Fuera de radar


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Lealtad revolucionaria y pureza étnica

Por Antulio Rosales

Antes de las elecciones del 6 de diciembre decía que el voto indígena era la última frontera de la opinión pública venezolana. Era un dato aledaño, una discusión soterrada que pasaba por luchas simbólicas y materiales poco reconocidas.

Después de las elecciones, con la victoria opositora, el gobierno de Maduro decidió “reconocer” temporalmente los resultados, pero nunca aceptó su derrota. Emprendió desde entonces una campaña para anular a la Asamblea Nacional e impedir que la mayoría calificada opositora pudiera ejercer sus funciones cabalmente. El método predilecto fue poner en duda la legalidad de la elección por la vía de un tribunal express escogido por la saliente Asamblea, convirtiendo incluso a diputados perdedores en magistrados.

La Revolución Bolivariana logró en algún momento enarbolar un discurso de reconocimiento a los marginados, los pobres e ignorados históricamente por el poder. De allí que apropiara epítetos denigrantes de vieja data y los hiciera propios, para identificarse con los alpargatúos, los marginales, los pata en el suelo. Ya hace décadas Acción Democrática había hecho lo mismo, asumiéndose como el partido del pueblo, que hablaba por un ser genérico y popular, un “Juan Bimba” y, por ende, en nombre de todos. Con el tiempo, tanto a AD como a la nueva élite revolucionaria se le fue borrando la configuración popular de sus cuadros. De esa forma, hoy tenemos a un ex-ministro que no hace colas “por seguridad”. La inefable ministra de asuntos penitenciarios se llena la boca hablando en nombre de los pobres, pero ningún miembro del gabinete se pasea por la posibilidad de preguntarse dónde conseguir medicinas necesarias para sí mismos o sus seres queridos. Ellos no tienen como salario un estipendio para comprar alimentos, como el resto de los asalariados.

Ese tránsito entre el reconocimiento discursivo y la completa desconexión llevó a la Revolución a prescindir de la representación de todo un estado y un tercio de la población indígena del país, con tal de anular la mayoría calificada de la MUD. Ese exabrupto tampoco genera indignación nacional; ya fue trasgredida nuestra última frontera. Aquellos que hablan por los marginados de siempre, pueden dejar literalmente sin voz a los pueblos originarios de los que tanto dicen defender, propiciando uno de los más graves retrocesos al proceso constituyente de 1999. Es más, la élite gobernante sustenta su ofensiva sobre la base de argumentos racistas y contrarios al más básico principio democrático.

El mensaje es el siguiente: la población de Amazonas, y el circuito indígena sur del país es susceptible a la compra de votos, son electores manipulables, sujetos al intercambio de su voluntad por dinero. Ello invalida su ejercicio electoral; son ciudadanos infantilizados. Un gobierno que trata a su electorado como clientela y amenaza sin reparos con no construir más viviendas porque el pueblo no le votó, puede invalidar una elección por un alegato de compra de votos recabado con pruebas ilegales. El presidente se siente con la autoridad de tildar a un grupo de diputados electos como indígenas falsos, unos disfrazados. Se erige como un catalizador de la pureza étnica que pretende representar y sentencia que sólo “sus indios” son auténticos. Esa élite política es la que se preocupa por el racismo en Estados Unidos y Europa.

Está claro que el discurso de representación del pueblo pobre y marginado tenía sentido siempre y cuando se correspondía con lealtad. Ese pueblo raso es genérico, acrítico y chavista, de lo contrario no existe. La élite gobernante representa al pata en el suelo cuando éste le premia y cuando no lo hace, deja de ser digno de representación. Ello no se puede desvincular del hecho de que, en la actual crisis económica, el gobierno nacional tenga como único plan viable para aumentar sus ingresos el proyecto de extracción de recursos naturales más audaz desde la apertura petrolera. El “motor minero” se monta sobre territorios donde las poblaciones originarias tendrían intereses materiales y derechos consagrados en la Constitución. Ese motor arranca sin consulta alguna con la sociedad general, ni con las poblaciones que allí viven y sufrirán las consecuencias de la extracción. Esas poblaciones no tienen voz y su representación formal ha sido anulada.

Solo los leales serán auténticos

Solo los leales serán auténticos


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Financiar la bancarrota: minería, extracción y dependencia

Por Antulio Rosales

El gobierno bolivariano tomó nota del agotamiento del rentismo. Se propone ahora transitar a un modelo que llama “socialismo productivo”. A la inflación galopante y altísima escasez se suma el hecho de que las reservas internacionales se agotan y se aproxima el vencimiento de diversos compromisos de deuda que complican los prospectos de importar bienes necesarios. En ese contexto, el gobierno ha dicho que se rehúsa a acudir a cualquier organismo financiero internacional que, claro está, impondría medidas de ajuste a cambio de préstamos que faciliten al país un mínimo de respiro. No acudir al FMI es un punto de honor.

En cambio, el gobierno buscó otra ruta. Los más recientes pagos de deuda extranjera se lograron gracias que el BCV vendió varias toneladas de oro monetario. Las reservas cayeron a un histórico nivel de poco más de 13 mil millones de dólares. Para ilustrar la miseria de las bóvedas de Carmelitas, basta decir que en 2015, año en el que las importaciones bajaron drásticamente, Venezuela gastó por ese concepto unos 50 mil millones de dólares. Hoy el país no cuenta ni con el equivalente a tres meses de importaciones.

Frente a esta situación, el gobierno incentiva por un lado la agricultura urbana para que el pueblo se autoabastezca de cebollín y otras hortalizas, pero por otro, lleva a cabo una campaña de masiva expansión de la frontera extractiva. Esa fue la fórmula que encontró para subsistir en el año más crítico de su historia reciente sin recurrir al FMI: empeñar las joyas de la familia y rasgar las minas de Guayana hasta sacar la última tonelada de oro que le permita pagar las deudas.

La minería a cielo abierto, que hasta ahora parecía una actividad relegada al territorio de lo ingobernado y, por ende, dejado a grupos irregulares en connivencia de la Guardia Nacional, comienza a ser motor nacional de “desarrollo”. El modelo que escogió el gobierno fue invitar a inversionistas que hace poco tiempo había expulsado por razones de interés nacional. Esos mismos inversionistas habían denunciado al Estado ante el imperial tribunal del CIADI. Paradójicamente, el fallo del CIADI se pagará con los dividendos que produzcan las nuevas inversiones. Además, los socios le prestarán al Estado los recursos que éste necesita para poder cumplir con el requisito legal de ser accionista mayoritario.

El gobierno justifica su negativa a recurrir a los organismos internacionales por razones de soberanía y dice que jamás retornará al modelo neoliberal. Sin embargo, envía una comitiva ministerial a China, su principal prestamista en la actualidad, para “explicar” las medidas económicas que ha tomado y convencer a sus socios de seguir fortaleciendo la relación. Así, el gabinete invitó a los empresarios chinos a expandir su cartera de inversiones del crudo al arco minero del Orinoco, ofreciéndoles posibles reservorios naturales de coltán, diamantes y oro.

En ese modelo no hay visión productiva alguna, representa en realidad la profundización de la dependencia en la suerte del subsuelo. Es la vieja extracción como mecanismo de generación de ingresos que nada tienen que ver con la capacidad productiva del país. El plan del gobierno tiene costos ambientales y sociales difíciles de calcular y asume una posición de vulnerabilidad frente a una potencia internacional emergente que le deja muy poco espacio de maniobra. El Estado psuvista admite que hay territorios dignos de explotación y colonización, de la mano de aliados internacionales, para seguir financiando un modelo que reconoce está en bancarrota.

El dorado venezolano

En buscando El Dorado