Fuera de radar


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El estado de nuestra excepción

Por Antulio Rosales

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.

Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera andina con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”

Según el decreto presidencial firmado hace unos días y leído en televisión nacional por el gobernador del estado Aragua (para quienes no conocen la geografía venezolana, Aragua no solo no es contiguo a la frontera sino que se encuentra a más de 700 kilómetros de la zona ‘excepcional’), se restringen los derechos de inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, libre tránsito, reunión y manifestación así como otras restricciones referidas las transacciones financieras. Varias de esas garantías han estado en entredicho desde que el gobierno nacional inició sus operativos de élite armados para pacificar territorios al margen de la ley. Vecinos, familiares y organizaciones civiles han denunciado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Durante estos operativos, ya se había arrojado un asombroso saldo de paramilitares y ‘colombianos’ indocumentados. El decreto vendría a normalizar estas prácticas en la frontera, zona tradicionalmente hostil al gobierno. Todo ello, anuncia el Jefe de Estado, será “hasta que la paz retorne a la frontera”.

En pocos días el gobierno ha elevado el tono del discurso, acentuando el ellos y nosotros con los vecinos. Criminaliza al inmigrante que hasta hace poco era bienvenido, ahora es tildado de paramilitar y contrabandista, principal responsable de la escasez y los estragos de la denominada guerra económica. De hecho, el gobierno responsabiliza a paramilitares—y colombianos—por el ataque armado a oficiales de la Fuerza Armada que animó el cierre de frontera así como el consecuente decreto. De ese ataque, aún no hay culpables conocidos, pero la tesis gubernamental se mantiene.

Rápidamente el estado de excepción se convirtió en la nueva gran batalla del gobierno revolucionario para convencer a la población de la necesidad de unidad detrás del diezmado líder. Con esta excepción, el gobierno pretende mostrar determinación y fuerza para tratar de enderezar el entuerto de la escasez. Fuerza y muros antes que cambiar el ritmo o imponer medidas que limiten los incentivos para el contrabando. Cualquier cosa antes de rectificar las políticas que nos trajeron a este punto. Primero se movilizan 2.500 efectivos a la frontera antes de que sepamos siquiera cual es el nivel de escasez o inflación que vive el país.

La excepción actual tiene como objetivo mantener nuestra ya alargada excepcionalidad. Busca recuperar fuerzas y animar el nacionalismo ante las próximas elecciones. Y si el objetivo no se logra, pues la excepción se podrá expandir, con tal de pacificar y liberar a todo el pueblo. Está latente la posibilidad de suspender las elecciones, porque claro, frente a una amenaza existencial ¿cómo se podrán celebrar elecciones?

En estos años, una de las razones más tangibles que nos puso en estado de excepción continuo es el vertiginoso ritmo electoral en el que nos encontrábamos. Cada año más o menos nos enfrentamos con discursos totalizantes en una batalla donde ganar o perder resulta un absoluto. Cada elección era un punto de no retorno. En los años electorales, la angustia se apodera del ambiente, al punto de que comenzamos a necesitarlas. Los años electorales se convirtieron en una nueva normalidad. Allí radica el estado actual de nuestra excepcionalidad, para preservarla es posible que el gobierno nacional decida echar por tierra la confrontación electoral y nos acerque a otras batallas.


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La xenofobia a la orden del día

Por Ybelice Briceño L.

Cuando estudiaba en el liceo era frecuente leer en las calles de Caracas pintas como estas: “Mata a un colombiano y vive un día Pepsi” o “Gracias Armero por mater tanta mierda junta” (en macabra alusión a la trágica erupción del volcán de Armero). El sentimiento anticolombiano estaba a la orden del día; era frecuente en los chistes, el bulling y otras formas de violencia simbólica así como formas de violencia física e institucional (como las redadas policiales para detener “indocumentados”, por ejemplo). Con la llegada de socialismo del siglo XXI en la última década, pensé que el sentimiento xenófobo anticolombiano era algo relativamente superado o al menos difícil de profesar y defender abiertamente en el espacio público. Ahora, no salgo de mi asombro cuando veo que es promovido y alentado por miembros del propio gobierno, que es reproducido por militantes de izquierda y practicado por compañerxs con formación política o que hacen trabajo comunitario.

¿En qué momento el pueblo colombiano dejó de parecernos un pueblo hermano (objeto de políticas represivas excluyentes en su país) para ser un pueblo de maleantes y paramilitares, un enemigo externo que vive entre nosotros, al que hay que vigilar y denunciar? ¿Cuándo lxs inmigrantes colombianxs residentes en el país dejaron de ser merecedorxs de una vida digna con sus derechos cubiertos (como el derecho a tener identificación y así poder votar en las elecciones por nuestro proyecto) para a ser un contingente de “paracos” y “bachaqueros” que en el mejor de los casos debe ser deportado? ¿Cuántos chivos expiatorios se necesitan para intentar tapar los fracasos u omisiones de nuestras políticas públicas? ¿Cuál es el límite ético de la instrumentación política de nuestros problemas con fines electorales?

Seguramente alguien saldrá en defensa del discurso xenófobo poniendo ejemplos de un caso (o muchos casos) de personas de nacionalidad colombiana que practican el “bachaqueo” (como tantxs otrxs venezolanxs, de cualquier bando político) o que incurre en alguna práctica “delictiva” o no legal. Semejante “argumento” no requiere demasiado análisis. Basta con evidenciar su semejanza con el núcleo argumentativo del discurso racista, xenófobo y colonial enarbolado por los gobiernos y la derecha europea en contra de los inmigrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos. Cualquier defensor del discurso europeo anti-inmigrantes también dirá que los africanos, los moros y los sudacas en su mayoría “son ladrones”, les “quitan el trabajo”, se “llevan su riqueza”, etc. Sin embargo, es difícil imaginar que este discurso sea defendido (al menos de manera abierta) por miembros de grupos de izquierda o de ideologías anti-sistema en otras partes del mundo.

¿En qué momento la xenofobia pasó a ser parte del imaginario bolivariano? ¿Cómo es que podemos hacer compatible el discurso de la democracia protagónica, de la justicia social y de la integración de los pueblos con la más abierta xenofobia y el chauvinismo más ramplón?¿Cuántos pasos hay de este discurso violento, a las amenazas, la agresión o el linchamiento de un vendedor ambulante, de una vecina o de un compañero de escuela? Parece que la crisis que atraviesa el país está alimentando los sentimientos más bajos y peligrosos. Y que la “madurez política” de la que nos jactamos durante todos estos años se fue al traste de un día para otro.

 

 

La amenaza

La amenaza


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Los crímenes de odio: ‘selfie’ de la impunidad

Por Antulio Rosales

¿Qué nos tiene que importar del autor intelectual de uno de los crímenes más horrendos cometidos en Venezuela en los últimos años? De acuerdo con la prensa oficial venezolana, los organismos del Estado y sus replicadores en redes sociales, lo único que importa sobre este individuo es la colección de selfies y otros retratos que tenga con diversas personalidades del jetset político opositor.

Tenemos que conocer de parte del Presidente de la República una confesión fría, calculada, bien hablada, escrupulosamente cortés realizada por los órganos de investigación criminal en la que lo más resaltante es a quienes conocía, quienes le dieron plata alguna vez y, léase bien, dónde y cómo lo entrenaron. Es una confesión nítida, lineal, que no sufre de alteraciones temporales, ni de pausas para recapitular detalles. Es una confesión en la que no se contradice. Lo que es más, el criminal no parece estar nervioso, no parece estar enfrentando una sentencia larga y dolorosa en una cárcel venezolana en la que seguramente se le irá su juventud y mucho de su vida. El criminal parece estar dando amplios detalles de sus relaciones con la política venezolana como si se tratara de un trance, de un mecanismo de cooperación, para recibir alguna medida compensatoria.

Quedó atrás el crimen. El asesinato de Hergueta es una nota marginal en el chisme principal. Pero lo que es peor, quedan atrás una serie de crímenes que no importan. Ya no es noticia el video aficionado en el que se capturan imágenes de un ajusticiamiento que hacen funcionarios de la Policía de Aragua a un presunto delincuente, un don nadie que es lanzado como desperdicio en el asfalto junto con otros dos sin nombre que corrieron la misma suerte. Esos policías no se hicieron selfies con diputado o gobernador alguno. El anuncio de Tarek El Aissami fue suficiente, el Estado no se moviliza para evitar que estos crímenes se repitan. Debemos confiar que además su plan estrella contra la delincuencia no caerá en excesos de este tipo. El Estado no siente que debe redoblar esfuerzos y tomar espacios de la televisión nacional para denunciar lo crudamente político de estos crímenes. Siguen siendo hechos aislados en una gran estructura de respeto a los derechos humanos y uso progresivo de la fuerza.

Vanessa de Almeida (derecha)

Vanessa de Almeida (derecha)

Más atrás todavía quedaron las recientes muertes de Vanessa de Almeida, Marimar Durán y Gaby Ayala, víctimas de odio por su identidad de género. Esas muertes no tienen ranking alguno en la discusión nacional, son anónimas. Esas muertes escasamente llegaron a recibir un click en la opinión pública, no merecieron ni un pronunciamiento, ni siquiera una hipócrita promesa de justicia. Esas muertes no generan una mínima ventaja proselitista en un momento de escasez de afectos electorales, no importa qué conexiones tengan sus asesinos, quienes les hayan entrenado o cuáles sean sus vínculos políticos, reales o no. La política no llega a esos cuerpos, la política no se preocupa por esas muertes, esas muertes no son políticas. No forman parte del hecho público que nos compromete y nos horroriza.

Mientras la atención se desvía a la posible relación entre Primero Justicia y el Descuartizador del Siglo XXI, la impunidad es el mejor alimento para nuevas muertes que pasarán inadvertidas y sumarán montañas de cuerpos inertes sin valor alguno.


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Las OLP: del plomo al certificado de paz

Por Antulio Rosales

No está muy claro si la pérdida de control efectivo sobre el territorio y sobre la violencia legítima ha sido el resultado de una estrategia planificada, si es una idea basada en una novedosa visión de la guerra de cuarta generación o si es producto de una mezcla de estrategia con ineficiencia, corrupción y desidia.

El Estado delegó en diversos grupos irregulares la (in)seguridad ciudadana. Ahora, cuando no controla a esas facciones, busca recuperar parte de ese control territorial. Para ello, apela a unos operativos de fuerza élite que se asemejan a los que Brasil viene ejecutando en sus barrios para brindarle al turismo internacional la seguridad que requieren las olimpiadas y los mundiales de fútbol. También allá se les relaciona en el discurso oficial con liberación y pacificación. Resulta cuando menos irónico que este modelo de intervención focalizada lo exportó Colombia a Brasil y otros países de la región, partiendo de su ‘exitosa’ batalla contra el narcoterrorismo.

En Venezuela las denominadas Operación Protección y Liberación del Pueblo (OLP), como muchos de los nombres de la política bolivariana, suenan a cuento de hadas pero terminan siendo… otra cosa. Como comenta Keymer Ávila, el sistema penal venezolano “es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos polos, pero casi nunca lo hace en el justo medio”. Con las OLP pasa al punto del exceso, donde los procedimientos no parecen estar apegados a una normativa establecida. Todavía hoy no hay cifras exactas de la cantidad de detenidos ni muertos en las operaciones que se han llevado a cabo.

Las OLP ponen al gobierno bolivariano en una posición incómoda consigo mismo. Ese Estado benévolo que protege a su pueblo, especialmente al más pobre e históricamente desposeído, viene dispuesto a retomar el control sobre territorios dejados a su suerte. Muchas veces incluso esos territorios son intervenciones del propio gobierno bolivariano, no son el resultado de la perversión del tan mentado capitalismo rapaz que marginó al pueblo pobre por décadas. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, son territorios casi de excepción creados en Revolución para salvar al pueblo de las lluvias. Son territorios construidos bajo la inspiración de la planificación-imposible-devenida-en-improvisación: con petrodólares, hechos por inversionistas extranjeros desconocidos y diversos, de manera rápida, poco planificada, poco transparente y con objetivos electorales en la mira.

Un gobierno “benévolo” creó masivas residencias y trasplantó poblaciones sin mucho propósito, con quizás una peluquería por aquí, una casa comunal por allá, pero sin ideas sobre fuentes de empleo, planificación urbana y ni hablar de ambiental. Ahora trata de pacificar esos territorios que en poco tiempo se convirtieron en focos fuera de la ley, en lugares donde además de ocurrir actividades delictivas diversas, se incautan toneladas de productos controlados, ese otro territorio de excepción que el gobierno ha constituido: el de productos de primera necesidad a precios muy por debajo del precio de mercado.

Protector del pueblo

Protector del pueblo

Es comprensible que la población de estos ‘territorios de paz’ se sienta temerosa, tanto del hampa como del Estado ‘liberador’. El gobierno, incapaz de proveer condiciones básicas que permitan mantener la paz en estos sectores, luego de la puesta en marcha de las OLP decidió emitir simbólicos premios a los hogares que se portan bien. Esos hogares recibirán el certificado de “hogar de paz”, una vez que la Guardia Nacional haya llevado a cabo un gran censo en todas las viviendas que han sido entregadas por la Misión hasta ahora. Aunque parezca increíble, el gobierno nacional realizará un censo, como si la GMVV se tratara de un fenómeno urbano espontáneo ocurrido a lo largo de décadas a espaldas de las autoridades. Después de construir, asignar y entregar las viviendas en un período de pocos años, el gobierno quiere conocer quiénes las habitan y en qué condiciones. El Estado busca hacerse presente y ya no cuenta con recursos para ofrecer paz, sino el de la fuerza y el simbólico reconocimiento para premiar a unos y castigar a otros.