Fuera de radar


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China: el imperio que deja las zanahorias por el garrote

Por Antulio Rosales

La espada de Bolívar

La espada de Bolívar

La República Popular China se convirtió en un gran aliado financiero de Venezuela a partir de 2005 cuando comenzó a proveer préstamos líquidos al país a cambio de petróleo. Con los múltiples mecanismos de financiamiento, China le ha facilitado a Venezuela unos 65 mil millones de dólares. Esta se convirtió en la mayor deuda de país latinoamericano alguno con China. Según el gobierno venezolano los préstamos vienen sin ataduras ni condiciones que limitan la soberanía nacional. Incluso, Nicolás Maduro ha dicho que no debería considerarse “deuda” sino “financiamiento”.

Sin embargo, apoyo del gran hermano chino ha ido cambiando con el tiempo. China lleva dos años que no afloja la cartera de préstamos como espera Venezuela. La sequía de nuevos préstamos ha influido en la crudeza de la crisis que enfrenta el país. En meses recientes, China ha firmado acuerdos de inversión para intentar mantener la producción de petróleo que, en última instancia, garantiza el repago de la deuda original. Venezuela, en contrapartida, ha ido cediendo espacios de control territorial y operacional en las empresas conjuntas de extracción de petróleo y ha otorgado concesiones a dedo en zonas especiales de producción y nuevos centros de explotación minera.

El gobierno chino aunque se ha negado a otorgar nuevos préstamos, cedió facilidades de pago a Venezuela en los compromisos existentes, reestructurando la deuda y ofreciendo nuevos períodos de gracia que solo le dan un mínimo de oxígeno hasta 2017. Básicamente, Venezuela se ha salvado de un default con China en vista de la caída del precio del petróleo, que obligaría enviar más crudo.

No obstante, la pregunta de si el gobierno chino debe o no salvar a su socio del eminente colapso económico ya ocupó la primera página en un diario oficial en China. Hay evidencias de que China no considera al gobierno de Maduro un aliado imprescindible y enfrenta la disyuntiva de cómo asegurar el repago de su deuda y evitar un efecto dominó de defaults en el sur global marcado por la caída de los precios de los commodities.

El anuncio de la Asamblea Nacional de que anularía los compromisos de inversión en el Arco Minero del Orinoco por no haber cumplido con los requisitos constitucionales de consulta previa desató alarmas que, entre otras cosas, provocaron una invitación al jefe de la bancada de la MUD a sostener conversaciones con una organización vinculada al Partido Comunista chino. Luego, informaciones extraoficiales reseñadas en el Financial Times indican que el gobierno chino estaría condicionando cualquier ayuda futura a que el gobierno venezolano lo someta a aprobación de la Asamblea, como obliga la constitución. Aunque posteriormente una portavoz del gobierno negara tales conversaciones, resulta evidente que el gobierno chino considera viable un acercamiento con la oposición. Hasta ahora la oposición venezolana ha sido ambigua frente a Beijing pero, en todo caso, si llegara al gobierno deberá tener relaciones cercanas con el que se ha convertido en el principal inversionista y prestamista del país.

Un posible condicionamiento de nuevos préstamos a cambio de su aprobación en la Asamblea es un hecho trascendente. Esa condición estaría amarrando a la oposición venezolana a mantener relaciones en un posible cambio de gobierno, pero además forzaría al gobierno de Maduro a reconocer al parlamento, algo que ninguna otra potencia extranjera tendría la capacidad de asegurar.

China, como cualquier otro prestamista, está preocupada por un elemento central: que su deuda sea cancelada. Y en las circunstancias actuales, Venezuela necesita financiamiento externo para cumplir con sus compromisos internacionales e incluso para abastecer de productos básicos a la población. En ese contexto, Venezuela por primera vez en una década, ha enviado cifras macroeconómicas oficiales al Fondo Monetario Internacional, pensando en solicitar una ampliación de sus derechos especiales de giro (DEG) u otro mecanismo de financiamiento. Ya Venezuela ha venido canjeando los DEG en meses recientes, en parte por la imposibilidad de pactar nuevos préstamos con China y otras potencias emergentes reticentes a prestar más fondos al gobierno de Maduro.

El gobierno venezolano contó por más de una década con el apoyo fiable de China, que le permitió retrasar reformas elementales de su “modelo” económico y mantener insustentables políticas de gasto público, asfixiantes controles y una sobrevaluación suicida. En ese tiempo, el gobierno comparaba a China con el Fondo Monetario alardeaba de su su solidaridad y no injerencia. Pero ese apoyo se ha ido desvaneciendo y quizás termine siendo China uno de los factores externos que empujen al gobierno de Maduro a reconocer a la oposición en la Asamblea e incluso a asumir las reformas económicas que ha evadido con tanta obstinación.


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Una piedra en el estómago

Por Antulio Rosales

Los pasos lentos de esa señora no me dejan dormir. En un lugar donde una cola se puede convertir en un ataja-perros, con armas incluidas y golpes mortales, ella y otras más se cuestionan si vale la pena buscar comida o medicinas a cambio de la tranquilidad.

En estos días de violenta escasez retumban los informes de saqueos y caos urbano en focos dispersos por todo el país. En simultáneo, el país optimista, politizado o no, reporta redes de solidaridad que irrumpen con una racionalidad difícil de reconocer. Puede que sea ingenua o simplemente sensible, pero lo cierto es que esa racionalidad está ahí. Hay destellos de familiares que buscan medicamentos que otros necesitan. Están los que llevan a las abuelas a hacer compras necesarias.

Unos empujados por la desesperación se ven obligados a rescatar tradiciones para resolver la cotidianidad. Algunos pedantes con voz de vanguardia celebran el hecho. En el fondo siempre quisieron que esto llegara hasta ahí. Arepas de maíz pilado, cosméticos hechos en casa, o la agricultura desde el balcón se convierten en estandartes de lucha y en romance de la tradición-revolución-pobreza.

Bachacos

Bachacos, tomado de islandiacarvan

El paso de la abuela seguirá lento. Los huesos frágiles no se harán más fuertes con los tomates organo-balcónicos. El medicamento de la enfermedad crónica debe llegar. Los niños con epilepsia no pueden esperar. La voluntad transformadora no puede con todo, ni está tan solo enfrentando una batalla de ideales con seres minúsculos, reducidos a insectos contrabandistas. Esos “bachacos” no son la causa sino un síntoma del problema. Para buscar culpables, basta con recordar al ministro que no hacía colas por razones de seguridad, al diputado que hoy es capaz de costearse demandas por difamación en Nueva York, a la pareja que le paga bufete de abogados caros a los sobrinos en problemas, al país socio que revende el petróleo que compró barato a precio de mercado. Así surgió el bachaqueo contemporáneo.

Fajarse a hacer arepas de maíz pilado indica mucho más que un recurso de imaginación. La señora pobre que alimenta a una docena de personas con ese montón de trabajo, no tiene tiempo que perder. No puede hacerlo todo, ni obtener todo lo que necesita. La voluntad es insuficiente y se termina traduciendo en el mensaje que escuchamos ya con más frecuencia: “no como desde ayer”. Hasta ahí llega el romance.

La pelea por acceso a la comida revela que la crisis es dramática y que el poder ha decidido invalidar el ejercicio ciudadano y con ello busca allanar el camino a la violencia. Esa es la única vía de escape y el gobierno confía en que ese es el camino que le favorece, en el que se mantendrá en pie, a duras penas. No es casual que extienda, ignore y obstaculice el proceso democrático en simultáneo con la puesta en marcha de mecanismos perversos para racionar lo poco que hay.

La hipocresía de quienes dicen estar con la paz resulta pasmosa. Es la paz de los hambrientos. La paz de la manipulación más básica. Toma tu bolsa de comida a cambio de retirar tu firma. ¿Militas en la revolución? Algo te llegará a tu puerta. Una bolsa de comida de vez en cuando no garantizará la paz, ni ganará adeptos para la revolución, solo quizás administrará la crisis y dosificará la violencia que es cotidiana. La descentralizará del abasto al vecino, del supermercado al vecindario. La violencia no es solo la piedra contra la vidriera, la violencia es diaria y está en el estómago de la gente.


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La Asamblea y el Arco Minero del Orinoco

Por Antulio Rosales

El 14 de junio, la Asamblea Nacional rechazó el decreto ejecutivo aprobado por el gobierno nacional que permite la creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco. Aunque es una decisión trascendental, ha sido poco reseñada, quizás porque los reportes del caos focalizado que se vive diariamente o los sorpresivos encuentros de alto nivel se roban la atención.

El acuerdo de la AN “niega autorización” al ejecutivo nacional para constituir el AMO, por considerarlo violatorio de la Constitución y por amenazar las cuencas hídricas más importantes del país, así como la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona. El acuerdo rechaza el decreto con el “objetivo expreso de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, la paragua, las zonas protectoras, la cuenca del río Caroní, los Tepuyes (formaciones biogeográficas únicas en el mundo), el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Aéreas Protegidas o de Especial Importancia Ecológica”.

Ana Elisa Osorio en la AN

Ana Elisa Osorio en la AN

La plenaria contó con la participación de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del ambiente del gobierno de Chávez y propulsora, junto con otros líderes ambientalistas, movimientos indígenas y diversos grupos sociales de pronunciamientos y movilizaciones en contra del AMO. Estos pronunciamientos cuentan con numerosos apoyos dentro y fuera de Venezuela de movimientos sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la discusión venezolana sobre el extractivismo. Si bien los partidos asociados a la Mesa de la Unidad Democrática en general concuerdan con la tradicional agenda extractiva nacional—quizás bajo principios distintos a las que lleva a cabo el actual gobierno—los términos de este acuerdo coinciden con las demandas sociales de grupos ambientalistas y defensores de los derechos culturales y económicos de los pueblos indígenas. El texto hace referencia también a compromisos asumidos por la República en convenios internacionales en materia ambiental. Tal vez lo más importante del acuerdo es que la Asamblea está dando señales concretas de apertura a voces plurales que hacen vida en el país, incluso más allá de su tradicional zona de confort social y política. En sí mismo es un gesto trascendental después de años de diálogos de sordos en Venezuela.

Los representantes del PSUV denunciaron en el debate que se trataba de un mecanismo para detener cualquier avance del gobierno para enfrentar la crisis. Posiblemente esas sean las motivaciones de algunos impulsores de este acuerdo. Sin embargo, más allá de las motivaciones coyunturales, el acuerdo pone de manifiesto las contradicciones del gobierno nacional que dice defender la causa de los desvalidos mientras apuesta por la gran minería en alianza con inversionistas transnacionales para financiar los últimos respiros del socialismo rentista bolivariano.

El jefe de la bancada revolucionaria dijo además que rechazar el AMO implica favorecer la minería ilegal y el control irregular del territorio. Ese argumento responde a los conocidos chantajes del gobierno y busca criminalizar la protesta ciudadana. De acuerdo a esta lógica, la única forma de controlar la minería ilegal es creando un territorio de masiva extracción a cielo abierto bajo el control del Estado y en alianza con inversionistas extranjeros. Pero además, se haría prohibiendo cualquier protesta “particular” que contravenga el “interés general” de que el propio Estado delimita. Después de abandonar sus responsabilidades y competencias de control territorial dejándole la cuenca del Orinoco a grupos irregulares y armados—con complicidad de las propias fuerzas represivas del Estado—el gobierno culpa a quienes rechazan la mega minería de ser aliados funcionales de la mafia. Aunque pareciera, no es un chiste.


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El tiempo: arma bolivariana en la guerra de cuarta generación

Por Antulio Rosales

El gobierno decidió cerrar todas las vías de diálogo, negociación o simple viabilidad política a cualquier alternativa de su proyecto. Antes de enfrentar a la oposición que hace vida en el parlamento, decidió maniatarlo; utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para someterlo y subyugarlo al Ejecutivo. La Asamblea se ha convertido en un espacio nulo, cuya única prerrogativa es gritar, esgrimir argumentos, emitir declaraciones de voluntad y, posiblemente, aumentar algún bono extra-salarial. Eso es todo. La estrategia funciona, por ahora, ya que deja extenuada a una población cada vez más preocupada por qué será lo que comerá mañana o dónde encontrará la medicina para sobrevivir. Las diatribas Asamblea-gobierno se hacen cada vez más lejanas para quienes deben pensar en resolver el día a día.

Quedó el Referendo Revocatorio como única válvula de escape para la crisis. Y esa fue en parte la elección del propio gobierno, poniéndole obstáculos a cualquier otra salida y permitiendo que, a duras penas, avance el proceso revocatorio. Lo permite porque le lleva el reloj al proceso. Lo controla por vía remota y así deja un hilo de esperanza para una heterogénea y cada vez más amplia población que le opone, al tiempo que se asegura de que esa posibilidad enfrente cuanto obstáculo se le ocurra ponerle en el camino. El revocatorio se ha convertido en la salida de la MUD, pero también en los descontentos del chavismo que no hallan espacio en la atrincherada cúpula de gobierno y convirtieron el referendo en su propio desafío. Ahí también cifran su esperanza quienes quieren re-organizar al chavismo como una fuerza popular y alternativa al gobierno de Maduro.

La estrategia del referendo es riesgosa, por lo complicado del proceso y por todos los mecanismos de control y castigo que ejerce el gobierno sin ningún reparo ni contrapeso. Ya Maduro ha dicho que no hará nada en contra de los firmantes, pero igualmente, ha pedido—amenazante y en referencia a Luis Tascón—que “dejen a ese muchacho descansar en paz”, y de manera poco sutil designó a Jorge Rodríguez para que verifique las firmas. Rodríguez se apresuró a decir que si bien el voto es secreto, la “expresión de voluntad” no lo es. Ciertamente alcalde, la expresión de voluntad no es secreta, pero también ha de ser libre y ciudadana. La Constitución de la República consagra derechos para la filiación política a la ciudadanía, obliga la no discriminación y estipula que todos los cargos de elección popular son en efecto revocables.

Pese a todas las estrategias de escarnio y amenazas de discriminación, el arma más potente con la que cuenta el gobierno es el tiempo. Los servicios, derechos o empleos que ofrece el Estado como si fueran exclusivas dádivas del Alto Mando Político de la Revolución se han devaluado al mismo ritmo que la moneda. Esa ya no es una amenaza tan potente como pudo haber sido hace 12 años. Perder un estipendio o un salario estancado por la inflación no parece ser un dolor de cabeza. Pero el tiempo es más poderoso.

El tiempo puede hacer explotar la bomba de urgencia que implica el desabastecimiento y que se atiza cada día que no aumenta el precio del barril. El tiempo le permite al gobierno seguir argumentando hasta el colapso que es víctima de una gran conspiración de cuarta generación dirigida desde Washington y apoyada por sus acólitos nacionales. Pareciera que su esperanza radica en ese colapso a cuenta gotas, ese que está llegando de a poco y que le inyecta potencia a su psicosis conspiratoria, por eso se niega a negociar salidas, se niega a tomar medidas, se rehúsa a un diálogo que aplaque la crisis. Así que vendrán impugnaciones a las firmas, reválidas, confirmaciones, anulaciones y retrasos en cada punto del proceso para activar el referendo. Maduro se aferra al control del reloj para estirar la arruga más allá de 2017 y asegurarse ganar, incluso perdiendo. Eso permitirá a Maduro designar a su reemplazo, nombrando a un(a) vicepresidente(a) a la medida que dirija una transición madurista y mantener su gobierno enchufado a las máquinas que hasta ahora le dan vida.

Persistencia de la memoria

Persistencia de la memoria, Salvador Dalí


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Estado, incapacidad y crisis energética

Por Antulio Rosales

Hace unas semanas, el Presidente exhortó a las mujeres de Venezuela a sacrificar el uso del secador de pelo, ya que el artefacto consume electricidad en exceso. No pudo faltar, Maduro además hizo su respectiva recomendación acerca de la belleza de una mujer, “que se ve más bonita cuando se peina con los dedos”. El inusual exhorto y su valoración innecesaria sobre los cánones de belleza de las ciudadanas pasó inadvertido y tampoco ha contado con suficiente respaldo, así que el gobierno anunció que durante las próximas dos semanas, serán solo dos los días laborables para la administración pública. El viernes será libre para las escuelas del Estado. Estas son las medidas de urgencia que tomó el gobierno nacional después de meses con horarios recortados, feriados extra largos y viernes no trabajados para intentar ahorrar energía.

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A la luz de las velas…

Hace pocos años, Venezuela se preparaba para ser una gran potencia energética mundial, pero ahora no aguanta una fuerte sequía producto del cíclico fenómeno natural El Niño. La crisis actual no es resultado solo de la sequía sino de la incapacidad de las autoridades. Las inversiones en plantas termoeléctricas, las nuevas hidroeléctricas y el mantenimiento de la capacidad instalada se ha difuminado en corrupción e ineficiencia. Los intentos de energía renovable no convencional no han avanzado.

Mientras tanto, la población de todo el país—exceptuando Caracas—enfrenta racionamientos diarios que se suman a la intermitencia de servicios públicos y la restricción de horarios en locales comerciales. Se trata de un toque de queda a la luz de las velas y al zumbido de plagas. Contrario a lo que anuncia el gobierno, el racionamiento afecta la oferta de servicios básicos como los de salud, tanto públicos como privados. Y todo ello se incorpora a las dificultades para encontrar productos básicos en las tiendas y supermercados.

Lo sustancial es que las medidas de ahorro energético muestran una cruda paradoja del gobierno bolivariano. Por una parte, la revolución se ha planteado regular casi todos los ámbitos de la vida pública, ha creado ministerios por cuanto problema común identifica o ideal social le alimenta. Nuestra administración pública cuenta con cientos de viceministerios, solapados unos con otros. Son tantos que quizás el propio Presidente no podría recordarlos de memoria. Pero por otra parte, el propio gobierno hace prescindible la función pública. Tiene años mermándola. Ya en 2010 cuando surgió la crisis de damnificados, esa vez por lluvias, el gobierno decidió transformar las sedes ministeriales en refugios. De un día para otro, el fucionariato tuvo que irse a su casa, a trabajar como pudiera, sin aviso de cuando volvería a su sitio de trabajo. En estos años el Estado se ha convertido en una suerte de comité de contingencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, un conglomerado de Salas Situacionales que enfrentan la coyuntura diaria. De resto, es un mamotreto fantasma que no puede asegurar ni la más básica de sus funciones.

Estas medidas, además de contraproducentes para la paz de la población han resultado ser poco efectivas. Lo dijo el vice-ministro de energía eléctrica quien desestimó el ahorro eléctrico del asueto de Semana Santa, que también fue decretada no-laborable. Pese a ello, el gobierno sigue mandando a sus hogares a miles de trabajadores públicos a consumir en casa la electricidad que no consumirán en las oficinas. Todo eso lo seguirá haciendo hasta que vuelva a llover sobre El Guri. Todo ese sacrificio con tal de no aumentar las tarifas de la electricidad, que el Estado casi regala pero es incapaz de proveer. De lo que sí son capaces algunos altos funcionarios es de usar tiempo productivo para incentivar oraciones de diversos credos para pedir a sus deidades que intercedan por Venezuela y hagan que llueva de nuevo. No es chiste, el gobierno invierte tiempo y recursos en acompañar iniciativas como esa, pero no en limpiar las cañerías y desagües de las ciudades, para que cuando finalmente se cumpla el milagro, el país no esté anegado en su propia incapacidad.


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Lealtad revolucionaria y pureza étnica

Por Antulio Rosales

Antes de las elecciones del 6 de diciembre decía que el voto indígena era la última frontera de la opinión pública venezolana. Era un dato aledaño, una discusión soterrada que pasaba por luchas simbólicas y materiales poco reconocidas.

Después de las elecciones, con la victoria opositora, el gobierno de Maduro decidió “reconocer” temporalmente los resultados, pero nunca aceptó su derrota. Emprendió desde entonces una campaña para anular a la Asamblea Nacional e impedir que la mayoría calificada opositora pudiera ejercer sus funciones cabalmente. El método predilecto fue poner en duda la legalidad de la elección por la vía de un tribunal express escogido por la saliente Asamblea, convirtiendo incluso a diputados perdedores en magistrados.

La Revolución Bolivariana logró en algún momento enarbolar un discurso de reconocimiento a los marginados, los pobres e ignorados históricamente por el poder. De allí que apropiara epítetos denigrantes de vieja data y los hiciera propios, para identificarse con los alpargatúos, los marginales, los pata en el suelo. Ya hace décadas Acción Democrática había hecho lo mismo, asumiéndose como el partido del pueblo, que hablaba por un ser genérico y popular, un “Juan Bimba” y, por ende, en nombre de todos. Con el tiempo, tanto a AD como a la nueva élite revolucionaria se le fue borrando la configuración popular de sus cuadros. De esa forma, hoy tenemos a un ex-ministro que no hace colas “por seguridad”. La inefable ministra de asuntos penitenciarios se llena la boca hablando en nombre de los pobres, pero ningún miembro del gabinete se pasea por la posibilidad de preguntarse dónde conseguir medicinas necesarias para sí mismos o sus seres queridos. Ellos no tienen como salario un estipendio para comprar alimentos, como el resto de los asalariados.

Ese tránsito entre el reconocimiento discursivo y la completa desconexión llevó a la Revolución a prescindir de la representación de todo un estado y un tercio de la población indígena del país, con tal de anular la mayoría calificada de la MUD. Ese exabrupto tampoco genera indignación nacional; ya fue trasgredida nuestra última frontera. Aquellos que hablan por los marginados de siempre, pueden dejar literalmente sin voz a los pueblos originarios de los que tanto dicen defender, propiciando uno de los más graves retrocesos al proceso constituyente de 1999. Es más, la élite gobernante sustenta su ofensiva sobre la base de argumentos racistas y contrarios al más básico principio democrático.

El mensaje es el siguiente: la población de Amazonas, y el circuito indígena sur del país es susceptible a la compra de votos, son electores manipulables, sujetos al intercambio de su voluntad por dinero. Ello invalida su ejercicio electoral; son ciudadanos infantilizados. Un gobierno que trata a su electorado como clientela y amenaza sin reparos con no construir más viviendas porque el pueblo no le votó, puede invalidar una elección por un alegato de compra de votos recabado con pruebas ilegales. El presidente se siente con la autoridad de tildar a un grupo de diputados electos como indígenas falsos, unos disfrazados. Se erige como un catalizador de la pureza étnica que pretende representar y sentencia que sólo “sus indios” son auténticos. Esa élite política es la que se preocupa por el racismo en Estados Unidos y Europa.

Está claro que el discurso de representación del pueblo pobre y marginado tenía sentido siempre y cuando se correspondía con lealtad. Ese pueblo raso es genérico, acrítico y chavista, de lo contrario no existe. La élite gobernante representa al pata en el suelo cuando éste le premia y cuando no lo hace, deja de ser digno de representación. Ello no se puede desvincular del hecho de que, en la actual crisis económica, el gobierno nacional tenga como único plan viable para aumentar sus ingresos el proyecto de extracción de recursos naturales más audaz desde la apertura petrolera. El “motor minero” se monta sobre territorios donde las poblaciones originarias tendrían intereses materiales y derechos consagrados en la Constitución. Ese motor arranca sin consulta alguna con la sociedad general, ni con las poblaciones que allí viven y sufrirán las consecuencias de la extracción. Esas poblaciones no tienen voz y su representación formal ha sido anulada.

Solo los leales serán auténticos

Solo los leales serán auténticos


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Financiar la bancarrota: minería, extracción y dependencia

Por Antulio Rosales

El gobierno bolivariano tomó nota del agotamiento del rentismo. Se propone ahora transitar a un modelo que llama “socialismo productivo”. A la inflación galopante y altísima escasez se suma el hecho de que las reservas internacionales se agotan y se aproxima el vencimiento de diversos compromisos de deuda que complican los prospectos de importar bienes necesarios. En ese contexto, el gobierno ha dicho que se rehúsa a acudir a cualquier organismo financiero internacional que, claro está, impondría medidas de ajuste a cambio de préstamos que faciliten al país un mínimo de respiro. No acudir al FMI es un punto de honor.

En cambio, el gobierno buscó otra ruta. Los más recientes pagos de deuda extranjera se lograron gracias que el BCV vendió varias toneladas de oro monetario. Las reservas cayeron a un histórico nivel de poco más de 13 mil millones de dólares. Para ilustrar la miseria de las bóvedas de Carmelitas, basta decir que en 2015, año en el que las importaciones bajaron drásticamente, Venezuela gastó por ese concepto unos 50 mil millones de dólares. Hoy el país no cuenta ni con el equivalente a tres meses de importaciones.

Frente a esta situación, el gobierno incentiva por un lado la agricultura urbana para que el pueblo se autoabastezca de cebollín y otras hortalizas, pero por otro, lleva a cabo una campaña de masiva expansión de la frontera extractiva. Esa fue la fórmula que encontró para subsistir en el año más crítico de su historia reciente sin recurrir al FMI: empeñar las joyas de la familia y rasgar las minas de Guayana hasta sacar la última tonelada de oro que le permita pagar las deudas.

La minería a cielo abierto, que hasta ahora parecía una actividad relegada al territorio de lo ingobernado y, por ende, dejado a grupos irregulares en connivencia de la Guardia Nacional, comienza a ser motor nacional de “desarrollo”. El modelo que escogió el gobierno fue invitar a inversionistas que hace poco tiempo había expulsado por razones de interés nacional. Esos mismos inversionistas habían denunciado al Estado ante el imperial tribunal del CIADI. Paradójicamente, el fallo del CIADI se pagará con los dividendos que produzcan las nuevas inversiones. Además, los socios le prestarán al Estado los recursos que éste necesita para poder cumplir con el requisito legal de ser accionista mayoritario.

El gobierno justifica su negativa a recurrir a los organismos internacionales por razones de soberanía y dice que jamás retornará al modelo neoliberal. Sin embargo, envía una comitiva ministerial a China, su principal prestamista en la actualidad, para “explicar” las medidas económicas que ha tomado y convencer a sus socios de seguir fortaleciendo la relación. Así, el gabinete invitó a los empresarios chinos a expandir su cartera de inversiones del crudo al arco minero del Orinoco, ofreciéndoles posibles reservorios naturales de coltán, diamantes y oro.

En ese modelo no hay visión productiva alguna, representa en realidad la profundización de la dependencia en la suerte del subsuelo. Es la vieja extracción como mecanismo de generación de ingresos que nada tienen que ver con la capacidad productiva del país. El plan del gobierno tiene costos ambientales y sociales difíciles de calcular y asume una posición de vulnerabilidad frente a una potencia internacional emergente que le deja muy poco espacio de maniobra. El Estado psuvista admite que hay territorios dignos de explotación y colonización, de la mano de aliados internacionales, para seguir financiando un modelo que reconoce está en bancarrota.

El dorado venezolano

En buscando El Dorado