Fuera de radar


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Petróleo y constituyente: la última piñata

Por Antulio Rosales

Escarrá

Póngame la piñata por aquí

Mientras vemos silentes e impotentes a Venezuela deshacerse en un espiral de violencia,  algunos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente corporativa que promueve el gobierno de Nicolás Maduro han venido haciendo anuncios inquietantes acerca del devenir del petróleo en la post-República.

Vale la pena recapitular el contexto en el que la Constituyente emerge. En términos globales: bajos precios del petróleo. Ello debido a la sobre saturación del mercado, apuntalado especialmente por el petróleo de esquisto estadounidense; y una demanda en descenso, por la caída relativa del crecimiento económico en China y otras potencias emergentes. En Venezuela, se presenta la peor crisis económica de la historia, con graves implicaciones para la industria petrolera: disminución acentuada de la producción, sobre todo de los campos que dependen de PDVSA y, por ende, mayor dependencia en los crudos extraídos con socios extranjeros. Crudos más pesados y, además, menos rentables.

Para tratar de paliar la situación, el gobierno ha buscado incentivar nuevas inversiones, como es común en épocas de precios bajos. Ha ofrecido activos de CITGO como garantía para refinanciar sus bonos de la deuda. Se comprometió en una política de ambiciosa expansión minera, con fuerte resistencia social y poco entusiasmo entre inversionistas. Y, finalmente, trató de avalar modificaciones a la estructura de las Empresas Mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco sin contar con la aprobación del Parlamento. Es decir, buscaba vender activos a precios de gallina flaca a empresas extranjeras – seguramente de países aliados – a espaldas de la soberanía popular.

De ahí viene el conflicto que hoy tenemos, de las famosas sentencias 155 y 156 en las cuales el TSJ disolvía la Asamblea Nacional, pero además permitía al gobierno saltar los procedimientos de contrapesos contemplados en la Ley de Hidrocarburos.

En ese contexto, el candidato a constituyentista Hernán Escarrá anunció que la ANC debía estatizar completamente la industria petrolera. Se aventuró incluso a sugerir la redacción de un nuevo artículo 303 que taxativamente estatizara la industria. Desde que la izquierda venezolana lograra la aprobación de la Ley de Reversión de los hidrocarburos en el Congreso a comienzos de los años 70 del siglo pasado, un estatismo tan pronunciado no era pregonado a ese nivel. Ni Hugo Chávez propuso algo así. Incluso su campaña de plena soberanía petrolera– hecha en un momento de precios elevadísimos y un contexto de apoyo interno y respaldo externo muy distintos a los que cuenta Maduro hoy – se cuidó de mantener la inversión extranjera en el país.

Es que el anuncio contradice lo que el gobierno ha venido buscando con sentencias como la 155 y 156. Es posible que Escarrá solo busca alebrestar un momentáneo sentimiento nacionalista para luego negociar con las preocupadas empresas que habrán iniciado sus consultas con las estructuras de poder. Como dice Francisco Monaldi, es en todo caso un suicidio para el propio Estado. Implicaría acabar con la poca producción que mantiene a flote el ingreso de divisas que tiene el país. Esas escasas divisas que permiten importar lo poco que se consume y lo que se paga en deuda. Si algo está claro es que el Estado venezolano en solitario no podría mantener el nivel de producción que hoy tienen empresas mixtas.

Pese a lo irracional, es un anuncio que puede emocionar a aventureros armados y apoyados que quisieran extraer unos centavos más de un botín que se ha visto mermado. Escarrá está quizás anunciando el último capítulo de esta piñata-República.


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Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

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Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

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Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.