Fuera de radar


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Derechos y reconocimiento: más allá del drama y el rechazo a los venezolanos en el exterior

Por Antulio Rosales

Varios meses atrás el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmitió una suerte de reportaje documental acerca de la reciente emigración venezolana. El reportaje puso de manifiesto un sinnúmero de prejuicios y el evidente desconocimiento que tiene el principal factor de poder mediático en Venezuela sobre la situación de los emigrados. Resultó ser una prueba del importante reto que implica para la sociedad venezolana reconocer a su propia diáspora y, más aún, para el Estado asumir la responsabilidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

La idea central del reportaje es reducir el fenómeno de la emigración a un “tipo de venezolanos” que, en esencia, no podría llamárseles como tal. De acuerdo con una psicóloga consultada, los que migran son—casi todos—“blanquitos”, rubios, de ojos claros descendientes de inmigrantes europeos. La caracterización de este grupo poblacional la hace sin presentar dato alguno más que su propia imaginación—gracias al vocablo “diría yo”—y asumiendo un evidente prejuicio étnico-racial cuyo correlato es la romantización de lo “auténtico” que por supuesto no tendría tez blanca y es esencialmente popular, bueno y, claro está, leal. En el punto cumbre del “análisis”, asume que estos emigrados nunca tuvieron arraigo alguno en la patria y por eso se van. Eso sí, como buenos apátridas, nunca se adaptan en sus destinos, sufren la crisis del capitalismo, extrañando la belleza única de la tierra de Bolívar.

El objetivo último es desconocerlos y asumirlos como foráneos aunque tengan cédula y pasaporte venezolano. Es la excusa para ignorarlos, pero además y más importante, para negarles sus derechos. El supuesto análisis es una fachada para validar los presupuestos que tiene el poder y que entra en sintonía con las narrativas polarizadas a las que nos tiene acostumbrado el país. La migración es otro de esos temas que se ve atrapado en esas narrativas totalizantes. Es un hoyo negro en la información oficial y también resulta un espacio de fijación fácil para eslóganes vacíos.

La oleada migratoria no existe para el gobierno. No hay datos oficiales que den cuenta de esta realidad, no hay esfuerzos reales por acercar esta población a las sedes de representación oficial del Estado. Algunos revolucionarios sí reconocen el éxodo pero tienden a banalizarlo y consideran a los emigrantes unos raspacupos crónicos que viven de la teta gubernamental y jamás han pasado trabajo como el pueblo mismo.

Al otro lado de la acera, este es uno de los puntos sentimentales más hondos. Se habla del drama migrante y el de los “padres huérfanos”. Los más románticos ven en los emigrados únicamente a meritócratas formados en grandes universidades: un caudal de talento desperdiciado. Éstos deberán volver cuando la “democracia retorne” y ocuparán los espacios que dejaron o de los cuales fueron expulsados.

Maiquetía

Borroso en Maiquetía

La realidad es más compleja. Cada vez más, quienes emigran vienen de orígenes muy diversos. También tienen nuevos destinos, no solo España, Estados Unidos y Panamá, sino también Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, México y muchos destinos más allá de América Latina. Ya no es extraño encontrarse con otros venezolanos atendiendo una cafetería en Toronto, gente vendiendo arepas en las calles de Santo Domingo y trabajadores informales en Quito. Y por supuesto, están muy lejos de ser esos “blanquitos pasteleros” que describía la psicóloga en aquel reportaje.

 

El Estado deberá alguna vez plantearse una agenda seria que logre tender puentes, pero sobre todo, reconocer derechos a ciudadanos que no están en el país. Para comenzar, hay que sacar cuentas, por muy dolorosas o incómodas que estas sean. En la actualidad, por ejemplo, los niños nacidos en Venezuela que cumplen 9 años fuera del país no tienen forma de renovar su pasaporte porque no tienen cédula. La expectativa es que los menores viajen con un documento de emergencia a Venezuela y hagan el trámite desde allá. El derecho a la identidad está siendo violentado de la forma más descarada a quienes son más vulnerables.

Los derechos económicos de quienes dejaron aportes en el seguro social deberán ser honrados. Además, los venezolanos están sub-registrados en las listas de los consulados y en el Consejo Nacional Electoral. Los pocos registrados solo pueden votar en elecciones nacionales, lo cual limita su participación política. No hay que explicar por qué nada de esto es casual. Si estos no son ciudadanos dignos de reconocimiento, mucho menos lo serán de influir en quien gobierna. En otros países, los expatriados tienen el derecho al sufragio como habitantes de su último domicilio en el país y, por ende, pueden escoger representantes al parlamento. Algunos, como Colombia y Ecuador, pueden incluso escoger representantes propios en el parlamento en circunscripciones extra-territoriales.

El principal reto que enfrenta Venezuela con sus ciudadanos dispersos por el mundo es el del reconocimiento. Para reconocerles, tendrá que saber quienes y cuántos son y asumirlos como ciudadanos, no como parásitos o traidores, sin importar qué los llevó a migrar, el color de su piel y si algo de amor sienten por la patria.

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La doctrina del rabo de paja

Por Antulio Rosales

La defensa a la soberanía nacional que tan fervientemente atesora el gobierno venezolano será elevada a un nivel doctrinario y quedará retratado en la historia nacional por generaciones. La nueva doctrina podrá denominarse doctrina del rabo de paja. Es muy simple pero a la vez efectiva. Nadie osará emitir opinión alguna sobre los asuntos internos nacionales o incluso su proyección internacional puesto que, ipso facto, saldrá de nuestros escritorios de Carmelitas el prontuario más oscuro de la nación agresora. Así, se denunciará la doble moral del habla-paja y nosotros tan campantes continuaremos con nuestras cosas.

El aspecto central de la doctrina es la contundencia, pero también la elegancia. Cuando le respondemos a Chile por su ‘intromisión‘ sobre las decisiones judiciales que, de manera autónoma, independiente y diáfanamente legal toman nuestros poderes públicos, sacamos cada uno de sus conflictos internos, toda su historia de violación a los derechos humanos, cualquier asunto por resolver. Todo lo listamos, uno a uno, desde Pinochet hasta los Mapuche, pasando por los estudiantes y, luego, decimos con tono de señora respetable: nosotros jamás nos meteríamos en sus asuntos por resolver. Elegante.

Podemos deportar a miles de ciudadanos colombianos en situación irregular, posiblemente destruirles el rancho y dividir sus familias. De manera ejemplarizante entonces, otros veinte mil más saldrían de forma voluntaria, pero si alguien reclama, en especial el vecino, responderemos apegados a nuestra doctrina. ¿Qué moral puede tener aquel que inventó los falsos positivos? Nosotros expulsamos unos pocos miles, otros más se fueron porque quisieron, en cambio ustedes han forzado históricamente a millones fuera de sus hogares, pueblos y ciudades en una guerra fratricida en la que solo ustedes son responsables. Listo, se acabó. Saquen bien sus cuentas: nosotros seguimos ganando.

Lo bueno de esta doctrina es que siempre habrá algo por decir. Todos tienen rabos de paja y las unidades de medida siempre se pueden cambiar a capricho, desplazados de décadas por deportaciones de días serán equivalentes. Y si los números nos fallan, no importa porque siempre podemos ignorarlos ¿verdad que sí Dr. Merentes? Mire pues, así lo hicimos a lo interno: cuando nuestra inflación finalmente superó la de Caldera en 1994 suprimimos la data.

Casita amarilla para llenar perfiles de rabos de paja

Casita amarilla para llenar perfiles de rabos de paja

Con esta nueva doctrina que lleva el sello Rodríguez de calidad, siempre caeremos parados, y además, podemos dar muestras de nuestra inagotable generosidad. Si alguien denuncia que posiblemente entre los deportados hayan personas refugiadas, aprovecharemos la crisis de refugiados más importante de las últimas décadas y ofreceremos recibir a 20 mil personas provenientes de Siria. No decimos cómo, no decimos cuándo, no decimos bajo qué condiciones será recibida una cantidad de gente equivalente a la que se ha ido caminado por el río Táchira. Lo importante es que eso nos hará ver mejor que Francisco I y René Pérez juntos.

Nuestra credibilidad aumenta con el paso del tiempo. Nuestras declaraciones francas y apasionadas nos hacen merecedores de la admiración de los seres más maduros y conscientes del planeta, de todos aquellos que realmente creen en la justicia social. Demostramos que sabemos sacarle cuentas a todos y que nuestra moral siempre estará impoluta.


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El estado de nuestra excepción

Por Antulio Rosales

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Tierra extraordinaria, de Andrew Cutraro 2006

Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.

Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera andina con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”

Según el decreto presidencial firmado hace unos días y leído en televisión nacional por el gobernador del estado Aragua (para quienes no conocen la geografía venezolana, Aragua no solo no es contiguo a la frontera sino que se encuentra a más de 700 kilómetros de la zona ‘excepcional’), se restringen los derechos de inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, libre tránsito, reunión y manifestación así como otras restricciones referidas las transacciones financieras. Varias de esas garantías han estado en entredicho desde que el gobierno nacional inició sus operativos de élite armados para pacificar territorios al margen de la ley. Vecinos, familiares y organizaciones civiles han denunciado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Durante estos operativos, ya se había arrojado un asombroso saldo de paramilitares y ‘colombianos’ indocumentados. El decreto vendría a normalizar estas prácticas en la frontera, zona tradicionalmente hostil al gobierno. Todo ello, anuncia el Jefe de Estado, será “hasta que la paz retorne a la frontera”.

En pocos días el gobierno ha elevado el tono del discurso, acentuando el ellos y nosotros con los vecinos. Criminaliza al inmigrante que hasta hace poco era bienvenido, ahora es tildado de paramilitar y contrabandista, principal responsable de la escasez y los estragos de la denominada guerra económica. De hecho, el gobierno responsabiliza a paramilitares—y colombianos—por el ataque armado a oficiales de la Fuerza Armada que animó el cierre de frontera así como el consecuente decreto. De ese ataque, aún no hay culpables conocidos, pero la tesis gubernamental se mantiene.

Rápidamente el estado de excepción se convirtió en la nueva gran batalla del gobierno revolucionario para convencer a la población de la necesidad de unidad detrás del diezmado líder. Con esta excepción, el gobierno pretende mostrar determinación y fuerza para tratar de enderezar el entuerto de la escasez. Fuerza y muros antes que cambiar el ritmo o imponer medidas que limiten los incentivos para el contrabando. Cualquier cosa antes de rectificar las políticas que nos trajeron a este punto. Primero se movilizan 2.500 efectivos a la frontera antes de que sepamos siquiera cual es el nivel de escasez o inflación que vive el país.

La excepción actual tiene como objetivo mantener nuestra ya alargada excepcionalidad. Busca recuperar fuerzas y animar el nacionalismo ante las próximas elecciones. Y si el objetivo no se logra, pues la excepción se podrá expandir, con tal de pacificar y liberar a todo el pueblo. Está latente la posibilidad de suspender las elecciones, porque claro, frente a una amenaza existencial ¿cómo se podrán celebrar elecciones?

En estos años, una de las razones más tangibles que nos puso en estado de excepción continuo es el vertiginoso ritmo electoral en el que nos encontrábamos. Cada año más o menos nos enfrentamos con discursos totalizantes en una batalla donde ganar o perder resulta un absoluto. Cada elección era un punto de no retorno. En los años electorales, la angustia se apodera del ambiente, al punto de que comenzamos a necesitarlas. Los años electorales se convirtieron en una nueva normalidad. Allí radica el estado actual de nuestra excepcionalidad, para preservarla es posible que el gobierno nacional decida echar por tierra la confrontación electoral y nos acerque a otras batallas.


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Los crímenes de odio: ‘selfie’ de la impunidad

Por Antulio Rosales

¿Qué nos tiene que importar del autor intelectual de uno de los crímenes más horrendos cometidos en Venezuela en los últimos años? De acuerdo con la prensa oficial venezolana, los organismos del Estado y sus replicadores en redes sociales, lo único que importa sobre este individuo es la colección de selfies y otros retratos que tenga con diversas personalidades del jetset político opositor.

Tenemos que conocer de parte del Presidente de la República una confesión fría, calculada, bien hablada, escrupulosamente cortés realizada por los órganos de investigación criminal en la que lo más resaltante es a quienes conocía, quienes le dieron plata alguna vez y, léase bien, dónde y cómo lo entrenaron. Es una confesión nítida, lineal, que no sufre de alteraciones temporales, ni de pausas para recapitular detalles. Es una confesión en la que no se contradice. Lo que es más, el criminal no parece estar nervioso, no parece estar enfrentando una sentencia larga y dolorosa en una cárcel venezolana en la que seguramente se le irá su juventud y mucho de su vida. El criminal parece estar dando amplios detalles de sus relaciones con la política venezolana como si se tratara de un trance, de un mecanismo de cooperación, para recibir alguna medida compensatoria.

Quedó atrás el crimen. El asesinato de Hergueta es una nota marginal en el chisme principal. Pero lo que es peor, quedan atrás una serie de crímenes que no importan. Ya no es noticia el video aficionado en el que se capturan imágenes de un ajusticiamiento que hacen funcionarios de la Policía de Aragua a un presunto delincuente, un don nadie que es lanzado como desperdicio en el asfalto junto con otros dos sin nombre que corrieron la misma suerte. Esos policías no se hicieron selfies con diputado o gobernador alguno. El anuncio de Tarek El Aissami fue suficiente, el Estado no se moviliza para evitar que estos crímenes se repitan. Debemos confiar que además su plan estrella contra la delincuencia no caerá en excesos de este tipo. El Estado no siente que debe redoblar esfuerzos y tomar espacios de la televisión nacional para denunciar lo crudamente político de estos crímenes. Siguen siendo hechos aislados en una gran estructura de respeto a los derechos humanos y uso progresivo de la fuerza.

Vanessa de Almeida (derecha)

Vanessa de Almeida (derecha)

Más atrás todavía quedaron las recientes muertes de Vanessa de Almeida, Marimar Durán y Gaby Ayala, víctimas de odio por su identidad de género. Esas muertes no tienen ranking alguno en la discusión nacional, son anónimas. Esas muertes escasamente llegaron a recibir un click en la opinión pública, no merecieron ni un pronunciamiento, ni siquiera una hipócrita promesa de justicia. Esas muertes no generan una mínima ventaja proselitista en un momento de escasez de afectos electorales, no importa qué conexiones tengan sus asesinos, quienes les hayan entrenado o cuáles sean sus vínculos políticos, reales o no. La política no llega a esos cuerpos, la política no se preocupa por esas muertes, esas muertes no son políticas. No forman parte del hecho público que nos compromete y nos horroriza.

Mientras la atención se desvía a la posible relación entre Primero Justicia y el Descuartizador del Siglo XXI, la impunidad es el mejor alimento para nuevas muertes que pasarán inadvertidas y sumarán montañas de cuerpos inertes sin valor alguno.


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Las OLP: del plomo al certificado de paz

Por Antulio Rosales

No está muy claro si la pérdida de control efectivo sobre el territorio y sobre la violencia legítima ha sido el resultado de una estrategia planificada, si es una idea basada en una novedosa visión de la guerra de cuarta generación o si es producto de una mezcla de estrategia con ineficiencia, corrupción y desidia.

El Estado delegó en diversos grupos irregulares la (in)seguridad ciudadana. Ahora, cuando no controla a esas facciones, busca recuperar parte de ese control territorial. Para ello, apela a unos operativos de fuerza élite que se asemejan a los que Brasil viene ejecutando en sus barrios para brindarle al turismo internacional la seguridad que requieren las olimpiadas y los mundiales de fútbol. También allá se les relaciona en el discurso oficial con liberación y pacificación. Resulta cuando menos irónico que este modelo de intervención focalizada lo exportó Colombia a Brasil y otros países de la región, partiendo de su ‘exitosa’ batalla contra el narcoterrorismo.

En Venezuela las denominadas Operación Protección y Liberación del Pueblo (OLP), como muchos de los nombres de la política bolivariana, suenan a cuento de hadas pero terminan siendo… otra cosa. Como comenta Keymer Ávila, el sistema penal venezolano “es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos polos, pero casi nunca lo hace en el justo medio”. Con las OLP pasa al punto del exceso, donde los procedimientos no parecen estar apegados a una normativa establecida. Todavía hoy no hay cifras exactas de la cantidad de detenidos ni muertos en las operaciones que se han llevado a cabo.

Las OLP ponen al gobierno bolivariano en una posición incómoda consigo mismo. Ese Estado benévolo que protege a su pueblo, especialmente al más pobre e históricamente desposeído, viene dispuesto a retomar el control sobre territorios dejados a su suerte. Muchas veces incluso esos territorios son intervenciones del propio gobierno bolivariano, no son el resultado de la perversión del tan mentado capitalismo rapaz que marginó al pueblo pobre por décadas. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, son territorios casi de excepción creados en Revolución para salvar al pueblo de las lluvias. Son territorios construidos bajo la inspiración de la planificación-imposible-devenida-en-improvisación: con petrodólares, hechos por inversionistas extranjeros desconocidos y diversos, de manera rápida, poco planificada, poco transparente y con objetivos electorales en la mira.

Un gobierno “benévolo” creó masivas residencias y trasplantó poblaciones sin mucho propósito, con quizás una peluquería por aquí, una casa comunal por allá, pero sin ideas sobre fuentes de empleo, planificación urbana y ni hablar de ambiental. Ahora trata de pacificar esos territorios que en poco tiempo se convirtieron en focos fuera de la ley, en lugares donde además de ocurrir actividades delictivas diversas, se incautan toneladas de productos controlados, ese otro territorio de excepción que el gobierno ha constituido: el de productos de primera necesidad a precios muy por debajo del precio de mercado.

Protector del pueblo

Protector del pueblo

Es comprensible que la población de estos ‘territorios de paz’ se sienta temerosa, tanto del hampa como del Estado ‘liberador’. El gobierno, incapaz de proveer condiciones básicas que permitan mantener la paz en estos sectores, luego de la puesta en marcha de las OLP decidió emitir simbólicos premios a los hogares que se portan bien. Esos hogares recibirán el certificado de “hogar de paz”, una vez que la Guardia Nacional haya llevado a cabo un gran censo en todas las viviendas que han sido entregadas por la Misión hasta ahora. Aunque parezca increíble, el gobierno nacional realizará un censo, como si la GMVV se tratara de un fenómeno urbano espontáneo ocurrido a lo largo de décadas a espaldas de las autoridades. Después de construir, asignar y entregar las viviendas en un período de pocos años, el gobierno quiere conocer quiénes las habitan y en qué condiciones. El Estado busca hacerse presente y ya no cuenta con recursos para ofrecer paz, sino el de la fuerza y el simbólico reconocimiento para premiar a unos y castigar a otros.


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Excrecencias colectivas

Por Antulio Rosales

No hay historia reciente proveniente de Venezuela que sea igualmente siniestra como la historia de César López y su mamá Sara. Valga la osadía esgrimir un argumento así, cuando cada día pareciera que nos esforzamos bajo el método cuantitativo-matemático-aritmético en mejorar nuestro récord anterior.

En una capital de estado, cuando una madre trae a sus niños del colegio, sin anestesia, la tierra se traga a su chamo. Una alcantarilla mal tapada por el Estado inexistente se lleva a un niño a morir en las excrecencias colectivas. Una madre, desesperada, se arroja por el niño y la recibe el mismo destino. Mientras tanto, unos pocos seguimos la información con pena, con dolor e impotencia, por redes sociales, gracias a la indignación de algunos y por la vía de un twitter activo. Así fue como algunas autoridades finalmente dieron con los cuerpos de una madre y un niño que murieron en las cloacas de Coro.

Son semanas complicadas, el dólar se disparó y surgieron nuevos rumores de que el gobierno finalmente piensa en un nuevo régimen cambiario. En estos días se activó otra vez la oposición que pide calle y también se activaron las diferencias con la oposición que llama al voto y la salida institucional. En medio de controversias cupulares, escándalos y divisiones en la protesta social, también surgen las estrategias pueriles que buscan el chisme balurdo y que apelan a la misoginia y al imaginario colectivo del macho maltrecho para joder al enemigo. Pero nada supera al caso de la familia López.

Colectivas

Colectivas

Cuando el Estado venezolano está en Naciones Unidas defendiendo su papel en la procura de los derechos de sus ciudadanos, aparece la alcantarilla mal tapada como muestra. Es una muestra sencillita, de la desidia, de la ineficiencia, de la letra muerta de tanta Ley Orgánica, tanta institución rimbombante, tanto Estado social de justicia y de derecho, tanta potencia energética mundial, tanta suprema felicidad social. Si le preocupa la escasez, si está ocupadísimo con algún chisme que no es su problema acerca de con quien se habrá acostado tal o cual alcaldesa, si le parece espeluznante la corrupción de Esquivel y el resto del combo en la FIFA, si le agobia la inflación o la inseguridad, piense que se lo podría comer una alcantarilla en cualquier momento.

Peor aún, pensemos que dentro de nuestras preocupaciones ya llega como accesorio, como otra historia más, que en efecto, hace unos pocos días una alcantarilla de Coro se tragó a un niño y su madre angustiada. En nuestra excrecencia colectiva quedan esas vidas.