Fuera de radar


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Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Por Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

Noalarcominero

Protesta contra el AMO frente al Ministerio de Finanzas


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Financiar la bancarrota: minería, extracción y dependencia

Por Antulio Rosales

El gobierno bolivariano tomó nota del agotamiento del rentismo. Se propone ahora transitar a un modelo que llama “socialismo productivo”. A la inflación galopante y altísima escasez se suma el hecho de que las reservas internacionales se agotan y se aproxima el vencimiento de diversos compromisos de deuda que complican los prospectos de importar bienes necesarios. En ese contexto, el gobierno ha dicho que se rehúsa a acudir a cualquier organismo financiero internacional que, claro está, impondría medidas de ajuste a cambio de préstamos que faciliten al país un mínimo de respiro. No acudir al FMI es un punto de honor.

En cambio, el gobierno buscó otra ruta. Los más recientes pagos de deuda extranjera se lograron gracias que el BCV vendió varias toneladas de oro monetario. Las reservas cayeron a un histórico nivel de poco más de 13 mil millones de dólares. Para ilustrar la miseria de las bóvedas de Carmelitas, basta decir que en 2015, año en el que las importaciones bajaron drásticamente, Venezuela gastó por ese concepto unos 50 mil millones de dólares. Hoy el país no cuenta ni con el equivalente a tres meses de importaciones.

Frente a esta situación, el gobierno incentiva por un lado la agricultura urbana para que el pueblo se autoabastezca de cebollín y otras hortalizas, pero por otro, lleva a cabo una campaña de masiva expansión de la frontera extractiva. Esa fue la fórmula que encontró para subsistir en el año más crítico de su historia reciente sin recurrir al FMI: empeñar las joyas de la familia y rasgar las minas de Guayana hasta sacar la última tonelada de oro que le permita pagar las deudas.

La minería a cielo abierto, que hasta ahora parecía una actividad relegada al territorio de lo ingobernado y, por ende, dejado a grupos irregulares en connivencia de la Guardia Nacional, comienza a ser motor nacional de “desarrollo”. El modelo que escogió el gobierno fue invitar a inversionistas que hace poco tiempo había expulsado por razones de interés nacional. Esos mismos inversionistas habían denunciado al Estado ante el imperial tribunal del CIADI. Paradójicamente, el fallo del CIADI se pagará con los dividendos que produzcan las nuevas inversiones. Además, los socios le prestarán al Estado los recursos que éste necesita para poder cumplir con el requisito legal de ser accionista mayoritario.

El gobierno justifica su negativa a recurrir a los organismos internacionales por razones de soberanía y dice que jamás retornará al modelo neoliberal. Sin embargo, envía una comitiva ministerial a China, su principal prestamista en la actualidad, para “explicar” las medidas económicas que ha tomado y convencer a sus socios de seguir fortaleciendo la relación. Así, el gabinete invitó a los empresarios chinos a expandir su cartera de inversiones del crudo al arco minero del Orinoco, ofreciéndoles posibles reservorios naturales de coltán, diamantes y oro.

En ese modelo no hay visión productiva alguna, representa en realidad la profundización de la dependencia en la suerte del subsuelo. Es la vieja extracción como mecanismo de generación de ingresos que nada tienen que ver con la capacidad productiva del país. El plan del gobierno tiene costos ambientales y sociales difíciles de calcular y asume una posición de vulnerabilidad frente a una potencia internacional emergente que le deja muy poco espacio de maniobra. El Estado psuvista admite que hay territorios dignos de explotación y colonización, de la mano de aliados internacionales, para seguir financiando un modelo que reconoce está en bancarrota.

El dorado venezolano

En buscando El Dorado

 


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El sondeo de Miraflores: levante la mano quien le va al Real Madrid

Por Antulio Rosales

Miraflores

¿Dónde está la gente del Barça?

Después de cuatro horas de retórica y argumentos circulares, Nicolás Maduro empezó a decir las verdaderas medidas que tomaría. A casi tres años de haber asumido el poder, a más de un año de la caída del precio del petróleo y luego de siete trimestres en recesión, el presidente decidió hacer algo. Primero puso voz bajita, usó tono melancólico para aumentar la gasolina, pero no le duró mucho y optó por bajar la tensión. Preguntó a qué equipo le iban en futbol. Diosdado levantó la mano con convicción cuando nombraron al Real Madrid. Ya en ese momento todo estaba dicho.

Como varoncitos que nunca crecieron comenzaron a levantar la mano los magallaneros, los caraquistas y otros seguidores de alguna franquicia deportiva para que entre aplausos Nicolás dijera que el precio de la gasolina pasaría a 1 y 6 bolívares por litro. No atinó a reconocer el precio que se paga por un tanque hoy. Ni el precio de un refresco, ni de una malta o de una empanada. Así de despegado de la realidad está el Presidente.

A la quinta hora, anunció el aumento del tipo de cambio oficial de 6.3 a 10 bolívares y la eliminación del SICAD (el cupo de viajeros) para pasarlo a una tasa flotante, pero controlada que ahora marca poco más de 200 (el actual SIMADI). Es decir, los importadores fantasmas de bienes de primera necesidad ahora tendrán ganancias 3.7 bolívares menores que antes. Con un dólar a mil, ahora ganarán solo 990 bolívares cuando los vendan en el mercado paralelo. Así piensa Maduro pasar del rentismo petrolero al socialismo productivo. Todo ello coordinado por un empresario patriota: una manguangua pues.

El presidente en algún momento decidió ponerse francote y dijo que el rentismo se había agotado. Descubrió el agua tibia. Viene agotándose desde hace décadas. Aún así, el propio Chávez recibió el gobierno con un mecanismo estructurado para enfrentar las fluctuaciones de los precios y desacoplar al Estado de la dependencia en la renta. El gobierno acabó con ese fondo de estabilización y generó mecanismos de todo tipo para chupar la renta y gastarla de forma discrecional. Ahora el gobierno empeña el oro y busca certificar diamantes. Esa es la transición que vive la economía venezolana: de capitalismo rentístico a mercantilismo bolivariano. Ahí radica dimensión de la crisis actual, haber despilfarrado la mayor bonanza de la historia y estar ahora rasgando minas para certificar nuevos minerales.

Cerró la alocución anunciando el otorgamiento de transferencias selectivas a los hogares más pobres, ya las transferencias no serán universales. Se fueron del Salón Ayacucho con el chiste de que no habían decretado ajuste alguno, que estaban protegiendo al pueblo. Los únicos protegidos son los que pueden ahora directamente ejercer actividades de extracción, transporte y comercialización de hidrocarburos sin rendirle cuentas al Ministerio de Energía y Petróleo, sino a un grupo de Generales. Quienes ejercen las prácticas ilícitas más comunes, ahora tienen empresa propia, con beneplácito del Estado. Lo que arrojó el sondeo de la fanaticada del Madrid es que protegidos se mantienen aquellos que reciben dólares regalados para importar quien sabe qué. Un ajuste ortodoxo no es, sin duda. El ajuste está en lo que el ente emisor denomina “la apreciación de existencia de acaparamiento”, que se ubica en 87,0%. Esa figurilla discursiva, la apreciación de existencia de acaparamiento, es lo que antes llamaban escasez y son los 9 de cada 10 productos que no se encuentran en los anaqueles. El ajuste real es la caída del valor del ingreso de los trabajadores, mientras aumentan salarios que ya se comió la inflación.

Ahora bien, levante la mano quien le va al Real Madrid.


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Extractivismo y voto indígena: la última frontera

Por Antulio Rosales

El voto indígena en Venezuela representa la última frontera electoral del país. Es un asunto que no se discute, que poco se conoce y, francamente, que poco le interesa a la opinión pública mainstream y a ambos bandos políticos.

Sabemos que la elección del 6 de diciembre no será una elección nacional. Sabemos que será una elección donde 113 diputados se escogerán por circuitos donde quien gana “se lo lleva todo”, es decir, la curul. Y habrán 24 elecciones por lista que se escogerán de manera pseudo-proporcional. El sistema privilegia a las mayorías, porque el voto popular no necesariamente se corresponderá con la proporción de representantes que llegarán al Palacio Federal Legislativo. Más aún, la elección proporcional beneficiará a los dos grupos más votados porque solo tres entidades tienen verdaderas “listas” (con más de dos puestos en disputa), lo que asegura que en todos las otras 21 entidades los dos partidos más votados obtendrán una silla en el parlamento (a menos que el más votado duplique al siguiente, como ocurrió en Delta Amacuro en 2010). Esto elimina las terceras vías, como pasó en 2010 con el intento del PPT, que a pesar de obtener más de 20% de los votos en Lara, no pudo llevarse un curul proporcional.

En esta elección también se escogerán tres representantes por circuitos con población indígena. Esta es una innovación de la Constitución de 1999 que a sazón de reparar siglos de marginación y violencia, le otorgaba representación directa a los pueblos originarios para que elevaran sus intereses en la máxima institución de representación popular. Era un caso de esos en los que se casaba la idea de democracia participativa y la justicia social, con mecanismos de la tradicional democracia representativa.

El chavismo en su discurso redencionista se asume como el único capaz de representar los intereses de los pueblos indígenas. Con un par de anécdotas y repitiendo ana karina rote con virilidad anti-imperialista, Chávez se asumió también voz de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal política de justicia reparadora consagrada en la Constitución era las demarcaciones de sus territorios para asegurar un mínimo de respeto, coexistencia, y tal vez auto gestión, pero quedó en el papel. Un ministerio fue creado para administrar la repartición de misiones y asegurar la debida obediencia y cooptación.

A diferencia de los procesos paralelos de Ecuador y Bolivia, en Venezuela nunca hubo un intento de proclama plurinacional y multiétnica de la Revolución. Ésta siempre fue nacional, en singular, siempre fue bolivariana, hasta que se convirtió en socialista. Pero las naciones indígenas emprendieron luchas, en rigor asimétricas y con escasísimos recursos, por la demarcación y otras causas. Pero claro, esos territorios están atravesados por intereses de tenedores de tierra y prospectos mineros, lo que produce la evidente conjunción de poderes del exractivismo global, sea izquierdista o no. Decía Esteban Emilio Monsonyi “si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales, ya las demarcaciones estarían hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia, aun en medio de los problemas subsistentes”. El poder coercitivo del Estado en sociedad con intereses particulares han actuado como saben hacerlo frente a las demandas indígenas. En esa aplanadora cayó el cacique Sabino Romero, por mencionar el rostro menos invisible.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Pintas de la protesta del 04/03/13 en los laterales del MP. Al día siguiente no quedaba ninguna. Foto de Masaya Llavaneras Blanco.

Y en este tema, el chavismo siempre se ha visto incómodo. Algunas menciones de justicia dispersas acá y allá recuerdan que también es una causa propia, pero el silencio y la impunidad institucional se imponen como muestra concreta del carácter neo-colonial de la Revolución. Recuerdo en marzo de 2013, se congregaron algunas docenas de personas frente a la fiscalía luego del asesinato de Sabino a exigir justicia. Algunos camaradas advertían que había que cuidar juntarse con aquellos que querían utilizar la causa en contra del gobierno. Se encontraban defensores de derechos humanos y activistas de la Revolución bajo el lente criminalizante del Ministerio Público. Una alianza era impensable. Los revolucionarios prestaban su solidaridad pero nunca podían poner en duda su lealtad.

Todavía hoy algunos analistas descuentan que los curules indígenas irán al chavismo. Ya en 2010 el circuito occidente fue a la oposición. La criminalización de las actividades económicas en la frontera pone en mayor nivel de vulnerabilidad y violencia la región occidental donde diversas etnias han sido empujadas al contrabando como forma de subsistencia. Cuesta pensar que esa silla volverá al chavismo. Ahora en la zona sur se desatan protestas cotidianas por los estragos de la minería ilegal que ocurren con la venia, la inoperancia o la complicidad estatal. Los estragos de esta “actividad” solo en Canaima son tan profundos que se estima pasarán 10 mil años para poder recuperar las condiciones previas. Si aquello no es una emergencia, digamos excepcional, no sé qué más puede serlo. Pese a la patente marginación y pobreza, el circuito oriente es quizás el más leal a la maquinaria electoral del PSUV.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Protesta pemón en Canaima contra la minería ilegal, mayo 2015. Tomado de El Universal.

Sea quien fuera mayoría en la Asamblea Nacional en 2016, tendrá que enfrentar las demandas de justicia de los pueblos indígenas, consagradas además en la Constitución, que mal que bien todos dicen defender. Demandas que pasan por la demarcación de sus territorios y, por ende, por enfrentar otros poderes, muchas veces armados, para asegurarlo. Por supuesto, no será fácil porque hacer eso implica mucho más que pelear con mafias de la Guardia Nacional o mineros armados ilegales. Implica trastocar el propio sentido común de la identidad venezolana: la idea de que para existir necesitamos explotar y comercializar a escala global cuanto mineral se halle por (mala)fortuna geológica en el subsuelo nacional. Es la última frontera simbólica de la disputa venezolana.


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El rentismo bueno y su fase control-fílica

Por Antulio Rosales

A finales de julio fui a un evento público sobre el petróleo. Me gustó mucho escuchar a alguien retomar con originalidad argumentos de las ciencias sociales venezolanas, el capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista y la antropología del petróleo de Rodolfo Quintero. Me fascinó ver cómo un tema tan medular es tan poco discutido en Venezuela.

Uno de los panelistas argumentaba con persuasión que se pierde mucho tiempo hablando de la corrupción en Venezuela como un problema ético y no como un asunto constitutivo de la economía política de la renta, de su distribución. Este es un tema central para un país que depende no de la riqueza que produce su trabajo sino de la renta del suelo. La sobrevaluación de la moneda es un rasgo propio de la forma económica del país desde tan temprano como 1934 cuando se firmó el Convenio Tinoco. Irónicamente, el episodio es recordado como una devaluación, pero de hecho, sobrevaluaba al bolívar frente a un dólar desplomado por la Gran Depresión. La intención del momento era compensar y financiar el sector agrícola. Ya sabemos que pasó con esos planes.

Venezuela se fue vinculado a la economía mundial casi exclusivamente a través de su petróleo, contando con momentos de ingresos extraordinarios en divisas–como en los años setenta y luego en los 2000–que produjeron grandes distorsiones en su economía debido a sobrevaluaciones del bolívar, entre otras. En especial, intensificaron la dependencia en la extracción de hidrocarburos, a expensas de casi cualquier otra actividad productiva, o lo que también se denomina Enfermedad Holandesa.

En ese evento alguien se levantó con energía a decir que la sobrevaluación era un mito y que la Enfermedad Holandesa era un invento. Y volvió sobre los 20 mil millones de dólares que CADIVI y algún grupo de burócratas corruptos entregó a empresas de maletín, como el meollo del asunto. Esa persona no atinaba a vincular una cosa con la otra: dólar barato y escaso con corrupción y especulación. Naturalizar la sobrevaluación para la economía en un país petrolero es equivalente a los roles de género en la sociedad: invisibles pero omnipresentes.

A muchos revolucionarios les preocupa cómo el gobierno enfrenta problemas de este tipo, por ejemplo, negándose a publicar los nombres de quienes se apropiaron de aquellos recursos. Lo lamentable es la forma como muchos de ellos comprenden estas falencias. Los temas de apropiación indebida de recursos, ineficiencia y hasta la economía criminal son vistos como problemas de individuos malsanos, inmaduros y ávidos de poder. El problema se reduce a cada uno de ellos, a su naturaleza humana y no a la estructura que les alimenta de incentivos su existencia.

Esta misma gente es la que ofrece una explicación estructural a cuanto cangrejo no se ha podido resolver en 15 años, pero los problemas de los que se quejan intramuros no responden a ninguna razón sistémica, a su propio modelo, responde a un grupo no pequeño de individuos. Paradójicamente, muchos revolucionarios se fueron convirtiendo, sin sospecharlo, en individualistas. Reconocer las estructuras y los mecanismos que le dan vida a esos “contados” individuos sería un ejercicio tan costoso como suicida que no están dispuestos a realizar. Es que son los mismos mecanismos que sustentan el propio proyecto bolivariano. Prefieren morir con el lugar común de la individualidad corrompida y las desviaciones de la cultura.

Es por eso que en el imaginario revolucionario existe un rentismo bueno, la posibilidad de un CADIVI honesto, salido de una fantasía giordanesca. No es de extrañar que el capítulo contemporáneo–‘socialista’–del rentismo venezolano pretenda solventar los problemas propios del modelo con controles y regulaciones que metan en el carril a esa manada de individuos desbordados. De ese empeño han surgido en estos días esos burócratas control-fílicos y biométrico-obsesivos que atesoran el sueño de mantener la harina a 17, codificada a la huella digital de cada consumidor.