Fuera de radar


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Petróleo y constituyente: la última piñata

Por Antulio Rosales

Escarrá

Póngame la piñata por aquí

Mientras vemos silentes e impotentes a Venezuela deshacerse en un espiral de violencia,  algunos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente corporativa que promueve el gobierno de Nicolás Maduro han venido haciendo anuncios inquietantes acerca del devenir del petróleo en la post-República.

Vale la pena recapitular el contexto en el que la Constituyente emerge. En términos globales: bajos precios del petróleo. Ello debido a la sobre saturación del mercado, apuntalado especialmente por el petróleo de esquisto estadounidense; y una demanda en descenso, por la caída relativa del crecimiento económico en China y otras potencias emergentes. En Venezuela, se presenta la peor crisis económica de la historia, con graves implicaciones para la industria petrolera: disminución acentuada de la producción, sobre todo de los campos que dependen de PDVSA y, por ende, mayor dependencia en los crudos extraídos con socios extranjeros. Crudos más pesados y, además, menos rentables.

Para tratar de paliar la situación, el gobierno ha buscado incentivar nuevas inversiones, como es común en épocas de precios bajos. Ha ofrecido activos de CITGO como garantía para refinanciar sus bonos de la deuda. Se comprometió en una política de ambiciosa expansión minera, con fuerte resistencia social y poco entusiasmo entre inversionistas. Y, finalmente, trató de avalar modificaciones a la estructura de las Empresas Mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco sin contar con la aprobación del Parlamento. Es decir, buscaba vender activos a precios de gallina flaca a empresas extranjeras – seguramente de países aliados – a espaldas de la soberanía popular.

De ahí viene el conflicto que hoy tenemos, de las famosas sentencias 155 y 156 en las cuales el TSJ disolvía la Asamblea Nacional, pero además permitía al gobierno saltar los procedimientos de contrapesos contemplados en la Ley de Hidrocarburos.

En ese contexto, el candidato a constituyentista Hernán Escarrá anunció que la ANC debía estatizar completamente la industria petrolera. Se aventuró incluso a sugerir la redacción de un nuevo artículo 303 que taxativamente estatizara la industria. Desde que la izquierda venezolana lograra la aprobación de la Ley de Reversión de los hidrocarburos en el Congreso a comienzos de los años 70 del siglo pasado, un estatismo tan pronunciado no era pregonado a ese nivel. Ni Hugo Chávez propuso algo así. Incluso su campaña de plena soberanía petrolera– hecha en un momento de precios elevadísimos y un contexto de apoyo interno y respaldo externo muy distintos a los que cuenta Maduro hoy – se cuidó de mantener la inversión extranjera en el país.

Es que el anuncio contradice lo que el gobierno ha venido buscando con sentencias como la 155 y 156. Es posible que Escarrá solo busca alebrestar un momentáneo sentimiento nacionalista para luego negociar con las preocupadas empresas que habrán iniciado sus consultas con las estructuras de poder. Como dice Francisco Monaldi, es en todo caso un suicidio para el propio Estado. Implicaría acabar con la poca producción que mantiene a flote el ingreso de divisas que tiene el país. Esas escasas divisas que permiten importar lo poco que se consume y lo que se paga en deuda. Si algo está claro es que el Estado venezolano en solitario no podría mantener el nivel de producción que hoy tienen empresas mixtas.

Pese a lo irracional, es un anuncio que puede emocionar a aventureros armados y apoyados que quisieran extraer unos centavos más de un botín que se ha visto mermado. Escarrá está quizás anunciando el último capítulo de esta piñata-República.

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