Fuera de radar


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Una piedra en el estómago

Por Antulio Rosales

Los pasos lentos de esa señora no me dejan dormir. En un lugar donde una cola se puede convertir en un ataja-perros, con armas incluidas y golpes mortales, ella y otras más se cuestionan si vale la pena buscar comida o medicinas a cambio de la tranquilidad.

En estos días de violenta escasez retumban los informes de saqueos y caos urbano en focos dispersos por todo el país. En simultáneo, el país optimista, politizado o no, reporta redes de solidaridad que irrumpen con una racionalidad difícil de reconocer. Puede que sea ingenua o simplemente sensible, pero lo cierto es que esa racionalidad está ahí. Hay destellos de familiares que buscan medicamentos que otros necesitan. Están los que llevan a las abuelas a hacer compras necesarias.

Unos empujados por la desesperación se ven obligados a rescatar tradiciones para resolver la cotidianidad. Algunos pedantes con voz de vanguardia celebran el hecho. En el fondo siempre quisieron que esto llegara hasta ahí. Arepas de maíz pilado, cosméticos hechos en casa, o la agricultura desde el balcón se convierten en estandartes de lucha y en romance de la tradición-revolución-pobreza.

Bachacos

Bachacos, tomado de islandiacarvan

El paso de la abuela seguirá lento. Los huesos frágiles no se harán más fuertes con los tomates organo-balcónicos. El medicamento de la enfermedad crónica debe llegar. Los niños con epilepsia no pueden esperar. La voluntad transformadora no puede con todo, ni está tan solo enfrentando una batalla de ideales con seres minúsculos, reducidos a insectos contrabandistas. Esos “bachacos” no son la causa sino un síntoma del problema. Para buscar culpables, basta con recordar al ministro que no hacía colas por razones de seguridad, al diputado que hoy es capaz de costearse demandas por difamación en Nueva York, a la pareja que le paga bufete de abogados caros a los sobrinos en problemas, al país socio que revende el petróleo que compró barato a precio de mercado. Así surgió el bachaqueo contemporáneo.

Fajarse a hacer arepas de maíz pilado indica mucho más que un recurso de imaginación. La señora pobre que alimenta a una docena de personas con ese montón de trabajo, no tiene tiempo que perder. No puede hacerlo todo, ni obtener todo lo que necesita. La voluntad es insuficiente y se termina traduciendo en el mensaje que escuchamos ya con más frecuencia: “no como desde ayer”. Hasta ahí llega el romance.

La pelea por acceso a la comida revela que la crisis es dramática y que el poder ha decidido invalidar el ejercicio ciudadano y con ello busca allanar el camino a la violencia. Esa es la única vía de escape y el gobierno confía en que ese es el camino que le favorece, en el que se mantendrá en pie, a duras penas. No es casual que extienda, ignore y obstaculice el proceso democrático en simultáneo con la puesta en marcha de mecanismos perversos para racionar lo poco que hay.

La hipocresía de quienes dicen estar con la paz resulta pasmosa. Es la paz de los hambrientos. La paz de la manipulación más básica. Toma tu bolsa de comida a cambio de retirar tu firma. ¿Militas en la revolución? Algo te llegará a tu puerta. Una bolsa de comida de vez en cuando no garantizará la paz, ni ganará adeptos para la revolución, solo quizás administrará la crisis y dosificará la violencia que es cotidiana. La descentralizará del abasto al vecino, del supermercado al vecindario. La violencia no es solo la piedra contra la vidriera, la violencia es diaria y está en el estómago de la gente.

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La Asamblea y el Arco Minero del Orinoco

Por Antulio Rosales

El 14 de junio, la Asamblea Nacional rechazó el decreto ejecutivo aprobado por el gobierno nacional que permite la creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco. Aunque es una decisión trascendental, ha sido poco reseñada, quizás porque los reportes del caos focalizado que se vive diariamente o los sorpresivos encuentros de alto nivel se roban la atención.

El acuerdo de la AN “niega autorización” al ejecutivo nacional para constituir el AMO, por considerarlo violatorio de la Constitución y por amenazar las cuencas hídricas más importantes del país, así como la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona. El acuerdo rechaza el decreto con el “objetivo expreso de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, la paragua, las zonas protectoras, la cuenca del río Caroní, los Tepuyes (formaciones biogeográficas únicas en el mundo), el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Aéreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica”.

Ana Elisa Osorio en la AN

Ana Elisa Osorio en la AN

La plenaria contó con la participación de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del ambiente del gobierno de Chávez y propulsora, junto con otros líderes ambientalistas, movimientos indígenas y diversos grupos sociales de pronunciamientos y movilizaciones en contra del AMO. Estos pronunciamientos cuentan con numerosos apoyos dentro y fuera de Venezuela de movimientos sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la discusión venezolana sobre el extractivismo. Si bien los partidos asociados a la Mesa de la Unidad Democrática en general concuerdan con la tradicional agenda extractiva nacional—quizás bajo principios distintos a las que lleva a cabo el actual gobierno—los términos de este acuerdo coinciden con las demandas sociales de grupos ambientalistas y defensores de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. El texto hace referencia también a compromisos asumidos por la República en convenios internacionales en materia ambiental. Tal vez lo más importante del acuerdo es que la Asamblea está dando señales concretas de apertura a voces plurales que hacen vida en el país, incluso más allá de su tradicional zona de confort social y política. En sí mismo es un gesto trascendental después de años de diálogos de sordos en Venezuela.

Los representantes del PSUV denunciaron en el debate que se trataba de un mecanismo para detener cualquier avance del gobierno para enfrentar la crisis. Posiblemente esas sean las motivaciones de algunos impulsores de este acuerdo. Sin embargo, más allá de las motivaciones coyunturales, el acuerdo pone de manifiesto las contradicciones del gobierno nacional que dice defender la causa de los desvalidos mientras apuesta por la gran minería en alianza con inversionistas transnacionales para financiar los últimos respiros del socialismo rentista bolivariano.

El jefe de la bancada revolucionaria dijo además que rechazar el AMO implica favorecer la minería ilegal y el control irregular del territorio. Ese argumento responde a los conocidos chantajes del gobierno y busca criminalizar la protesta ciudadana. De acuerdo a esta lógica, la única forma de controlar la minería ilegal es creando un territorio de masiva extracción a cielo abierto bajo el control del Estado y en alianza con inversionistas extranjeros. Pero además, se haría prohibiendo cualquier protesta “particular” que contravenga el “interés general” de que el propio Estado delimita. Después de abandonar sus responsabilidades y competencias de control territorial dejándole la cuenca del Orinoco a grupos irregulares y armados—con complicidad de las propias fuerzas represivas del Estado—el gobierno culpa a quienes rechazan la mega minería de ser aliados funcionales de la mafia. Aunque pareciera, no es un chiste.