Fuera de radar


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Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

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Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

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Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.


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Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Por Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

Noalarcominero

Protesta contra el AMO frente al Ministerio de Finanzas


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China: el imperio que deja las zanahorias por el garrote

Por Antulio Rosales

La espada de Bolívar

La espada de Bolívar

La República Popular China se convirtió en un gran aliado financiero de Venezuela a partir de 2005 cuando comenzó a proveer préstamos líquidos al país a cambio de petróleo. Con los múltiples mecanismos de financiamiento, China le ha facilitado a Venezuela unos 65 mil millones de dólares. Esta se convirtió en la mayor deuda de país latinoamericano alguno con China. Según el gobierno venezolano los préstamos vienen sin ataduras ni condiciones que limitan la soberanía nacional. Incluso, Nicolás Maduro ha dicho que no debería considerarse “deuda” sino “financiamiento”.

Sin embargo, apoyo del gran hermano chino ha ido cambiando con el tiempo. China lleva dos años que no afloja la cartera de préstamos como espera Venezuela. La sequía de nuevos préstamos ha influido en la crudeza de la crisis que enfrenta el país. En meses recientes, China ha firmado acuerdos de inversión para intentar mantener la producción de petróleo que, en última instancia, garantiza el repago de la deuda original. Venezuela, en contrapartida, ha ido cediendo espacios de control territorial y operacional en las empresas conjuntas de extracción de petróleo y ha otorgado concesiones a dedo en zonas especiales de producción y nuevos centros de explotación minera.

El gobierno chino aunque se ha negado a otorgar nuevos préstamos, cedió facilidades de pago a Venezuela en los compromisos existentes, reestructurando la deuda y ofreciendo nuevos períodos de gracia que solo le dan un mínimo de oxígeno hasta 2017. Básicamente, Venezuela se ha salvado de un default con China en vista de la caída del precio del petróleo, que obligaría enviar más crudo.

No obstante, la pregunta de si el gobierno chino debe o no salvar a su socio del eminente colapso económico ya ocupó la primera página en un diario oficial en China. Hay evidencias de que China no considera al gobierno de Maduro un aliado imprescindible y enfrenta la disyuntiva de cómo asegurar el repago de su deuda y evitar un efecto dominó de defaults en el sur global marcado por la caída de los precios de los commodities.

El anuncio de la Asamblea Nacional de que anularía los compromisos de inversión en el Arco Minero del Orinoco por no haber cumplido con los requisitos constitucionales de consulta previa desató alarmas que, entre otras cosas, provocaron una invitación al jefe de la bancada de la MUD a sostener conversaciones con una organización vinculada al Partido Comunista chino. Luego, informaciones extraoficiales reseñadas en el Financial Times indican que el gobierno chino estaría condicionando cualquier ayuda futura a que el gobierno venezolano lo someta a aprobación de la Asamblea, como obliga la constitución. Aunque posteriormente una portavoz del gobierno negara tales conversaciones, resulta evidente que el gobierno chino considera viable un acercamiento con la oposición. Hasta ahora la oposición venezolana ha sido ambigua frente a Beijing pero, en todo caso, si llegara al gobierno deberá tener relaciones cercanas con el que se ha convertido en el principal inversionista y prestamista del país.

Un posible condicionamiento de nuevos préstamos a cambio de su aprobación en la Asamblea es un hecho trascendente. Esa condición estaría amarrando a la oposición venezolana a mantener relaciones en un posible cambio de gobierno, pero además forzaría al gobierno de Maduro a reconocer al parlamento, algo que ninguna otra potencia extranjera tendría la capacidad de asegurar.

China, como cualquier otro prestamista, está preocupada por un elemento central: que su deuda sea cancelada. Y en las circunstancias actuales, Venezuela necesita financiamiento externo para cumplir con sus compromisos internacionales e incluso para abastecer de productos básicos a la población. En ese contexto, Venezuela por primera vez en una década, ha enviado cifras macroeconómicas oficiales al Fondo Monetario Internacional, pensando en solicitar una ampliación de sus derechos especiales de giro (DEG) u otro mecanismo de financiamiento. Ya Venezuela ha venido canjeando los DEG en meses recientes, en parte por la imposibilidad de pactar nuevos préstamos con China y otras potencias emergentes reticentes a prestar más fondos al gobierno de Maduro.

El gobierno venezolano contó por más de una década con el apoyo fiable de China, que le permitió retrasar reformas elementales de su “modelo” económico y mantener insustentables políticas de gasto público, asfixiantes controles y una sobrevaluación suicida. En ese tiempo, el gobierno comparaba a China con el Fondo Monetario alardeaba de su su solidaridad y no injerencia. Pero ese apoyo se ha ido desvaneciendo y quizás termine siendo China uno de los factores externos que empujen al gobierno de Maduro a reconocer a la oposición en la Asamblea e incluso a asumir las reformas económicas que ha evadido con tanta obstinación.


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Una piedra en el estómago

Por Antulio Rosales

Los pasos lentos de esa señora no me dejan dormir. En un lugar donde una cola se puede convertir en un ataja-perros, con armas incluidas y golpes mortales, ella y otras más se cuestionan si vale la pena buscar comida o medicinas a cambio de la tranquilidad.

En estos días de violenta escasez retumban los informes de saqueos y caos urbano en focos dispersos por todo el país. En simultáneo, el país optimista, politizado o no, reporta redes de solidaridad que irrumpen con una racionalidad difícil de reconocer. Puede que sea ingenua o simplemente sensible, pero lo cierto es que esa racionalidad está ahí. Hay destellos de familiares que buscan medicamentos que otros necesitan. Están los que llevan a las abuelas a hacer compras necesarias.

Unos empujados por la desesperación se ven obligados a rescatar tradiciones para resolver la cotidianidad. Algunos pedantes con voz de vanguardia celebran el hecho. En el fondo siempre quisieron que esto llegara hasta ahí. Arepas de maíz pilado, cosméticos hechos en casa, o la agricultura desde el balcón se convierten en estandartes de lucha y en romance de la tradición-revolución-pobreza.

Bachacos

Bachacos, tomado de islandiacarvan

El paso de la abuela seguirá lento. Los huesos frágiles no se harán más fuertes con los tomates organo-balcónicos. El medicamento de la enfermedad crónica debe llegar. Los niños con epilepsia no pueden esperar. La voluntad transformadora no puede con todo, ni está tan solo enfrentando una batalla de ideales con seres minúsculos, reducidos a insectos contrabandistas. Esos “bachacos” no son la causa sino un síntoma del problema. Para buscar culpables, basta con recordar al ministro que no hacía colas por razones de seguridad, al diputado que hoy es capaz de costearse demandas por difamación en Nueva York, a la pareja que le paga bufete de abogados caros a los sobrinos en problemas, al país socio que revende el petróleo que compró barato a precio de mercado. Así surgió el bachaqueo contemporáneo.

Fajarse a hacer arepas de maíz pilado indica mucho más que un recurso de imaginación. La señora pobre que alimenta a una docena de personas con ese montón de trabajo, no tiene tiempo que perder. No puede hacerlo todo, ni obtener todo lo que necesita. La voluntad es insuficiente y se termina traduciendo en el mensaje que escuchamos ya con más frecuencia: “no como desde ayer”. Hasta ahí llega el romance.

La pelea por acceso a la comida revela que la crisis es dramática y que el poder ha decidido invalidar el ejercicio ciudadano y con ello busca allanar el camino a la violencia. Esa es la única vía de escape y el gobierno confía en que ese es el camino que le favorece, en el que se mantendrá en pie, a duras penas. No es casual que extienda, ignore y obstaculice el proceso democrático en simultáneo con la puesta en marcha de mecanismos perversos para racionar lo poco que hay.

La hipocresía de quienes dicen estar con la paz resulta pasmosa. Es la paz de los hambrientos. La paz de la manipulación más básica. Toma tu bolsa de comida a cambio de retirar tu firma. ¿Militas en la revolución? Algo te llegará a tu puerta. Una bolsa de comida de vez en cuando no garantizará la paz, ni ganará adeptos para la revolución, solo quizás administrará la crisis y dosificará la violencia que es cotidiana. La descentralizará del abasto al vecino, del supermercado al vecindario. La violencia no es solo la piedra contra la vidriera, la violencia es diaria y está en el estómago de la gente.


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El tiempo: arma bolivariana en la guerra de cuarta generación

Por Antulio Rosales

El gobierno decidió cerrar todas las vías de diálogo, negociación o simple viabilidad política a cualquier alternativa de su proyecto. Antes de enfrentar a la oposición que hace vida en el parlamento, decidió maniatarlo; utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para someterlo y subyugarlo al Ejecutivo. La Asamblea se ha convertido en un espacio nulo, cuya única prerrogativa es gritar, esgrimir argumentos, emitir declaraciones de voluntad y, posiblemente, aumentar algún bono extra-salarial. Eso es todo. La estrategia funciona, por ahora, ya que deja extenuada a una población cada vez más preocupada por qué será lo que comerá mañana o dónde encontrará la medicina para sobrevivir. Las diatribas Asamblea-gobierno se hacen cada vez más lejanas para quienes deben pensar en resolver el día a día.

Quedó el Referendo Revocatorio como única válvula de escape para la crisis. Y esa fue en parte la elección del propio gobierno, poniéndole obstáculos a cualquier otra salida y permitiendo que, a duras penas, avance el proceso revocatorio. Lo permite porque le lleva el reloj al proceso. Lo controla por vía remota y así deja un hilo de esperanza para una heterogénea y cada vez más amplia población que le opone, al tiempo que se asegura de que esa posibilidad enfrente cuanto obstáculo se le ocurra ponerle en el camino. El revocatorio se ha convertido en la salida de la MUD, pero también en los descontentos del chavismo que no hallan espacio en la atrincherada cúpula de gobierno y convirtieron el referendo en su propio desafío. Ahí también cifran su esperanza quienes quieren re-organizar al chavismo como una fuerza popular y alternativa al gobierno de Maduro.

La estrategia del referendo es riesgosa, por lo complicado del proceso y por todos los mecanismos de control y castigo que ejerce el gobierno sin ningún reparo ni contrapeso. Ya Maduro ha dicho que no hará nada en contra de los firmantes, pero igualmente, ha pedido—amenazante y en referencia a Luis Tascón—que “dejen a ese muchacho descansar en paz”, y de manera poco sutil designó a Jorge Rodríguez para que verifique las firmas. Rodríguez se apresuró a decir que si bien el voto es secreto, la “expresión de voluntad” no lo es. Ciertamente alcalde, la expresión de voluntad no es secreta, pero también ha de ser libre y ciudadana. La Constitución de la República consagra derechos para la filiación política a la ciudadanía, obliga la no discriminación y estipula que todos los cargos de elección popular son en efecto revocables.

Pese a todas las estrategias de escarnio y amenazas de discriminación, el arma más potente con la que cuenta el gobierno es el tiempo. Los servicios, derechos o empleos que ofrece el Estado como si fueran exclusivas dádivas del Alto Mando Político de la Revolución se han devaluado al mismo ritmo que la moneda. Esa ya no es una amenaza tan potente como pudo haber sido hace 12 años. Perder un estipendio o un salario estancado por la inflación no parece ser un dolor de cabeza. Pero el tiempo es más poderoso.

El tiempo puede hacer explotar la bomba de urgencia que implica el desabastecimiento y que se atiza cada día que no aumenta el precio del barril. El tiempo le permite al gobierno seguir argumentando hasta el colapso que es víctima de una gran conspiración de cuarta generación dirigida desde Washington y apoyada por sus acólitos nacionales. Pareciera que su esperanza radica en ese colapso a cuenta gotas, ese que está llegando de a poco y que le inyecta potencia a su psicosis conspiratoria, por eso se niega a negociar salidas, se niega a tomar medidas, se rehúsa a un diálogo que aplaque la crisis. Así que vendrán impugnaciones a las firmas, reválidas, confirmaciones, anulaciones y retrasos en cada punto del proceso para activar el referendo. Maduro se aferra al control del reloj para estirar la arruga más allá de 2017 y asegurarse ganar, incluso perdiendo. Eso permitirá a Maduro designar a su reemplazo, nombrando a un(a) vicepresidente(a) a la medida que dirija una transición madurista y mantener su gobierno enchufado a las máquinas que hasta ahora le dan vida.

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Persistencia de la memoria, Salvador Dalí


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Estado, incapacidad y crisis energética

Por Antulio Rosales

Hace unas semanas, el Presidente exhortó a las mujeres de Venezuela a sacrificar el uso del secador de pelo, ya que el artefacto consume electricidad en exceso. No pudo faltar, Maduro además hizo su respectiva recomendación acerca de la belleza de una mujer, “que se ve más bonita cuando se peina con los dedos”. El inusual exhorto y su valoración innecesaria sobre los cánones de belleza de las ciudadanas pasó inadvertido y tampoco ha contado con suficiente respaldo, así que el gobierno anunció que durante las próximas dos semanas, serán solo dos los días laborables para la administración pública. El viernes será libre para las escuelas del Estado. Estas son las medidas de urgencia que tomó el gobierno nacional después de meses con horarios recortados, feriados extra largos y viernes no trabajados para intentar ahorrar energía.

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A la luz de las velas…

Hace pocos años, Venezuela se preparaba para ser una gran potencia energética mundial, pero ahora no aguanta una fuerte sequía producto del cíclico fenómeno natural El Niño. La crisis actual no es resultado solo de la sequía sino de la incapacidad de las autoridades. Las inversiones en plantas termoeléctricas, las nuevas hidroeléctricas y el mantenimiento de la capacidad instalada se ha difuminado en corrupción e ineficiencia. Los intentos de energía renovable no convencional no han avanzado.

Mientras tanto, la población de todo el país—exceptuando Caracas—enfrenta racionamientos diarios que se suman a la intermitencia de servicios públicos y la restricción de horarios en locales comerciales. Se trata de un toque de queda a la luz de las velas y al zumbido de plagas. Contrario a lo que anuncia el gobierno, el racionamiento afecta la oferta de servicios básicos como los de salud, tanto públicos como privados. Y todo ello se incorpora a las dificultades para encontrar productos básicos en las tiendas y supermercados.

Lo sustancial es que las medidas de ahorro energético muestran una cruda paradoja del gobierno bolivariano. Por una parte, la revolución se ha planteado regular casi todos los ámbitos de la vida pública, ha creado ministerios por cuanto problema común identifica o ideal social le alimenta. Nuestra administración pública cuenta con cientos de viceministerios, solapados unos con otros. Son tantos que quizás el propio Presidente no podría recordarlos de memoria. Pero por otra parte, el propio gobierno hace prescindible la función pública. Tiene años mermándola. Ya en 2010 cuando surgió la crisis de damnificados, esa vez por lluvias, el gobierno decidió transformar las sedes ministeriales en refugios. De un día para otro, el fucionariato tuvo que irse a su casa, a trabajar como pudiera, sin aviso de cuando volvería a su sitio de trabajo. En estos años el Estado se ha convertido en una suerte de comité de contingencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, un conglomerado de Salas Situacionales que enfrentan la coyuntura diaria. De resto, es un mamotreto fantasma que no puede asegurar ni la más básica de sus funciones.

Estas medidas, además de contraproducentes para la paz de la población han resultado ser poco efectivas. Lo dijo el vice-ministro de energía eléctrica quien desestimó el ahorro eléctrico del asueto de Semana Santa, que también fue decretada no-laborable. Pese a ello, el gobierno sigue mandando a sus hogares a miles de trabajadores públicos a consumir en casa la electricidad que no consumirán en las oficinas. Todo eso lo seguirá haciendo hasta que vuelva a llover sobre El Guri. Todo ese sacrificio con tal de no aumentar las tarifas de la electricidad, que el Estado casi regala pero es incapaz de proveer. De lo que sí son capaces algunos altos funcionarios es de usar tiempo productivo para incentivar oraciones de diversos credos para pedir a sus deidades que intercedan por Venezuela y hagan que llueva de nuevo. No es chiste, el gobierno invierte tiempo y recursos en acompañar iniciativas como esa, pero no en limpiar las cañerías y desagües de las ciudades, para que cuando finalmente se cumpla el milagro, el país no esté anegado en su propia incapacidad.


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Hacia el nuevo IVIC: una estocada anunciada

Por Antulio Rosales

El chavismo se planteó desde sus inicios ser un proyecto contestatario a las jerarquías sociales arraigadas en Venezuela. Se planteó como un proyecto emancipador. Poco a poco, pasó de tener una agenda social redencionista, nacional y ‘bolivariana’ para convertirse en socialista, con un Estado abarcador y rector de la vida social. Visto así, siempre tuvo una relación incómoda con la academia, con sus estructuras, y con la construcción de conocimiento.

Las universidades autónomas le opusieron desde el principio. De ellas venían, sin embargo, un grupo no menor de los principales exponentes de la izquierda civil y radical. Esos exponentes han formado parte de la élite gobernante hasta ahora, cuando han empezado a ser purgados de ella. En muchas ocasiones escuché en pasillos gubernamentales, incluso en instituciones dedicadas a la construcción de conocimiento, frases lapidarias contra el ‘academicismo’. Hubo siempre una tirria profunda contra la intelectualidad, por parecer desconectada, elitesca y contraria a las mayorías necesitadas de la población. Producir conocimiento era plausible siempre que estuviera al servicio de la sociedad. Pocas veces ha quedado claro bajo cuáles parámetros se debe producir un conocimiento acorde con estas premisas. En muchos casos, el resultado ha sido la proliferación de propaganda vacía y discursos rimbombantes que adornan la acción gubernamental.

Así parece nacer el proyecto de Ley que transforma el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en otra cosa. El proyecto se sustenta en el deseo de ‘socializar la ciencia’, habla de ‘democratizar’, de producir ciencia ‘al servicio del pueblo, la liberación y soberanía de la patria’. Queda implícito entonces que lo contrario es la regla: en el IVIC hoy se produce otro tipo de ciencia, una ciencia quizás burguesa y al servicio de intereses de la anti-patria. No está claro de dónde sale el diagnóstico, quien lo elaboró y bajo cuales criterios. Peor aún, las y los investigadores propios del IVIC desconocen el proyecto y el diagnóstico, con ellos no se ha discutido.

Tomado de islandiacaravan.wordpress.com

Por Alicia Rosales, tomado de islandiacaravan.wordpress.com

La ciencia básica parece desdeñable. Algo así como una ciencia aplicada emerge como preferible; una ciencia al servicio de la comunidad o regida por la misma comunidad. Después de reducir al mínimo el trabajo de las universidades por la vía de los hechos administrativos (aniquilación financiera), es la oportunidad de la ciencia básica, aquella incomprensible y elitesca que no parece estar al servicio de la patria. Bien, la ciencia básica es importante incluso para aquellos que no la comprenden (no comprendemos), ella es piedra angular de casi cualquier forma de innovación en toda sociedad. Es básica, tan básica como necesaria.

Esto no implica que la academia es dueña de todas las verdades. En lo absoluto, simplemente está, o debe estar, en búsqueda de algunas verdades parciales que siempre pueden y deben ser superadas. Ese es su trabajo y es necesario, lo necesita el pueblo pobre, la clase media, los burgueses, los bachaqueros, los revolucionarios y los burócratas. Querer encausarla, torcerla y ponerla al servicio de un grupo, sea éste corporativo, financiero o burocrático, es sencillamente atroz. Democratizar la ciencia sin entrar en discusión con quienes la realizan día a día es un irrespeto que responde a un imperativo de control que solo llevará al deterioro. ¿Que la ciencia y los científicos deben rendir cuentas? No hay duda. Más publicaciones, mejor uso de los recursos públicos, más producción, más conferencias, más diversidad en los temas, en las metodologías y aproximaciones a la realidad, eso siempre se debe discutir, es lo más sano y además lo mejor para la ciencia y la sociedad misma. ¿Que las instituciones deben ser más democráticas y empoderar a sus trabajadores, quienes han de ser respetados y protegidos más allá de sus jerarquías? Sin duda.

Decretar la socialización de la ciencia por una ley sin discusión, no parece encaminado en esa dirección. Al contrario, busca la supremacía de las prioridades que una burocracia en nombre la sociedad impone sobre quienes ejercen la labor científica. La creatividad, la curiosidad y la innovación, la búsqueda de nuevas respuestas a igualmente nuevas preguntas no pueden decretarse en función de un plan de gobierno.