Fuera de radar


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Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

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Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

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Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.


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Cinco minutos de dignidad

Todos los bravucones anti-imperialistas sueñan con sus cinco minutos de dignidad. Esos en los mario-moreno-Cantinflasque puedan gritar que los derechos de una pobre nación libre y soberana se están vulnerando por “el dueño del circo”. En esos minutos dignos, también cuentan con la solidaridad de algunos Estados satélite que reciben por vía whatsapp las consignas a vociferar. En esos minutos de dignidad se denuncia al oprobioso senador republicano que amenaza a los “pequeños”, mientras el bravucón les saca la factura de los favores otorgados.

Descuento en la factura. Envíos históricos. Deudas perdonadas. Corruptelas alcahueteadas.

En esos minutos de dignidad, no importa que “ustedes tengan los votos”. Así como no importa que la Constitución le exija que con votos se resuelvan los desencuentros internos. Cuando hay dignidad, al bravucón de turno le basta con el Artículo 1. Todos los demás se pueden pisar e ignorar.

Cuando el bravucón tiene dignidad no puede aceptar intervención en asuntos internos. La dignidad, eso sí, le da derecho a responder sacándole los trapitos sucios a todos los demás, en orden ascendente. Para estos dignos, la soberanía no es otra cosa que soberbia. Suscriben acuerdos que luego llaman injerencia. Suscriben acuerdos que solo sirvan para defenderse y defender a sus amigos. Y serán traidores aquellos que demanden su cumplimiento. En televisión nacional dirán: ¡gravísimo crimen! En Tribunales ocultos dirán limítese la inmunidad de los representantes de la soberanía popular. Este es un asunto de Estado, un problema interno, que resolveremos nosotros, con nuestra dignidad.

Honores recibirá quien tuvo la oportunidad de defender la dignidad de la élite que gobierna y que inunda con su soberbia la soberanía de todos los demás. Indignos serán aquellos que exigen cumplimiento de la Constitución, de la auto-determinación, esa del Artículo 1 y que, señores dignos, se ejerce por medio del voto.

Antulio Rosales

 

 


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‘Rojo y Azul’ mi vacuna contra la desesperanza

Masaya está mirando

Anoche EL me pidió que le leyera ‘Rojo y Azul’ de Mireya Tabúas antes de dormir. Era una noche larga, después de un fin de semana de desvelos y corazones rotos. Claro que en principio ella no sabía de qué iba el despecho, ni tampoco lo sabía VM que es más grande y atenta al mundo de la política. Las hemos guarecido de tanta noticia incompresible y comportamiento indeseable. Después de todo ¿cómo se explica el absurdo? Trato de guarecer a mis niñas — parte de esa diáspora venezolana que crece y el Estado venezolano desprecia — como familiares y allegados que permanecen en el país protegen a sus críos de la desvergüenza en que se ha convertido la élite política venezolana.

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EL fue muy apropiada en su elección de lectura, porque como siempre, l@s niñ@s saben más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ‘Rojo y Azul’ es un…

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Golpista y cobarde

Por Antulio Rosales

En pocas horas ya se ha dicho bastante. Se les cayó la careta. Amaneció en dictadura. Se cerró la última ventana democrática que quedaba.

Con la displicencia que sienten los déspotas por la soberanía popular, el gobierno anuló el Referendo Revocatorio por la vía de tribunales inferiores. Los gobernadores acólitos, esos cuyo mandato fue extendido de manera espuria hace apenas unos días, fueron los encargados de liderar la jugada. En simultáneo, militarizan la autopista Caracas-La Guaira y prohíben la salida del país de unos cuantos líderes de la oposición.

El Presidente devenido dictador se fue antes de todo eso. Salió con la excusa de ir en tour relámpago (¡de cuatro días!) a seguir buscando el anhelado aumento de los precios del petróleo. Como si hubiera sido exitoso en esa empresa los últimos meses. Escogió irse ayer y cuando su avión estuviera cruzando el Atlántico, actuaron los poderes públicos coordinados y bajo órdenes centrales. Actúan con la indolencia que alguna vez tuvieron otros tiranos nacionales. Pero este tiene una característica especial: es un cobarde. Dejó preparado el terreno para truncar la participación popular y no asumió su parte. Lo asomó preguntando en asamblea coreografiada si los presentes estarían dispuestos a volver a perder una elección. La negativa efectiva se la dejó a otros, que actuaron escondidos en tuits y notas de prensa. La doctora Lucena no mostró su cara. Los gobernadores llevaron su demanda fraudulenta a 140 caracteres y Maduro campante se fue a Medio Oriente a buscar nuevos acuerdos dejando la estela militar entre Plaza Sucre y Maiquetía.

Este aventurero golpista decidió no asumir su responsabilidad, vaya forma de traicionar el legado.

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A la tierna izquierda (inter)nacional: A ver si se atreve a mirar a su muñequita

Masaya Llavaneras Blanco

Hace poquito, en un país del Caribe que me recibió hermoso y enredado —como es el Caribe– me senté a conversar con compañeras feministas que me encontré en el camino.

Escuchándonos acentos, llegamos a mi venezolanidad, reímos y disfrutamos sabernos cercanas. Una de ellas me habla de lo cercana que siente “La Revolución.” Se engancha a decirme cómo en su momento le cambió la vida saber que tal cosa podía ocurrir, y que en Venezuela esa cosa —”la revolución“— era “real”.

A los pocos segundos me mira. Me nota silenciosa.

Me dice “Pero de lo está pasando ahora no vamos a hablar.”

En pleno círculo social esta chica que apenas me conoce me dice de qué hablaremos y de qué no con respecto a mi país de origen. Yo sonrío haciendo alarde de la trujillanidad que me heredó mi abuelo: ese sonreír con los labios cerrados, en silencio pero con tanto contenido. Sólo atino a decirle que “la verdad es que ahora Venezuela no está nada bien”.

Ella tuvo a bien seguir hablando —ahora incluso con la voz más fuerte— sobre las maravillas de la revolución, dirigiéndose a las otras chicas no tan enteradas de la vida en Venezuela o del país del que hablaba mi nueva amiga revolucionaria.

Hay algo que ella dejó muy en claro: no quería saber más, y no quería que las otras supieran nada que no se pareciera a la revolución de la que ella estaba hablando.

A su narrativa no le convenía mencionar la insatisfacción profunda, la escasez real, el hambre cotidiana, o la decepción insoportable. Su revolución es como una muñequita de porcelana de las que las abuelas más mayores tienen en el ceibó de la casa. Su revolución está guardada, como souvenir, como una postal que le mandaron de una tierra exótica porque esta chica (que de resto me caía muy bien) nunca había ido a Venezuela. Sin embargo estaba preparada para contarles a todas lo maravillosa que es la “revolución”, cual postales de Leningrado.

Su Revolución de porcelana es frágil, no aguanta preguntas, no resiste dudas y por tanto pretende aplastarlas. Su revolución no aguanta otras voces, su revolución no quiere verse en el espejo. Entonces la muñequita queda allí en el ceibó. Agarrando polvo. Las arañitas le hacen telarañas alrededor. Quizás hasta se hace un nido de chiripas justo allí, debajo de la muñequita, por dentro de la muñequita.

No sé si esta chica un día quiera limpiar sus muebles. Quién sabe qué se encuentre entonces, cuando quiera quitarle la película de polvo a la decoración de su ceibó. Es curioso que a pesar de lo tanto que la quiere, nunca la mira realmente. Sólo le gusta saber que su muñeca está ahí. No importa a qué costo. No importa en qué se convierta.

Ella dice dormir tranquila porque sabe que la(su) revolución existe.

Yo por el contrario encuentro cada día más difícil alcanzar el sueño.

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La muñeca de Plaza Venezuela, 2011. De Masaya Llavaneras Blanco. Tomada de IslandiaCaravan (https://islandiacaravan.wordpress.com/2011/04/24/islandiacaravans-third-photo-exhibit-on-the-urban-landscape/)

 


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Derechos y reconocimiento: más allá del drama y el rechazo a los venezolanos en el exterior

Por Antulio Rosales

Varios meses atrás el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmitió una suerte de reportaje documental acerca de la reciente emigración venezolana. El reportaje puso de manifiesto un sinnúmero de prejuicios y el evidente desconocimiento que tiene el principal factor de poder mediático en Venezuela sobre la situación de los emigrados. Resultó ser una prueba del importante reto que implica para la sociedad venezolana reconocer a su propia diáspora y, más aún, para el Estado asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

La idea central del reportaje es reducir el fenómeno de la emigración a un “tipo de venezolanos” que, en esencia, no podría llamárseles como tal. De acuerdo con una psicóloga consultada, los que migran son—casi todos—“blanquitos”, rubios, de ojos claros descendientes de inmigrantes europeos. La caracterización de este grupo poblacional la hace sin presentar dato alguno más que su propia imaginación—gracias al vocablo “diría yo”—y asumiendo un evidente prejuicio étnico-racial cuyo correlato es la romantización de lo “auténtico” que por supuesto no tendría tez blanca y es esencialmente popular, bueno y, claro está, leal. En el punto cumbre del “análisis”, asume que estos emigrados nunca tuvieron arraigo alguno en la patria y por eso se van. Eso sí, como buenos apátridas, nunca se adaptan en sus destinos, sufren la crisis del capitalismo, extrañando la belleza única de la tierra de Bolívar.

El objetivo último es desconocerlos y asumirlos como foráneos aunque tengan cédula y pasaporte venezolano. Es la excusa para ignorarlos, pero además y más importante, para negarles sus derechos. El supuesto análisis es una fachada para validar los presupuestos que tiene el poder y que entra en sintonía con las narrativas polarizadas a las que nos tiene acostumbrado el país. La migración es otro de esos temas que se ve atrapado en esas narrativas totalizantes. Es un hoyo negro en la información oficial y también resulta un espacio de fijación fácil para eslóganes vacíos.

La oleada migratoria no existe para el gobierno. No hay datos oficiales que den cuenta de esta realidad, no hay esfuerzos reales por acercar esta población a las sedes de representación oficial del Estado. Algunos revolucionarios sí reconocen el éxodo pero tienden a banalizarlo y consideran a los emigrantes unos raspacupos crónicos que viven de la teta gubernamental y jamás han pasado trabajo como el pueblo mismo.

Al otro lado de la acera, este es uno de los puntos sentimentales más hondos. Se habla del drama migrante y el de los “padres huérfanos”. Los más románticos ven en los emigrados únicamente a meritócratas formados en grandes universidades: un caudal de talento desperdiciado. Éstos deberán volver cuando la “democracia retorne” y ocuparán los espacios que dejaron o de los cuales fueron expulsados.

Maiquetía

Borroso en Maiquetía

La realidad es más compleja. Cada vez más, quienes emigran vienen de orígenes muy diversos. También tienen nuevos destinos, no solo España, Estados Unidos y Panamá, sino también Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, México y muchos destinos más allá de América Latina. Ya no es extraño encontrarse con otros venezolanos atendiendo una cafetería en Toronto, gente vendiendo arepas en las calles de Santo Domingo y trabajadores informales en Quito. Y por supuesto, están muy lejos de ser esos “blanquitos pasteleros” que describía la psicóloga en aquel reportaje.

 

El Estado deberá alguna vez plantearse una agenda seria que logre tender puentes, pero sobre todo, reconocer derechos a ciudadanos que no están en el país. Para comenzar, hay que sacar cuentas, por muy dolorosas o incómodas que estas sean. En la actualidad, por ejemplo, los niños nacidos en Venezuela que cumplen 9 años fuera del país no tienen forma de renovar su pasaporte porque no tienen cédula. La expectativa es que los menores viajen con un documento de emergencia a Venezuela y hagan el trámite desde allá. El derecho a la identidad está siendo violentado de la forma más descarada a quienes son más vulnerables.

Los derechos económicos de quienes dejaron aportes en el seguro social deberán ser honrados. Además, los venezolanos están sub-registrados en las listas de los consulados y en el Consejo Nacional Electoral. Los pocos registrados solo pueden votar en elecciones nacionales, lo cual limita su participación política. No hay que explicar por qué nada de esto es casual. Si estos no son ciudadanos dignos de reconocimiento, mucho menos lo serán de influir en quien gobierna. En otros países, los expatriados tienen el derecho al sufragio como habitantes de su último domicilio en el país y, por ende, pueden escoger representantes al parlamento. Algunos, como Colombia y Ecuador, pueden incluso escoger representantes propios en el parlamento en circunscripciones extra-territoriales.

El principal reto que enfrenta Venezuela con sus ciudadanos dispersos por el mundo es el del reconocimiento. Para reconocerles, tendrá que saber quienes y cuántos son y asumirlos como ciudadanos, no como parásitos o traidores, sin importar qué los llevó a migrar, el color de su piel y si algo de amor sienten por la patria.


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Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Por Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

Noalarcominero

Protesta contra el AMO frente al Ministerio de Finanzas