Fuera de radar


Leave a comment

Disléxico o pintor: notas sobre las bases de la constituyente corporativa

Por Antulio Rosales

nico-2

Acto de entrega… de las bases electorales

En el pasado, gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez organizaban elecciones a regañadientes y con la determinación de violar la decisión popular si esta le fuera adversa. Desconocer un resultado electoral para el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda mucho más costoso hoy en día. Venimos del desconocimiento del resultado de las elecciones de 2015 y el país está sumido en una crisis de la que parece no poder escapar. En la actualidad, el proceso comicial para la Asamblea Nacional Constituyente corporativa implica una serie de normas que son en sí mismas un fraude. No hace falta cambiar el resultado ya que la elección está organizada expresamente para que el Gobierno obtenga la mayoría.

Asalto a la Constitución

Como ya se ha explicado, la primera lesión a la constitución ocurre cuando convenientemente el CNE y el Ejecutivo confunden contar con la “iniciativa de convocatoria”, con ser depositario de la soberanía y, por ende, tener la capacidad de convocar una Asamblea de este tipo. Luego, el CNE acepta en horas unas bases comiciales que violan el principio de universalidad del electorado y además revisten complicaciones tales que obligan a crear padrones electorales ad hoc, imposibles de verificar y auditar. Además, promete celebrar elecciones de unos 545 asambleístas en dos meses.

Pongamos esto en perspectiva: el gobierno insiste en que el Referendo Revocatorio que buscaba la MUD no fue aniquilado por su arremetida autoritaria, sino que la oposición no lo activó con suficiente tiempo. Veamos, el CNE tomó tres meses para entregar unas planillas que permitirían dar el primer paso para su activación. En menos de un día, el mismo CNE aprobó las bases comiciales de una convocatoria que no cuenta con la aprobación del pueblo, único depositario del poder constituyente. El CNE tardó meses para verificar las firmas que le darían a la MUD la posibilidad de solicitar la convocatoria a referéndum. Posiblemente solo tarde días verificando las firmas de los candidatos a constituyentistas si quiere llevar a cabo elecciones en julio, tal y como ha prometido.

Sobre-representar a algunos, sub-representar a otros

Ahora bien, las bases comiciales parten de un mínimo principio de representación. Para que fuera potable para el gobierno, la “elección territorial” viola radicalmente el principio de proporcionalidad, consagrado también en la constitución, equiparando todos los municipios del país sin importar su población. Esto quiere decir que un municipio como Maracaibo, con más de un millón de electores tendrá la misma cantidad de constituyentes que el municipio Trujillo, con cincuenta mil electores. Incluso el municipio Libertador, que cuenta con el “privilegio” de elegir 7 constituyentistas, está sub-representado. Sigamos con Trujillo. Esta entidad federal, con poco más de 500 mil votantes, en total elegirá 21 miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tres veces más que el Distrito Capital, que casualmente triplica a Trujillo en total de habitantes.

Aún así, el profesor universitario Héctor Briceño calculó que la elección territorial ultra-desproporcionada que plantea Maduro, si contara con la misma intención de voto que la elección de diciembre de 2015, convertiría aquella derrota del PSUV en una pírrica victoria del 52%. Claro está, desde entonces, la crisis ha aumentado así como el descontento, aunque también lo ha hecho el autoritarismo gubernamental. Es decir, incluso con la grosera sobre-representación de votantes comparativamente más sensibles a las directrices gubernamentales, no está completamente asegurada la victoria del PSUV. Dada esta realidad, Maduro creó las bases “sectorizadas” que le dan el carácter corporativo a la convocatoria.

18740496_10156224532649447_5267441808601596225_n

Tomado de @hectorbriceno

Disléxico o pintor: como lo diga el PSUV

Una representación corporativa implica la reducción de la ciudadanía a un rol pre-establecido en la sociedad. Tanto así que un elector solo puede ser “trabajador” o “indígena” o “persona con discapacidad”. No cabe en la imaginación política de Maduro que alguien pueda ser trabajadora y estudiante o disléxico y pintor. Pero lo importante aquí es que el Estado-partido se reserva el derecho de determinar quién pertenece a qué grupo, es decir, califica a los electores y, evidentemente, delimita a priori a los futuros elegidos.

Para muestra un botón: los pueblos indígenas elegirán a sus 8 asambleístas de acuerdo con sus “tradiciones ancestrales”. No queda claro si son las tradiciones de una nación u otra, de los Warao o de los Pemones. No sabemos qué dicen los liderazgos de los pueblos indígenas acerca de esto, ni cómo se definirán estas bases electorales. Curiosamente, sí sabemos que muchos de los derechos de las poblaciones indígenas consagrados en la constitución de 1999 siguen sin cumplirse como es el caso de la demarcación de sus tierras. También está claro que esta representación no será bajo el parámetro de elección universal como la Constitución de 1999 obliga. Bajo esos parámetros el gobierno perdió 2 de los 3 diputados indígenas en 2015 y objetó la elección de uno de ellos como excusa para negar la legitimidad de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar que de aquella artimaña colonial nace la disputa que hoy tiene al país en vilo.

Evidentemente, no hubo discusión alguna acerca de la pertinencia de los sectores sociales “representados” en la propuesta de Maduro, ni por qué fueron ellos y no otros los que ahí aparecen. Incluso queda la duda de cómo serán sub-divididos los trabajadores, lógicamente los sujetos privilegiados por la pre-elección del Presidente. Y recientemente el CNE asomó la posibilidad de hacer dos o más elecciones. Un “novedoso mecanismo” para advertir cambios en caso de que el panorama se ponga adverso para el gobierno.

Más allá del carácter fraudulento de las bases comiciales, lo esencial de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es que la actual carta magna es una camisa de fuerza ya insoportable para su gobierno. En los últimos meses las violaciones a la constitución son tan evidentes que se ha visto obligado a cambiarla. De acuerdo a las bases actuales, no queda claro que el producto de la Constituyente será sometida a la voluntad popular. La condición de “originaria” le da al gobierno de Maduro luz verde para finalmente eliminar la Asamblea Nacional, con un viso pseudo-legal. De igual forma, esta ANC seguramente re-definirá el papel de las autoridades locales, estableciendo una nueva “geometría del poder” que en síntesis concentre todo el poder en el Ejecutivo, sustentado únicamente en la voluntad de sectores pre-definidos por el propio gobierno.

Advertisements


1 Comment

Hacia el nuevo IVIC: una estocada anunciada

Por Antulio Rosales

El chavismo se planteó desde sus inicios ser un proyecto contestatario a las jerarquías sociales arraigadas en Venezuela. Se planteó como un proyecto emancipador. Poco a poco, pasó de tener una agenda social redencionista, nacional y ‘bolivariana’ para convertirse en socialista, con un Estado abarcador y rector de la vida social. Visto así, siempre tuvo una relación incómoda con la academia, con sus estructuras, y con la construcción de conocimiento.

Las universidades autónomas le opusieron desde el principio. De ellas venían, sin embargo, un grupo no menor de los principales exponentes de la izquierda civil y radical. Esos exponentes han formado parte de la élite gobernante hasta ahora, cuando han empezado a ser purgados de ella. En muchas ocasiones escuché en pasillos gubernamentales, incluso en instituciones dedicadas a la construcción de conocimiento, frases lapidarias contra el ‘academicismo’. Hubo siempre una tirria profunda contra la intelectualidad, por parecer desconectada, elitesca y contraria a las mayorías necesitadas de la población. Producir conocimiento era plausible siempre que estuviera al servicio de la sociedad. Pocas veces ha quedado claro bajo cuáles parámetros se debe producir un conocimiento acorde con estas premisas. En muchos casos, el resultado ha sido la proliferación de propaganda vacía y discursos rimbombantes que adornan la acción gubernamental.

Así parece nacer el proyecto de Ley que transforma el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en otra cosa. El proyecto se sustenta en el deseo de ‘socializar la ciencia’, habla de ‘democratizar’, de producir ciencia ‘al servicio del pueblo, la liberación y soberanía de la patria’. Queda implícito entonces que lo contrario es la regla: en el IVIC hoy se produce otro tipo de ciencia, una ciencia quizás burguesa y al servicio de intereses de la anti-patria. No está claro de dónde sale el diagnóstico, quien lo elaboró y bajo cuales criterios. Peor aún, las y los investigadores propios del IVIC desconocen el proyecto y el diagnóstico, con ellos no se ha discutido.

Tomado de islandiacaravan.wordpress.com

Por Alicia Rosales, tomado de islandiacaravan.wordpress.com

La ciencia básica parece desdeñable. Algo así como una ciencia aplicada emerge como preferible; una ciencia al servicio de la comunidad o regida por la misma comunidad. Después de reducir al mínimo el trabajo de las universidades por la vía de los hechos administrativos (aniquilación financiera), es la oportunidad de la ciencia básica, aquella incomprensible y elitesca que no parece estar al servicio de la patria. Bien, la ciencia básica es importante incluso para aquellos que no la comprenden (no comprendemos), ella es piedra angular de casi cualquier forma de innovación en toda sociedad. Es básica, tan básica como necesaria.

Esto no implica que la academia es dueña de todas las verdades. En lo absoluto, simplemente está, o debe estar, en búsqueda de algunas verdades parciales que siempre pueden y deben ser superadas. Ese es su trabajo y es necesario, lo necesita el pueblo pobre, la clase media, los burgueses, los bachaqueros, los revolucionarios y los burócratas. Querer encausarla, torcerla y ponerla al servicio de un grupo, sea éste corporativo, financiero o burocrático, es sencillamente atroz. Democratizar la ciencia sin entrar en discusión con quienes la realizan día a día es un irrespeto que responde a un imperativo de control que solo llevará al deterioro. ¿Que la ciencia y los científicos deben rendir cuentas? No hay duda. Más publicaciones, mejor uso de los recursos públicos, más producción, más conferencias, más diversidad en los temas, en las metodologías y aproximaciones a la realidad, eso siempre se debe discutir, es lo más sano y además lo mejor para la ciencia y la sociedad misma. ¿Que las instituciones deben ser más democráticas y empoderar a sus trabajadores, quienes han de ser respetados y protegidos más allá de sus jerarquías? Sin duda.

Decretar la socialización de la ciencia por una ley sin discusión, no parece encaminado en esa dirección. Al contrario, busca la supremacía de las prioridades que una burocracia en nombre la sociedad impone sobre quienes ejercen la labor científica. La creatividad, la curiosidad y la innovación, la búsqueda de nuevas respuestas a igualmente nuevas preguntas no pueden decretarse en función de un plan de gobierno.