!) a seguir buscando el anhelado aumento de los precios del petróleo. Como si hubiera sido exitoso en esa empresa los últimos meses. Escogió irse ayer y cuando su avión estuviera cruzando el Atlántico, actuaron los poderes públicos coordinados y bajo órdenes centrales. Actúan con la indolencia que alguna vez tuvieron otros tiranos nacionales. Pero este tiene una característica especial: es un cobarde. Dejó preparado el terreno para truncar la participación popular y no asumió su parte. Lo asomó preguntando en asamblea coreografiada si los presentes estarían dispuestos a volver a perder una elección. La negativa efectiva se la dejó a otros, que actuaron escondidos en tuits y notas de prensa. La doctora Lucena no mostró su cara. Los gobernadores llevaron su demanda fraudulenta a 140 caracteres y Maduro campante se fue a Medio Oriente a buscar nuevos acuerdos dejando la estela militar entre Plaza Sucre y Maiquetía.

Este aventurero golpista decidió no asumir su responsabilidad, vaya forma de traicionar el legado.

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China: el imperio que deja las zanahorias por el garrote

Por Antulio Rosales

La espada de Bolívar

La espada de Bolívar

La República Popular China se convirtió en un gran aliado financiero de Venezuela a partir de 2005 cuando comenzó a proveer préstamos líquidos al país a cambio de petróleo. Con los múltiples mecanismos de financiamiento, China le ha facilitado a Venezuela unos 65 mil millones de dólares. Esta se convirtió en la mayor deuda de país latinoamericano alguno con China. Según el gobierno venezolano los préstamos vienen sin ataduras ni condiciones que limitan la soberanía nacional. Incluso, Nicolás Maduro ha dicho que no debería considerarse “deuda” sino “financiamiento”.

Sin embargo, apoyo del gran hermano chino ha ido cambiando con el tiempo. China lleva dos años que no afloja la cartera de préstamos como espera Venezuela. La sequía de nuevos préstamos ha influido en la crudeza de la crisis que enfrenta el país. En meses recientes, China ha firmado acuerdos de inversión para intentar mantener la producción de petróleo que, en última instancia, garantiza el repago de la deuda original. Venezuela, en contrapartida, ha ido cediendo espacios de control territorial y operacional en las empresas conjuntas de extracción de petróleo y ha otorgado concesiones a dedo en zonas especiales de producción y nuevos centros de explotación minera.

El gobierno chino aunque se ha negado a otorgar nuevos préstamos, cedió facilidades de pago a Venezuela en los compromisos existentes, reestructurando la deuda y ofreciendo nuevos períodos de gracia que solo le dan un mínimo de oxígeno hasta 2017. Básicamente, Venezuela se ha salvado de un default con China en vista de la caída del precio del petróleo, que obligaría enviar más crudo.

No obstante, la pregunta de si el gobierno chino debe o no salvar a su socio del eminente colapso económico ya ocupó la primera página en un diario oficial en China. Hay evidencias de que China no considera al gobierno de Maduro un aliado imprescindible y enfrenta la disyuntiva de cómo asegurar el repago de su deuda y evitar un efecto dominó de defaults en el sur global marcado por la caída de los precios de los commodities.

El anuncio de la Asamblea Nacional de que anularía los compromisos de inversión en el Arco Minero del Orinoco por no haber cumplido con los requisitos constitucionales de consulta previa desató alarmas que, entre otras cosas, provocaron una invitación al jefe de la bancada de la MUD a sostener conversaciones con una organización vinculada al Partido Comunista chino. Luego, informaciones extraoficiales reseñadas en el Financial Times indican que el gobierno chino estaría condicionando cualquier ayuda futura a que el gobierno venezolano lo someta a aprobación de la Asamblea, como obliga la constitución. Aunque posteriormente una portavoz del gobierno negara tales conversaciones, resulta evidente que el gobierno chino considera viable un acercamiento con la oposición. Hasta ahora la oposición venezolana ha sido ambigua frente a Beijing pero, en todo caso, si llegara al gobierno deberá tener relaciones cercanas con el que se ha convertido en el principal inversionista y prestamista del país.

Un posible condicionamiento de nuevos préstamos a cambio de su aprobación en la Asamblea es un hecho trascendente. Esa condición estaría amarrando a la oposición venezolana a mantener relaciones en un posible cambio de gobierno, pero además forzaría al gobierno de Maduro a reconocer al parlamento, algo que ninguna otra potencia extranjera tendría la capacidad de asegurar.

China, como cualquier otro prestamista, está preocupada por un elemento central: que su deuda sea cancelada. Y en las circunstancias actuales, Venezuela necesita financiamiento externo para cumplir con sus compromisos internacionales e incluso para abastecer de productos básicos a la población. En ese contexto, Venezuela por primera vez en una década, ha enviado cifras macroeconómicas oficiales al Fondo Monetario Internacional, pensando en solicitar una ampliación de sus derechos especiales de giro (DEG) u otro mecanismo de financiamiento. Ya Venezuela ha venido canjeando los DEG en meses recientes, en parte por la imposibilidad de pactar nuevos préstamos con China y otras potencias emergentes reticentes a prestar más fondos al gobierno de Maduro.

El gobierno venezolano contó por más de una década con el apoyo fiable de China, que le permitió retrasar reformas elementales de su “modelo” económico y mantener insustentables políticas de gasto público, asfixiantes controles y una sobrevaluación suicida. En ese tiempo, el gobierno comparaba a China con el Fondo Monetario alardeaba de su su solidaridad y no injerencia. Pero ese apoyo se ha ido desvaneciendo y quizás termine siendo China uno de los factores externos que empujen al gobierno de Maduro a reconocer a la oposición en la Asamblea e incluso a asumir las reformas económicas que ha evadido con tanta obstinación.


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El tiempo: arma bolivariana en la guerra de cuarta generación

Por Antulio Rosales

El gobierno decidió cerrar todas las vías de diálogo, negociación o simple viabilidad política a cualquier alternativa de su proyecto. Antes de enfrentar a la oposición que hace vida en el parlamento, decidió maniatarlo; utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para someterlo y subyugarlo al Ejecutivo. La Asamblea se ha convertido en un espacio nulo, cuya única prerrogativa es gritar, esgrimir argumentos, emitir declaraciones de voluntad y, posiblemente, aumentar algún bono extra-salarial. Eso es todo. La estrategia funciona, por ahora, ya que deja extenuada a una población cada vez más preocupada por qué será lo que comerá mañana o dónde encontrará la medicina para sobrevivir. Las diatribas Asamblea-gobierno se hacen cada vez más lejanas para quienes deben pensar en resolver el día a día.

Quedó el Referendo Revocatorio como única válvula de escape para la crisis. Y esa fue en parte la elección del propio gobierno, poniéndole obstáculos a cualquier otra salida y permitiendo que, a duras penas, avance el proceso revocatorio. Lo permite porque le lleva el reloj al proceso. Lo controla por vía remota y así deja un hilo de esperanza para una heterogénea y cada vez más amplia población que le opone, al tiempo que se asegura de que esa posibilidad enfrente cuanto obstáculo se le ocurra ponerle en el camino. El revocatorio se ha convertido en la salida de la MUD, pero también en los descontentos del chavismo que no hallan espacio en la atrincherada cúpula de gobierno y convirtieron el referendo en su propio desafío. Ahí también cifran su esperanza quienes quieren re-organizar al chavismo como una fuerza popular y alternativa al gobierno de Maduro.

La estrategia del referendo es riesgosa, por lo complicado del proceso y por todos los mecanismos de control y castigo que ejerce el gobierno sin ningún reparo ni contrapeso. Ya Maduro ha dicho que no hará nada en contra de los firmantes, pero igualmente, ha pedido—amenazante y en referencia a Luis Tascón—que “dejen a ese muchacho descansar en paz”, y de manera poco sutil designó a Jorge Rodríguez para que verifique las firmas. Rodríguez se apresuró a decir que si bien el voto es secreto, la “expresión de voluntad” no lo es. Ciertamente alcalde, la expresión de voluntad no es secreta, pero también ha de ser libre y ciudadana. La Constitución de la República consagra derechos para la filiación política a la ciudadanía, obliga la no discriminación y estipula que todos los cargos de elección popular son en efecto revocables.

Pese a todas las estrategias de escarnio y amenazas de discriminación, el arma más potente con la que cuenta el gobierno es el tiempo. Los servicios, derechos o empleos que ofrece el Estado como si fueran exclusivas dádivas del Alto Mando Político de la Revolución se han devaluado al mismo ritmo que la moneda. Esa ya no es una amenaza tan potente como pudo haber sido hace 12 años. Perder un estipendio o un salario estancado por la inflación no parece ser un dolor de cabeza. Pero el tiempo es más poderoso.

El tiempo puede hacer explotar la bomba de urgencia que implica el desabastecimiento y que se atiza cada día que no aumenta el precio del barril. El tiempo le permite al gobierno seguir argumentando hasta el colapso que es víctima de una gran conspiración de cuarta generación dirigida desde Washington y apoyada por sus acólitos nacionales. Pareciera que su esperanza radica en ese colapso a cuenta gotas, ese que está llegando de a poco y que le inyecta potencia a su psicosis conspiratoria, por eso se niega a negociar salidas, se niega a tomar medidas, se rehúsa a un diálogo que aplaque la crisis. Así que vendrán impugnaciones a las firmas, reválidas, confirmaciones, anulaciones y retrasos en cada punto del proceso para activar el referendo. Maduro se aferra al control del reloj para estirar la arruga más allá de 2017 y asegurarse ganar, incluso perdiendo. Eso permitirá a Maduro designar a su reemplazo, nombrando a un(a) vicepresidente(a) a la medida que dirija una transición madurista y mantener su gobierno enchufado a las máquinas que hasta ahora le dan vida.

Persistencia de la memoria

Persistencia de la memoria, Salvador Dalí


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Estado, incapacidad y crisis energética

Por Antulio Rosales

Hace unas semanas, el Presidente exhortó a las mujeres de Venezuela a sacrificar el uso del secador de pelo, ya que el artefacto consume electricidad en exceso. No pudo faltar, Maduro además hizo su respectiva recomendación acerca de la belleza de una mujer, “que se ve más bonita cuando se peina con los dedos”. El inusual exhorto y su valoración innecesaria sobre los cánones de belleza de las ciudadanas pasó inadvertido y tampoco ha contado con suficiente respaldo, así que el gobierno anunció que durante las próximas dos semanas, serán solo dos los días laborables para la administración pública. El viernes será libre para las escuelas del Estado. Estas son las medidas de urgencia que tomó el gobierno nacional después de meses con horarios recortados, feriados extra largos y viernes no trabajados para intentar ahorrar energía.

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A la luz de las velas…

Hace pocos años, Venezuela se preparaba para ser una gran potencia energética mundial, pero ahora no aguanta una fuerte sequía producto del cíclico fenómeno natural El Niño. La crisis actual no es resultado solo de la sequía sino de la incapacidad de las autoridades. Las inversiones en plantas termoeléctricas, las nuevas hidroeléctricas y el mantenimiento de la capacidad instalada se ha difuminado en corrupción e ineficiencia. Los intentos de energía renovable no convencional no han avanzado.

Mientras tanto, la población de todo el país—exceptuando Caracas—enfrenta racionamientos diarios que se suman a la intermitencia de servicios públicos y la restricción de horarios en locales comerciales. Se trata de un toque de queda a la luz de las velas y al zumbido de plagas. Contrario a lo que anuncia el gobierno, el racionamiento afecta la oferta de servicios básicos como los de salud, tanto públicos como privados. Y todo ello se incorpora a las dificultades para encontrar productos básicos en las tiendas y supermercados.

Lo sustancial es que las medidas de ahorro energético muestran una cruda paradoja del gobierno bolivariano. Por una parte, la revolución se ha planteado regular casi todos los ámbitos de la vida pública, ha creado ministerios por cuanto problema común identifica o ideal social le alimenta. Nuestra administración pública cuenta con cientos de viceministerios, solapados unos con otros. Son tantos que quizás el propio Presidente no podría recordarlos de memoria. Pero por otra parte, el propio gobierno hace prescindible la función pública. Tiene años mermándola. Ya en 2010 cuando surgió la crisis de damnificados, esa vez por lluvias, el gobierno decidió transformar las sedes ministeriales en refugios. De un día para otro, el fucionariato tuvo que irse a su casa, a trabajar como pudiera, sin aviso de cuando volvería a su sitio de trabajo. En estos años el Estado se ha convertido en una suerte de comité de contingencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, un conglomerado de Salas Situacionales que enfrentan la coyuntura diaria. De resto, es un mamotreto fantasma que no puede asegurar ni la más básica de sus funciones.

Estas medidas, además de contraproducentes para la paz de la población han resultado ser poco efectivas. Lo dijo el vice-ministro de energía eléctrica quien desestimó el ahorro eléctrico del asueto de Semana Santa, que también fue decretada no-laborable. Pese a ello, el gobierno sigue mandando a sus hogares a miles de trabajadores públicos a consumir en casa la electricidad que no consumirán en las oficinas. Todo eso lo seguirá haciendo hasta que vuelva a llover sobre El Guri. Todo ese sacrificio con tal de no aumentar las tarifas de la electricidad, que el Estado casi regala pero es incapaz de proveer. De lo que sí son capaces algunos altos funcionarios es de usar tiempo productivo para incentivar oraciones de diversos credos para pedir a sus deidades que intercedan por Venezuela y hagan que llueva de nuevo. No es chiste, el gobierno invierte tiempo y recursos en acompañar iniciativas como esa, pero no en limpiar las cañerías y desagües de las ciudades, para que cuando finalmente se cumpla el milagro, el país no esté anegado en su propia incapacidad.


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Lealtad revolucionaria y pureza étnica

Por Antulio Rosales

Antes de las elecciones del 6 de diciembre decía que el voto indígena era la última frontera de la opinión pública venezolana. Era un dato aledaño, una discusión soterrada que pasaba por luchas simbólicas y materiales poco reconocidas.

Después de las elecciones, con la victoria opositora, el gobierno de Maduro decidió “reconocer” temporalmente los resultados, pero nunca aceptó su derrota. Emprendió desde entonces una campaña para anular a la Asamblea Nacional e impedir que la mayoría calificada opositora pudiera ejercer sus funciones cabalmente. El método predilecto fue poner en duda la legalidad de la elección por la vía de un tribunal express escogido por la saliente Asamblea, convirtiendo incluso a diputados perdedores en magistrados.

La Revolución Bolivariana logró en algún momento enarbolar un discurso de reconocimiento a los marginados, los pobres e ignorados históricamente por el poder. De allí que apropiara epítetos denigrantes de vieja data y los hiciera propios, para identificarse con los alpargatúos, los marginales, los pata en el suelo. Ya hace décadas Acción Democrática había hecho lo mismo, asumiéndose como el partido del pueblo, que hablaba por un ser genérico y popular, un “Juan Bimba” y, por ende, en nombre de todos. Con el tiempo, tanto a AD como a la nueva élite revolucionaria se le fue borrando la configuración popular de sus cuadros. De esa forma, hoy tenemos a un ex-ministro que no hace colas “por seguridad”. La inefable ministra de asuntos penitenciarios se llena la boca hablando en nombre de los pobres, pero ningún miembro del gabinete se pasea por la posibilidad de preguntarse dónde conseguir medicinas necesarias para sí mismos o sus seres queridos. Ellos no tienen como salario un estipendio para comprar alimentos, como el resto de los asalariados.

Ese tránsito entre el reconocimiento discursivo y la completa desconexión llevó a la Revolución a prescindir de la representación de todo un estado y un tercio de la población indígena del país, con tal de anular la mayoría calificada de la MUD. Ese exabrupto tampoco genera indignación nacional; ya fue trasgredida nuestra última frontera. Aquellos que hablan por los marginados de siempre, pueden dejar literalmente sin voz a los pueblos originarios de los que tanto dicen defender, propiciando uno de los más graves retrocesos al proceso constituyente de 1999. Es más, la élite gobernante sustenta su ofensiva sobre la base de argumentos racistas y contrarios al más básico principio democrático.

El mensaje es el siguiente: la población de Amazonas, y el circuito indígena sur del país es susceptible a la compra de votos, son electores manipulables, sujetos al intercambio de su voluntad por dinero. Ello invalida su ejercicio electoral; son ciudadanos infantilizados. Un gobierno que trata a su electorado como clientela y amenaza sin reparos con no construir más viviendas porque el pueblo no le votó, puede invalidar una elección por un alegato de compra de votos recabado con pruebas ilegales. El presidente se siente con la autoridad de tildar a un grupo de diputados electos como indígenas falsos, unos disfrazados. Se erige como un catalizador de la pureza étnica que pretende representar y sentencia que sólo “sus indios” son auténticos. Esa élite política es la que se preocupa por el racismo en Estados Unidos y Europa.

Está claro que el discurso de representación del pueblo pobre y marginado tenía sentido siempre y cuando se correspondía con lealtad. Ese pueblo raso es genérico, acrítico y chavista, de lo contrario no existe. La élite gobernante representa al pata en el suelo cuando éste le premia y cuando no lo hace, deja de ser digno de representación. Ello no se puede desvincular del hecho de que, en la actual crisis económica, el gobierno nacional tenga como único plan viable para aumentar sus ingresos el proyecto de extracción de recursos naturales más audaz desde la apertura petrolera. El “motor minero” se monta sobre territorios donde las poblaciones originarias tendrían intereses materiales y derechos consagrados en la Constitución. Ese motor arranca sin consulta alguna con la sociedad general, ni con las poblaciones que allí viven y sufrirán las consecuencias de la extracción. Esas poblaciones no tienen voz y su representación formal ha sido anulada.

Solo los leales serán auténticos

Solo los leales serán auténticos