Por Antulio Rosales
A finales de julio fui a un evento público sobre el petróleo. Me gustó mucho escuchar a alguien retomar con originalidad argumentos de las ciencias sociales venezolanas, el capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista y la antropología del petróleo de Rodolfo Quintero. Me fascinó ver cómo un tema tan medular es tan poco discutido en Venezuela.
Uno de los panelistas argumentaba con persuasión que se pierde mucho tiempo hablando de la corrupción en Venezuela como un problema ético y no como un asunto constitutivo de la economía política de la renta, de su distribución. Este es un tema central para un país que depende no de la riqueza que produce su trabajo sino de la renta del suelo. La sobrevaluación de la moneda es un rasgo propio de la forma económica del país desde tan temprano como 1934 cuando se firmó el Convenio Tinoco. Irónicamente, el episodio es recordado como una devaluación, pero de hecho, sobrevaluaba al bolívar frente a un dólar desplomado por la Gran Depresión. La intención del momento era compensar y financiar el sector agrícola. Ya sabemos que pasó con esos planes.
Venezuela se fue vinculado a la economía mundial casi exclusivamente a través de su petróleo, contando con momentos de ingresos extraordinarios en divisas–como en los años setenta y luego en los 2000–que produjeron grandes distorsiones en su economía debido a sobrevaluaciones del bolívar, entre otras. En especial, intensificaron la dependencia en la extracción de hidrocarburos, a expensas de casi cualquier otra actividad productiva, o lo que también se denomina Enfermedad Holandesa.
En ese evento alguien se levantó con energía a decir que la sobrevaluación era un mito y que la Enfermedad Holandesa era un invento. Y volvió sobre los 20 mil millones de dólares que CADIVI y algún grupo de burócratas corruptos entregó a empresas de maletín, como el meollo del asunto. Esa persona no atinaba a vincular una cosa con la otra: dólar barato y escaso con corrupción y especulación. Naturalizar la sobrevaluación para la economía en un país petrolero es equivalente a los roles de género en la sociedad: invisibles pero omnipresentes.
A muchos revolucionarios les preocupa cómo el gobierno enfrenta problemas de este tipo, por ejemplo, negándose a publicar los nombres de quienes se apropiaron de aquellos recursos. Lo lamentable es la forma como muchos de ellos comprenden estas falencias. Los temas de apropiación indebida de recursos, ineficiencia y hasta la economía criminal son vistos como problemas de individuos malsanos, inmaduros y ávidos de poder. El problema se reduce a cada uno de ellos, a su naturaleza humana y no a la estructura que les alimenta de incentivos su existencia.
Esta misma gente es la que ofrece una explicación estructural a cuanto cangrejo no se ha podido resolver en 15 años, pero los problemas de los que se quejan intramuros no responden a ninguna razón sistémica, a su propio modelo, responde a un grupo no pequeño de individuos. Paradójicamente, muchos revolucionarios se fueron convirtiendo, sin sospecharlo, en individualistas. Reconocer las estructuras y los mecanismos que le dan vida a esos “contados” individuos sería un ejercicio tan costoso como suicida que no están dispuestos a realizar. Es que son los mismos mecanismos que sustentan el propio proyecto bolivariano. Prefieren morir con el lugar común de la individualidad corrompida y las desviaciones de la cultura.
Es por eso que en el imaginario revolucionario existe un rentismo bueno, la posibilidad de un CADIVI honesto, salido de una fantasía giordanesca. No es de extrañar que el capítulo contemporáneo–‘socialista’–del rentismo venezolano pretenda solventar los problemas propios del modelo con controles y regulaciones que metan en el carril a esa manada de individuos desbordados. De ese empeño han surgido en estos días esos burócratas control-fílicos y biométrico-obsesivos que atesoran el sueño de mantener la harina a 17, codificada a la huella digital de cada consumidor.
Fuera de radar 