Fuera de radar

Las OLP: del plomo al certificado de paz

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Por Antulio Rosales

No está muy claro si la pérdida de control efectivo sobre el territorio y sobre la violencia legítima ha sido el resultado de una estrategia planificada, si es una idea basada en una novedosa visión de la guerra de cuarta generación o si es producto de una mezcla de estrategia con ineficiencia, corrupción y desidia.

El Estado delegó en diversos grupos irregulares la (in)seguridad ciudadana. Ahora, cuando no controla a esas facciones, busca recuperar parte de ese control territorial. Para ello, apela a unos operativos de fuerza élite que se asemejan a los que Brasil viene ejecutando en sus barrios para brindarle al turismo internacional la seguridad que requieren las olimpiadas y los mundiales de fútbol. También allá se les relaciona en el discurso oficial con liberación y pacificación. Resulta cuando menos irónico que este modelo de intervención focalizada lo exportó Colombia a Brasil y otros países de la región, partiendo de su ‘exitosa’ batalla contra el narcoterrorismo.

En Venezuela las denominadas Operación Protección y Liberación del Pueblo (OLP), como muchos de los nombres de la política bolivariana, suenan a cuento de hadas pero terminan siendo… otra cosa. Como comenta Keymer Ávila, el sistema penal venezolano “es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos polos, pero casi nunca lo hace en el justo medio”. Con las OLP pasa al punto del exceso, donde los procedimientos no parecen estar apegados a una normativa establecida. Todavía hoy no hay cifras exactas de la cantidad de detenidos ni muertos en las operaciones que se han llevado a cabo.

Las OLP ponen al gobierno bolivariano en una posición incómoda consigo mismo. Ese Estado benévolo que protege a su pueblo, especialmente al más pobre e históricamente desposeído, viene dispuesto a retomar el control sobre territorios dejados a su suerte. Muchas veces incluso esos territorios son intervenciones del propio gobierno bolivariano, no son el resultado de la perversión del tan mentado capitalismo rapaz que marginó al pueblo pobre por décadas. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, son territorios casi de excepción creados en Revolución para salvar al pueblo de las lluvias. Son territorios construidos bajo la inspiración de la planificación-imposible-devenida-en-improvisación: con petrodólares, hechos por inversionistas extranjeros desconocidos y diversos, de manera rápida, poco planificada, poco transparente y con objetivos electorales en la mira.

Un gobierno “benévolo” creó masivas residencias y trasplantó poblaciones sin mucho propósito, con quizás una peluquería por aquí, una casa comunal por allá, pero sin ideas sobre fuentes de empleo, planificación urbana y ni hablar de ambiental. Ahora trata de pacificar esos territorios que en poco tiempo se convirtieron en focos fuera de la ley, en lugares donde además de ocurrir actividades delictivas diversas, se incautan toneladas de productos controlados, ese otro territorio de excepción que el gobierno ha constituido: el de productos de primera necesidad a precios muy por debajo del precio de mercado.

Protector del pueblo

Protector del pueblo

Es comprensible que la población de estos ‘territorios de paz’ se sienta temerosa, tanto del hampa como del Estado ‘liberador’. El gobierno, incapaz de proveer condiciones básicas que permitan mantener la paz en estos sectores, luego de la puesta en marcha de las OLP decidió emitir simbólicos premios a los hogares que se portan bien. Esos hogares recibirán el certificado de “hogar de paz”, una vez que la Guardia Nacional haya llevado a cabo un gran censo en todas las viviendas que han sido entregadas por la Misión hasta ahora. Aunque parezca increíble, el gobierno nacional realizará un censo, como si la GMVV se tratara de un fenómeno urbano espontáneo ocurrido a lo largo de décadas a espaldas de las autoridades. Después de construir, asignar y entregar las viviendas en un período de pocos años, el gobierno quiere conocer quiénes las habitan y en qué condiciones. El Estado busca hacerse presente y ya no cuenta con recursos para ofrecer paz, sino el de la fuerza y el simbólico reconocimiento para premiar a unos y castigar a otros.

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