Fuera de radar


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Los crímenes de odio: ‘selfie’ de la impunidad

Por Antulio Rosales

¿Qué nos tiene que importar del autor intelectual de uno de los crímenes más horrendos cometidos en Venezuela en los últimos años? De acuerdo con la prensa oficial venezolana, los organismos del Estado y sus replicadores en redes sociales, lo único que importa sobre este individuo es la colección de selfies y otros retratos que tenga con diversas personalidades del jetset político opositor.

Tenemos que conocer de parte del Presidente de la República una confesión fría, calculada, bien hablada, escrupulosamente cortés realizada por los órganos de investigación criminal en la que lo más resaltante es a quienes conocía, quienes le dieron plata alguna vez y, léase bien, dónde y cómo lo entrenaron. Es una confesión nítida, lineal, que no sufre de alteraciones temporales, ni de pausas para recapitular detalles. Es una confesión en la que no se contradice. Lo que es más, el criminal no parece estar nervioso, no parece estar enfrentando una sentencia larga y dolorosa en una cárcel venezolana en la que seguramente se le irá su juventud y mucho de su vida. El criminal parece estar dando amplios detalles de sus relaciones con la política venezolana como si se tratara de un trance, de un mecanismo de cooperación, para recibir alguna medida compensatoria.

Quedó atrás el crimen. El asesinato de Hergueta es una nota marginal en el chisme principal. Pero lo que es peor, quedan atrás una serie de crímenes que no importan. Ya no es noticia el video aficionado en el que se capturan imágenes de un ajusticiamiento que hacen funcionarios de la Policía de Aragua a un presunto delincuente, un don nadie que es lanzado como desperdicio en el asfalto junto con otros dos sin nombre que corrieron la misma suerte. Esos policías no se hicieron selfies con diputado o gobernador alguno. El anuncio de Tarek El Aissami fue suficiente, el Estado no se moviliza para evitar que estos crímenes se repitan. Debemos confiar que además su plan estrella contra la delincuencia no caerá en excesos de este tipo. El Estado no siente que debe redoblar esfuerzos y tomar espacios de la televisión nacional para denunciar lo crudamente político de estos crímenes. Siguen siendo hechos aislados en una gran estructura de respeto a los derechos humanos y uso progresivo de la fuerza.

Vanessa de Almeida (derecha)

Vanessa de Almeida (derecha)

Más atrás todavía quedaron las recientes muertes de Vanessa de Almeida, Marimar Durán y Gaby Ayala, víctimas de odio por su identidad de género. Esas muertes no tienen ranking alguno en la discusión nacional, son anónimas. Esas muertes escasamente llegaron a recibir un click en la opinión pública, no merecieron ni un pronunciamiento, ni siquiera una hipócrita promesa de justicia. Esas muertes no generan una mínima ventaja proselitista en un momento de escasez de afectos electorales, no importa qué conexiones tengan sus asesinos, quienes les hayan entrenado o cuáles sean sus vínculos políticos, reales o no. La política no llega a esos cuerpos, la política no se preocupa por esas muertes, esas muertes no son políticas. No forman parte del hecho público que nos compromete y nos horroriza.

Mientras la atención se desvía a la posible relación entre Primero Justicia y el Descuartizador del Siglo XXI, la impunidad es el mejor alimento para nuevas muertes que pasarán inadvertidas y sumarán montañas de cuerpos inertes sin valor alguno.


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Las OLP: del plomo al certificado de paz

Por Antulio Rosales

No está muy claro si la pérdida de control efectivo sobre el territorio y sobre la violencia legítima ha sido el resultado de una estrategia planificada, si es una idea basada en una novedosa visión de la guerra de cuarta generación o si es producto de una mezcla de estrategia con ineficiencia, corrupción y desidia.

El Estado delegó en diversos grupos irregulares la (in)seguridad ciudadana. Ahora, cuando no controla a esas facciones, busca recuperar parte de ese control territorial. Para ello, apela a unos operativos de fuerza élite que se asemejan a los que Brasil viene ejecutando en sus barrios para brindarle al turismo internacional la seguridad que requieren las olimpiadas y los mundiales de fútbol. También allá se les relaciona en el discurso oficial con liberación y pacificación. Resulta cuando menos irónico que este modelo de intervención focalizada lo exportó Colombia a Brasil y otros países de la región, partiendo de su ‘exitosa’ batalla contra el narcoterrorismo.

En Venezuela las denominadas Operación Protección y Liberación del Pueblo (OLP), como muchos de los nombres de la política bolivariana, suenan a cuento de hadas pero terminan siendo… otra cosa. Como comenta Keymer Ávila, el sistema penal venezolano “es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos polos, pero casi nunca lo hace en el justo medio”. Con las OLP pasa al punto del exceso, donde los procedimientos no parecen estar apegados a una normativa establecida. Todavía hoy no hay cifras exactas de la cantidad de detenidos ni muertos en las operaciones que se han llevado a cabo.

Las OLP ponen al gobierno bolivariano en una posición incómoda consigo mismo. Ese Estado benévolo que protege a su pueblo, especialmente al más pobre e históricamente desposeído, viene dispuesto a retomar el control sobre territorios dejados a su suerte. Muchas veces incluso esos territorios son intervenciones del propio gobierno bolivariano, no son el resultado de la perversión del tan mentado capitalismo rapaz que marginó al pueblo pobre por décadas. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, son territorios casi de excepción creados en Revolución para salvar al pueblo de las lluvias. Son territorios construidos bajo la inspiración de la planificación-imposible-devenida-en-improvisación: con petrodólares, hechos por inversionistas extranjeros desconocidos y diversos, de manera rápida, poco planificada, poco transparente y con objetivos electorales en la mira.

Un gobierno “benévolo” creó masivas residencias y trasplantó poblaciones sin mucho propósito, con quizás una peluquería por aquí, una casa comunal por allá, pero sin ideas sobre fuentes de empleo, planificación urbana y ni hablar de ambiental. Ahora trata de pacificar esos territorios que en poco tiempo se convirtieron en focos fuera de la ley, en lugares donde además de ocurrir actividades delictivas diversas, se incautan toneladas de productos controlados, ese otro territorio de excepción que el gobierno ha constituido: el de productos de primera necesidad a precios muy por debajo del precio de mercado.

Protector del pueblo

Protector del pueblo

Es comprensible que la población de estos ‘territorios de paz’ se sienta temerosa, tanto del hampa como del Estado ‘liberador’. El gobierno, incapaz de proveer condiciones básicas que permitan mantener la paz en estos sectores, luego de la puesta en marcha de las OLP decidió emitir simbólicos premios a los hogares que se portan bien. Esos hogares recibirán el certificado de “hogar de paz”, una vez que la Guardia Nacional haya llevado a cabo un gran censo en todas las viviendas que han sido entregadas por la Misión hasta ahora. Aunque parezca increíble, el gobierno nacional realizará un censo, como si la GMVV se tratara de un fenómeno urbano espontáneo ocurrido a lo largo de décadas a espaldas de las autoridades. Después de construir, asignar y entregar las viviendas en un período de pocos años, el gobierno quiere conocer quiénes las habitan y en qué condiciones. El Estado busca hacerse presente y ya no cuenta con recursos para ofrecer paz, sino el de la fuerza y el simbólico reconocimiento para premiar a unos y castigar a otros.